¿Qué implica la despenalización del aborto en Aguascalientes?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha despenalizado el aborto en Aguascalientes, el paso más reciente en una lucha de años dentro de una entidad donde grupos conservadores y de ultra derecha tienen influencia considerable sobre políticos locales, con amenaza de movilizar votos en contra de legisladores que apoyen el derecho a decidir.
El dato: el Congreso local lleva al menos un sexenio dominado por políticos en su mayoría panistas.
El hecho
La primera sala de la SCJN acaba de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Aguascalientes y ha ordenado al Congreso Local a derogar de su codigo penal las normas que criminalizan el Derecho a Decidir.
Para lograrlo, se contó con la presión activista de colectivos como #CultivandoGénero, @helpmorras, CECADEC, TERFU, y @GIRE_mx.
Leemos más detalles en Animal Político:
En cuanto a lo concedido por los y la ministra:
- No se puede criminalizar por aborto a las mujeres, personas con capacidad de gestar ni al personal de salud
- El Estado debe garantizar su derecho a decidir
- El Estado tiene la obligación de prestar el servicio de aborto
- Y el Congreso de Aguascalientes deberá derogar los artículo declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones que se notifique la sentencia
Un estado conservador
Con anterioridad, han existido casos de criminalización a las mujeres de Aguascalientes por decidir sobre su cuerpo, además de una lentitud considerable por parte de legisladores que no atienden el llamado la Suprema Corte de Justicia, a cambio de congraciarse con un considerable sector conservador de la sociedad.
En LJA.MX, medio local en Aguascalientes, encontramos dos ejemplos.
- Legisladoras tienen posturas dispares en cuanto al aborto
- “Mientras en el Congreso del Estado, de mayoría panista al menos estas últimas dos legislaturas, las iniciativas en pro de la despenalización del aborto han sido invisibilizadas y desechadas, tan sólo en este año cuatro mujeres ya fueron criminalizadas por abortar sin que antes se les garantice con un marco jurídico su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, según los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”.
Hoy, se da un paso para que al menos no sean criminalizadas si bien el Congreso local tienen que ponerse a tarbajar.
La lucha sigue.
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