Carta abierta de ‘Nos hacen falta’ a la comunidad estudiantil

Texto y registro fotográfico: Nos hacen falta

El pasado 3 de septiembre, las autoridades de la UNAM demostraron una vez más su carácter represivo. Los ataques a estudiantes fueron realizados por grupos porriles que operan a partir de dinámicas similares a las de los grupos paramilitares, utilizados por grupos de poder en diversos contextos, entre otras cosas para desestabilizar y romper el tejido social en comunidades cuyo bienestar y organización se contraponen a los intereses de tales grupos. La violencia porril se enmarca en una lógica de muerte que se ha reproducido de manera creciente en la UNAM, esto a su vez, cobra sentido en tanto que es una institución más que forma parte del Estado mexicano, perpetrador y perpetuador de esta devastadora guerra contra el pueblo.

Así pues, la universidad cuenta con diferentes mecanismos que han prolongado e incrementado la violencia dentro y fuera de la universidad, como lo son la precarización de las condiciones laborales y de la vida universitaria; la violencia institucional contra las mujeres; el modelo de “seguridad” armada cuyo objetivo real es el de controlar, vigilar y reprimir; la represión de las disidencias sexuales, políticas y culturales; los ya mencionados grupos de choque que operan en la ilegalidad; un estrecho y difuso vínculo con el crimen organizado; y la privatización y corporización de la educación. En fin, la deshumanización de la vida misma, generando condiciones que posibilitan la ejecución de desapariciones forzadas, feminicidios y asesinatos. Siendo todo lo anterior potenciado por un estado generalizado de impunidad, que se explica en parte porque la misma institución que comete los crímenes es la misma encargada de juzgarlos y castigarlos.

El ataque del 3 de septiembre detonó una organización ejemplar por parte de la comunidad, generando un fuerte movimiento en el que uno de los objetivos centrales es detener las diferentes violencias crecientes en la UNAM y una mayor seguridad para nuestra comunidad. Sin embargo, queremos enfatizar que para atacar el problema de la violencia en nuestra universidad, no es suficiente discutir cómo combatir esta violencia en términos de securitización, pues el ataque porril forma parte de un proceso de guerra que azota nuestra universidad desde hace mínimo 16 años. Este proceso es totalmente sistemático, cultural y estructural, y está en gran parte fundamentado en la falta de voluntad política por construir justicia en y desde la universidad, expresado con una lógica que atenta activamente contra los procesos de verdad y justicia para las víctimas de la violencia, sus familias y nuestra comunidad.

Por esto es que queremos cooperar en la construcción de conocimiento en torno a cómo opera esta violencia feminicida y juvenicida, y cómo la estructura de la universidad es machista, racista y clasista. Así pues, hemos registrado que del 2002 a la actualidad, se han perpretado 19 feminicidios, 10 desapariciones y 38 asesinatos de miembros de la comunidad universitaria; y tan sólo durante el periodo en el que Enrique Graue ha sido rector (2015-2018), se han cometido por lo menos 8 feminicidios, 6 desapariciones y 23 asesinatos. El análisis del contexto nacional y local, además indica que la violencia continuará incrementándose, por lo cual es necesario mantenernos organizadxs, combatir a los actores sociales responsables de esta barbarie y continuar visibilizando los mecanismos mediante los cuales operan.

A lo largo de los años hemos podido acompañar a las familias de algunxs de compañerxs que nos hacen falta, y gracias a eso hemos logrado conocer las diferentes maneras en que la universidad obstruye los procesos de justicia de sus propixs miembrxs y perpetúa la impunidad. A continuación les compartimos algunos ejemplos.

La respuesta por parte de las autoridades universitarias a la natural búsqueda de apoyo de lxs familiares es insensible y revictimizante. La Rectoría ha sido fulminante en este aspecto, cerrando con rejas sus puertas a la familia de Mariela Vanessa Díaz Valverde cuando se acercaban en busca de ayuda, o no dignándose a encender las luces de la explanada de rectoría mientras se realizaba un mitin, en el que las familias de nuestrxs compañerxs compartían sus testimonios en apoyo al movimiento que exigía justicia para Marco Antonio Sánchez Flores.

Las autoridades sólo se han pronunciado públicamente con respecto a los casos de universitarixs víctimas de la violencia cuando éstos cuentan con atención mediática u otro elemento de presión. Así fue con respecto al feminicidio de Verónica Guadalupe Benítez Vega, cuando las autoridades de la FES Cuautitlán hicieron un comunicado semanas después de los hechos y bajo la petición expresa de lxs estudiantes organizadxs. Asimismo, los pronunciamientos que sí se hacen son insensibles hacia las víctimas y sus familias, sumando de que en forma recurrente incurren en mentiras o información no confirmada, como en los casos de Víctor Manuel Orihuela Rojas y Adrián Clara Chagoya, ante los cuales la Facultad de Filosofía y Letras se apuró en anunciar una caída accidental o voluntaria, sin esperar como es debido, a los resultados de las investigaciones emprendidas por homicidio.

En el actuar de incontables organismos y funcionarixs de la universidad, se reproducen lógicas de culpabilización (como sugerir que fue culpa de Lesvy Berlín Rivera Osorio ser víctima de feminicidio, por transitar la universidad por la noche sabiendo que es un lugar peligroso), criminalización (al difundir la versión de que Víctor Orihuela se encontraba bajo efectos de alcohol o drogas al ingresar a la FFyL) y patologización (el ejemplo más extremo puede que sea la ocasión en la que el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, intentó convencer a la familia de Luis Roberto Malagón de Gaona de que su hijo estaba enfermo, desnutrido y deprimido, mostrando incluso falsos exámenes médicos del joven, mintiéndole a los padres de Luis Roberto con alevosía y premeditación sobre el homicidio de su hijo). Estas lógicas normalizan y alimentan la violencia juvenicida que se ha llevado la vida de decenas de miles de jóvenes en nuestro país.

Hemos encontrado que es sistemática la obstrucción de los procesos de investigación de desapariciones, feminicidios y homicidios ocurridos dentro y fuera de las instalaciones universitarias. Esto se da principalmente al no facilitar evidencia e información clave para develar la verdad, como en el caso de la negativa a dar testimonio para develar a posibles cómplices de la desaparición de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado. En los casos ocurridos dentro de Ciudad Universitaria, las grabaciones de las cámaras de vigilancia nunca son proporcionadas, así como bitácoras y otros registros. Estas grabaciones permitirían saber quién atacó a Luis Roberto o de qué naturaleza fueron las “caídas” de Víctor y Adrián, pero el derecho a la verdad sigue siendo negado a sus familias.

También se obstruye la verdad y justicia al desincentivar la denuncia y la organización en torno al proceso de búsqueda, como sucedió cuando el abogado de la Facultad de Filosofía y Letras, Jesús Juárez, difundió en un salón de clases información falsa sobre un supuesto contacto que Mariela Vanessa tuviera con su familia después de su desaparición. En otra ocasión, la entonces directora de la Facultad de Filosofía y Letras, Gloria Villegas Moreno, le exigió al padre de Jesús Israel Moreno Pérez que dejara de difundir el caso de su hijo desaparecido y le ofreció apoyo jurídico que jamás recibió. Un caso extremadamente indignante y cruel es la situación ya mencionada en la que Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad de Derecho mintió con alevosía y premeditación a los padres de Luis Roberto.

Además, la UNAM está directamente involucrada en hechos que han derivado en la muerte de al menos dos compañeros, por lo cual no ha tomado responsabilidad y ningún funcionario ha sido juzgado ni castigado. En el caso de Luis Roberto hay dos aspectos a los que se les puede llamar por lo menos negligencias graves: la falta de señalización y resguardo del pozo de absorción donde fue ahogado; y los reportes con información incorrecta que realizaron los paramédicos de la UNAM que lo trasladaron al hospital.

El segundo caso es el de Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, en el que autoridades universitarias, y especialmente el cuerpo de vigilancia UNAM, participaron en el proceso de criminalización que permitió su ejecución extrajudicial.

Lo que queremos transmitir a la comunidad universitaria y al movimiento estudiantil es que no hay seguridad ni vida digna sin justicia, y en la UNAM la injusticia y la impunidad son prácticas sistemáticas y extremadamente graves. Además, queremos compartir nuestro mayor aprendizaje a lo largo de estos años: sin acompañar y asumir como propias las dignas exigencias de las y los familiares de las y los compañeros que nos hacen falta, la lucha por la justicia siempre estará ciega.

Así, hacemos un llamado a la comunidad universitaria a acercarse e involucrarse con las historias de nuestrxs compañerxs que han sido asesinadxs y desaparecidxs, así como con sus familias y sus luchas. No dejemos solxs a las madres, padres, hermanas, hermanos y seres queridos que luchan en nombre de lxs que ya no están, y que necesitan toda la fuerza del movimiento estudiantil para seguir construyendo una universidad y un país justos. No permitamos de la UNAM siga siendo un mecanismo de reproducción de la impunidad y la violencia de Estado.

16 de Septiembre del 2018

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