El NAICM: Una resolución incierta.

Por Alejandra Medina

Desarrollo Rural, UAM-X / ale_meda00@hotmail.com

El 4 de septiembre del 2014 el aún presidente de México, Enrique Peña Nieto anunció la reactivación de la construcción del NAICM (Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México) al oriente del Estado de México, proyecto anunciado diecisiete años atrás por el entonces presidente Vicente Fox (2001) y cuya cancelación un año después (2002) hoy sabemos, no sería el final.

Desde hace dos décadas se habla de la “saturación” que presenta el actual aeropuerto (AICM) como la principal justificación para su construcción, la cual para muchos analistas y opositores es una realidad, pero se trata de una saturación provocada por una nula coordinación con tres aeropuertos ya operando en el Valle de México, para dar abasto a la demanda de tránsito aéreo generado por vuelos nacionales, considerando que en México no hay un sistema de interconexión de transporte terrestre que permita enlazar la zona centro-norte del país.

Así, desde finales del 2014 y principios del  2015, diversos habitantes de poblaciones afectadas, principalmente por la entrada de empresas mineras pétreas (enfocadas en la obtención de tezontle, basalto y otros materiales obtenidos de cerros) y otros opositores al NAICM, tales como activistas, ecologistas así como investigadores, iniciaron diversas acciones locales de resistencia tales como la creación de organizaciones a nivel regional, y la instalación de campamentos para impedir la entrada de empresas mineras pétreas, hasta la promoción de amparos impuestos en diversas dependencias de gobierno, a nivel local.  Sin embargo, no fue sino hasta marzo del 2018 -en medio de la pasada coyuntura electoral- y derivado de la entrevista realizada al próximo presidente de México, quien señaló la muy posible cancelación de dicho proyecto. Ello reactivó la realización de diversas actividades por parte de diferentes grupos de opositores al proyecto, los cuales desde marzo hasta hoy en día no se han detenido. Las acciones han recaído en eventos de denuncia pública, marchas, foros y demandas y promoción de amparos en diversas instancias de vigilancia ambiental, principalmente a PROFEPA, SEMARNAT, etc.  

Tanto el proyecto y sus múltiples afectaciones humanas y ambientales, así como las acciones de oposición por parte de distintos grupos adquirió amplia visibilidad dentro y fuera del oriente del Estado de México y del país desde esa fecha. El último reporte que dio a vuelta al mundo fue el reportaje de El País.

Al cabo de seis meses de constante difusión del tema y tras el anuncio de la victoria al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, las sospechas en torno a si dicho proyecto seguirá en marcha o no, sigue siendo una incertidumbre.

A fin de resolver el caso, el próximo presidente de México ha señalado que la cancelación o no del NAICM será resuelta mediante un ejercicio de democracia directa, mediante una consulta pública en la que se espera participen las y los ciudadanos del país, a finales de octubre próximo.

Hasta el momento y de acuerdo a un amplio estudio y análisis de los pros y contras de cada de las opciones que son: a) continuar con la construcción actual en la superficie del ex lago de Texcoco, y b) suspenderla y mejor, hacer dos pistas más, contiguas, en la base aérea de Sta. Lucía y seguir operando en el aeropuerto Benito Juárez (opción que aún se someterá a un nuevo análisis tras darse a conocer la disparidad de opiniones entre analistas del MITRE – Massachusetts Institute of Technology- y analistas mexicanos y chilenos) son las opciones en se basará dicha votación. Tal medida fue anunciada por quien será el nuevo titular de la SCT, quien en días recientes ha ratificado que el proceso seguirá como ya se ha estipulado: “un intercambio de análisis y propuesta técnicas y, tras e amplio y plenamente participativo debate en varios foros ciudadanos, se tomará la decisión definitiva”.

La historia de los mecanismos de democracia directa, llámese referéndum, consulta popular o plebiscito en México, es casi inexistente dadas las limitaciones inherentes en cuanto a su diseño institucional. De hecho, la ley de consultas públicas a nivel federal es de muy reciente expedición (marzo, 2014). Al respecto, Si bien se han desarrollado consultas nacionales, como la consulta nacional sobre la paz en Chiapas en 1995 o la organizada en agosto de 1988 en relación con el rescate bancario, realizada por el presidente Ernesto Zedillo, que alcanzó un resultado sin precedentes porque votaron 3 millones y medio de ciudadanos (más de 90%) en contra de convertir en deuda pública dicho rescate, y más recientemente (2008) la consulta de la reforma energética, estos ejercicios se realizaron sin contar con lineamientos normativos, pues no fue sino hasta 2014, que en el marco de la reforma político-electoral de 2014 se aprobó y reglamentó la Ley Federal de Consulta Ciudadana.
Frente a este escenario, López Obrador ha señalado que la consulta tendrá un efecto vinculatorio, para lo cual, es probable se necesite realizar ajustes a la ley en cita. Finalmente, otro aspecto clave a considerar es la opinión de los grupos opositores frente a la consulta y es que al interior de tales grupos las opiniones van, desde la decisión de algunos grupos a no sumarse con otros porque éstos se inclinan por solicitar diálogos abiertos entre las poblaciones afectadas y la próxima administración, mientras ellos parten de posturas como “solo el pueblo salva al pueblo” y rechazan la consulta o cualquier nexo con el Estado, hasta quienes desde antes de la propuesta de López Obrador, ya habían señalado que la realización de un referéndum era su fin último, y motivo por la cual, si bien no simpatizan con el próximo presidente, están a favor de la realización de la consulta. Las distintas posturas e ideologías políticas que existen al interior de los grupos opositores al proyecto, no han permitido la conformación de un frente amplio y plural estratégico que permita robustecer las acciones en contra del NAICM, en lo que va de esta segunda etapa del conflicto (2014-2018).