Perú: La explotación laboral tras el ecocidio de Repsol
El derrame de 6 mil barriles de petróleo en el mar peruano, considerado un desastre ecológico, tiene responsables que se han intentado ocultar. La principal responsabilidad recae sobre la Refinería La Pampilla S.A., administrada por el Grupo Repsol del Perú S.A.C., que brindó información inexacta sobre esta tragedia y no menos importante es el rol de la Marina de Guerra del Perú y las instituciones ambientales del país, que fueron debilitadas convenientemente en los últimos años.
Son responsabilidades que no se deben obviar para empezar a atender el problema realmente, uno que desde hace décadas afecta en especial a la Amazonía y no recibe mucha atención.
Tras las advertencias efectuadas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) de Perú y su reciente filtración a los medios de comunicación nacionales, Repsol y las empresas subcontratadas para la limpieza del derrame de 6.000 barriles de crudo, ocurrido el pasado 15 de enero en el distrito de Ventanilla (Provincia Constitucional del Callao, fronteriza con el departamento de Lima), han tomado mayores medidas para garantizar que las labores se realicen en condiciones de seguridad y precaución sanitaria. Sin embargo, los grupos de trabajadores han estado faenando durante días con un equipamiento insuficiente y sin cumplir las prevenciones sanitarias prescritas por los organismos autorizados.
Un problema antiguo
Como hemos recordado desde Servindi, los derrames petroleros son una realidad diaria que sufren los pueblos indígenas principalmente de la Amazonía norte desde hace décadas. Según el estudio ‘La sombra del petróleo’, solo entre el 2000 y el 2019 se han registrado 474 derrames de crudo en los lotes petroleros de la Amazonía Norte.
El estudio indicó que el 65% de los derrames se debieron a fallas operativas y a la corrosión de los ductos y el 28% a la intervención de terceros, es decir, por responsabilidad de las operadoras. Además, según lo reportado por el Observatorio Petrolero de Puinamudt, desde finales del 2021 han ocurrido cuatro derrames en los lotes 8, 192 y el Oleoducto Norperuano. Tal situación debería llevarnos a abordar este problema endémico desde su raíz, empezando por establecer una Comisión de la Verdad sobre la minería y los hidrocarburos más allá del Congreso.
Con información de El Salto y Servindi