En México hay 59 proyectos mineros en Áreas Naturales Protegidas

La laxitud del marco legal y regulatorio del sector minero han dado paso a graves despojos y a la proliferación de proyectos mineros que no dejan beneficios ni al país ni a las comunidades y han propiciado que más del 58 por ciento del país se encuentre concesionado a esta actividad extractivista.

La Ley Minera le da a esta actividad un carácter preferente sobre cualquier otro uso de la tierra; carácter que es anticonstitucional porque se contrapone con otros derechos. Como ha llegado a señalar el investigador Jorge Peláez, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, “Solo en una visión decimonónica se podría sostener que la minería es una actividad de utilidad pública y preferente sobre cualquier otro uso de la tierra”.

Falsa protección de las Áreas Naturales

En México, 53 proyectos mineros se encuentran activos en Áreas Naturales Protegidas (ANPs) federales y otros seis en áreas catalogadas como Patrimonio Mundial por la Unesco, informó Manuel Llano, de la organización Cartocrítica, en el foro virtual “Hacia una protección efectiva de las Anps”.

Entre las áreas afectadas por la minerías se encuentran las reservas de la biosfera el Vizcaíno, la Mariposa Monarca y el Alto Golfo de California, destacó Llano.

Indicó que en México hay 885 proyectos mineros activos y 27 concesiones mineras en 27 núcleos de ANPs. Además, hasta 2015 los registros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revelaron que 11 sitios fueron altamente contaminados en siete áreas naturales protegidas por la minería, entre ellas el Vizcaíno, Mariposa Monarca y el Pinacate, agregó.

Por su parte, Enrique Jardel, del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, señaló que algunas de las ANPs tienen una amplia superficie en concesiones mineras, como la sierra la Mojonera, con 86.2 por ciento de su territorio; el Chico, en Hidalgo, con 55.1 por ciento; y Los Mármoles, en la misma entidad, con 51.7 por ciento.

Agregó que la minería también ha impedido que se declaren nuevas ANPs en el país, como en Wirikuta, sitio sagrado reconocido por la Unesco que ha sido afectada por las empresas mineras y los intereses particulares.

“Parece que la Ley Minera está por encima de cualquier otra, e incluso el sector minero está representado en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y también el servicio geológico, aunque no está señalado en la legislación ambiental, sino en la Ley Minera”, explicó.

Los participantes del foro virtual urgieron al Senado a aprobar una minuta para proteger las ANPs con la prohibición de la minería en esas zonas, del establecimiento de nuevos centros de población, de la extracción de hidrocarburos y de la introducción de especies exóticas. De acuerdo con los expertos, estas medidas ya se plantearon en forma general en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), pero se requiere hacerlo de manera explícita.

Hasta julio de 2020 había 24 mil 75 títulos de concesiones mineras en 17.5 millones de hectáreas en el país, lo que equivale a la extensión de la Península de Yucatán y Puebla, señaló Llano en su participación.

Medidas urgentes

Si queremos parar este motor de despojo y afectación ambiental que representa la minería, es necesario hacer modificaciones urgentes al marco legal minero de México, señala Jorge Peláez.

Comenta Peláez que diversas organizaciones y comunidades afectadas por proyectos mineros coinciden en que los cambios esenciales y urgentes que se requieren para mitigar los efectos negativos de la industria minera y garantizar el respeto de los derechos que actualmente se vulneran con esta actividad son modificar el artículo sexto de la Ley Minera, retirando el carácter de utilidad pública y uso preferente del terreno sobre cualquier otra actividad.

También es necesario dividir en dos procesos la exploración y la explotación minera, para tener mayor certeza sobre las concesiones y reducir los tiempos de su duración.

Añade que además de una manifestación de impacto ambiental, la autorización de un proyecto minero debería solicitar una evaluación exhaustiva de los posibles impactos socio-hídricos; y la prohibición absoluta de la minería submarina y en Áreas Naturales Protegidas.

Con información de Desinformémonos y CCMSS