Yonny Ronay: Tortura y fabricación de delitos en el Gobierno de Chiapas

El caso de Yonny Ronay Chacón González, detenido arbitrariamente y torturado el 13 de marzo de 2019 en Tuxtla Gutiérrez, es «una muestra de las sistemáticas violaciones a derechos humanos y el actuar recurrente del sistema de justicia en Chiapas», aseguró el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

El Frayba denunció que el caso de Yonny Ronay «representa la complicidad» entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH) y los jueces del Poder Judicial de Chiapas, «quienes han actuado en contubernio para fabricar culpables y tener a personas inocentes en las cárceles sin que existan pruebas sobre su responsabilidad penal».

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«Por un lado, la FGECH detiene y tortura a las personas, mientras que los jueces cierran los ojos ante estas violaciones graves a los derechos humanos.», acusó el centro de derechos humanos.

Yonny Ronay fue detenido arbitrariamente el 13 de marzo de 2019 en un retén policial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y torturado hasta el 15 de marzo en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), adscrita a la FGECH. El Frayba precisó que el joven también fue sujeto a montajes por parte de la FAI, quien utilizó ilegalmente su credencial de conducir para fabricarle testimonios falsos con el fin de sentenciar a otras dos personas.

Actualmente, Yonny enfrenta una sentencia de 31 años y seis meses de prisión, resolución que se emitió «violentando el debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad e igualdad judicial y el principio de contradicción e inmediatez», denunció el Frayba.

A tres años de su detención ilegal, la familia de Yonny Ronay y el centro de derechos humanos continúan en lucha por su libertad y para que se haga justicia por las irregularidades en su proceso.

A continuación el comunicado completo:

Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue detenido de manera arbitraria e ilegal el 13 de marzo de 2019 en un retén policial ubicado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y torturado hasta el 15 de marzo en las instalaciones de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI), adscrita a la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH), además fue sujeto a montajes por parte de la FAI, quien utilizó ilegalmente su credencial de conducir fabricándole testimonios falsos para sentenciar a otras dos personas.

Actualmente Yonny enfrenta una sentencia de 31 años y seis meses de prisión, resolución que se emitió violentando el debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad e igualdad judicial y el principio de contradicción e inmediatez. Estás violaciones han impactado negativamente también a su familia quienes han impulsado una lucha por la justicia y su libertad.

El caso de Yonny Ronay representa la complicidad entre la FGECH y los jueces del Poder Judicial del estado de Chiapas, quienes han actuado en contubernio para fabricar culpables y tener a personas inocentes en las cárceles sin que existan pruebas sobre su responsabilidad penal. Por un lado, la FGECH detiene y tortura a las personas, mientras que los jueces cierran los ojos ante estas violaciones graves a los derechos humanos.

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De acuerdo al informe publicado sobre las fiscalías en el 2021, la de Chiapas cuenta con una mayor probabilidad de esclarecimiento del delito, aunque con un porcentaje muy bajo, 2.42%¹Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, Impunidad Cero, página 32, disponible en: https://www.impunidadcero.org/uploads/app/articulo/160/contenido/1638893933O19.pdf, lo que impacta en el derecho a la verdad. En su último informe el Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas²Informe del Consejo de la Judicatura del estado de Chiapas, 2021. Disponible en: https://transparencia.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/Anexos/2022/463F0A2E-B923-4552-B1A6-46606C741086.pdf ha señalado que de un total de 844 casos que conocieron, 616 fueron sentencias condenatorias (72.99%) y solo 80 resultaron absolutorias (9.48%), el 17.53% representan diversas resoluciones como sobreseimientos, desistimientos, etc. Es decir que una persona acusada por la FGECH solo tiene al rededor del 10% de que se dicte sentencia absolutoria a su favor.

A 3 años de la injusta reclusión de Yonny Ronay seguiremos luchando por su libertad junto a su familia, exponiendo en los ámbitos nacional e internacional su caso que representa una muestra de las sistemáticas violaciones a derechos humanos y el actuar recurrente del sistema de justicia en Chiapas, por lo que no claudicaremos de acompañar a quienes luchan por la justicia, dignidad de las personas y los pueblos.

Con información de Desinformémonos y Rompeviento TV