Testifican ante CoDIH la pesadilla por la desaparición de los primos Alvarado

Ayer comentábamos en Tercera Vía acerca del histórico hecho en el que México sería juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el marco del Caso Alvarado, uno de los más significativos en el tema de desaparición forzada a causa de la estrategia fallida en la lucha contra el crimen organizado. E

Hoy comenzó a surgir información acerca de las primeras audiencia y testificaciones de familiares de los primos Alvarado ante la CoIDH, que estuvo presidida por el juez chileno Eduardo Vio Rossi. En Animal Político leemos más del contexto:

Los testigos del caso refieren que el 29 de diciembre de 2009, entre las 8 y 9 de la noche, José Ángel Alvarado y Nitzia Paola Alvarado se encontraban a bordo de una camioneta estacionada afuera de la casa de Adela Beltrán, suegra de José Ángel, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua, cuando fueron obligados por diez personas uniformadas como militares a abordar un vehículo particular, donde se los llevaron con rumbo desconocido.

Minutos después, personas con uniformes militares irrumpieron con violencia en la vivienda de Rocío Irene Alvarado, ubicada también en Buenaventura, Chihuahua, donde se encontraba en compañía de dos de sus hermanos, de su madre y de su hija. Los soldados la detuvieron y la obligaron a abordar un vehículo donde se la llevaron.

Fue así como los tres “arrestados” desaparecieron, y a más de 8 años, todavía se desconoce su paradero. Mientras que los testimonios de los familiares hablan de hecho como una consecuencia de los infames operativos conjuntos del sexenio de Felipe Calderón, la encargada de la investigación en la PGR declaró que eran elementos del crimen organizado disfrazados como agentes militares.

Trasciende también que luego de infructuosas denuncias ante autoridades mexicanas, varios familiares de los primos Alvarado han tenido que pedir asilo en Estados Unidos debido -a un declarado- estado de hostigamiento por autoridades.

En La Silla Rota hay más información sobre los testimonios:

El perito Federico Andreu destacó los obstáculos que han encontrado por parte de miembros del Batallón 35, señalados en el caso, así como el aislamiento de la investigación. Sobre la Ley de Seguridad Interior, Andreau expresó su preocupación por la “nebulosa” frente a los poderes que se le pueden otorgar a las Fuerza Armadas.

Al presentar su testimonio ante la Corte, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza y prima de Rocío y José Ángel, aseguró que ninguno de los denunciantes ha sido llamado por algún juez en ocho años.


En Proceso también se encuentra, en un texto de 2012, más contexto acerca de la pesadilla que ha sufrido la familia Alvarado todos estos años:

El Ejército estaba levantando gente del pueblo al azar. Empezamos a investigar con los que había soltado y un muchacho nos dijo que el día que se lo llevaron vio que (los soldados) llegaron con dos mujeres y un hombre, pero no les vio la cara. Los soldados le advirtieron que no volteara para ningún lado, y como ya lo habían torturado…”

Después de la presión de María de Jesús Alvarado ante la AEI, un agente del Ministerio Público, Horacio Flores, le reveló: “A tu familia la tiene el Ejército, te lo digo porque en el parte informativo que me mostraron cuando trajeron la camioneta decía el nombre de ellos. Te voy a dar el nombre del coronel que los detuvo. Llega y pregunta directamente por él’”. Era Elfego José Luján.

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