Tras los sismos de septiembre, Amilcingo lucha por un regreso a clases sin corrupción y dictámenes falsos

Texto: Amiel Moreno, Andrea Quevedo y Heriberto Paredes
Fotos: Heriberto Paredes

 

Mientras que en los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre, cientos de construcciones se colapsaron debido a la falta de rigor en la aplicación de las normas de construcción, también se han detectado diversas irregularidades en las revisiones posteriores de los inmuebles: dictámenes falsos, corrupción inmobiliaria, lavado de dinero y falta de transparencia en la información.

Luego del sismo ocurrido el 7 de septiembre, la Escuela Primaria «General Emiliano Zapata» con clave 17DPR0365D, ubicada en el centro de Amilcingo, Morelos, fue reportada por la Dirección de Protección Civil del municipio de Temoac como instalación con graves daños estructurales. Sin embargo, tras sospechas de integrantes de la comunidad escolar, se ha constatado –en revisiones independientes con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)–, que la escuela no presenta ningún daño estructural, por lo que no existen justificaciones para la demolición parcial o total de la edificación.

La construcción de la escuela consta de varias etapas. Los salones y espacios más antiguos están construidos con adobe muy sólido y datan de 1880, según versiones de los propios habitantes; otra serie cuenta con estructuras metálicas de un piso y un bloque de concreto. Tras los sismos, las estructuras se encuentran saludables, aunque sí existen recomendaciones válidas de mantenimiento por pequeños desprendimientos y agrietamientos superficiales del aplanado.

Madres y padres de familia han manifestado su inconformidad con las determinaciones del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) respecto al traslado de los alumnos y la plantilla docente a un predio de propiedad ejidal donde se ha construido durante cerca de 15 años una escuela, y por la cual, las autoridades ejidales de la comunidad han interpuesto una demanda contra esta instancia por invasión ilegal de terrenos ejidales. Así mismo, los padres y madres de familia han decidido permanecer en la antigua escuela tras identificar las irregularidades en los dictámenes.

Posterior al primer reporte sobre la situación de la escuela efectuado por el IEBEM y la Dirección de Protección Civil, los padres de familia solicitaron al mismo organismo una segunda revisión. En ella estuvo presente Víctor Manuel Escobar, subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Obras Públicas de la entidad. Integrantes del comité de padres de familia afirman que no se concretó de forma eficiente la revisión, puesto que desde un principio se tenía la intención de dar un dictamen falso y declarar a la escuela como «inservible e inhabitable», con el objetivo de forzar e imponer la utilización de la otra escuela.

En una reunión con el ahora ex director del IEBEM, Fernando Pacheco Godínez, éste manifestó públicamente que la escuela había terminado con su vida útil por lo que era necesario trasladar las actividades a la otra instalación en un plazo de dos semanas. Bajo engaños, miembros del comité de padres de familia firmaron la minuta y se utilizaron sus firmas para aseverar que estaban de acuerdo con esa determinación. Tras percatarse de las irregularidades, en el mes de octubre de 2017 los padres de familia decidieron reunirse acordando recuperar el espacio y volver a las instalaciones con el apoyo de maestros solidarios. Desde entonces, se realizan actividades en ambas escuelas, manifestándose una clara división comunitaria entre los que resisten a la imposición y los que han decidido ocupar las instalaciones construidas ilegalmente sobre un predio ejidal.

El 5 de febrero de 2018 se llevó a cabo la última revisión técnica, coincidiendo ésta con un plazo que las autoridades ejidales habían solicitado al IEBEM para desalojar el predio invadido ilegalmente. El ingeniero Alejandro de la Tejera, Director Responsable de Obra (DRO) especialista del Colegio de Ingenieros, fue el encargado de realizar el reporte. En éste se declaró que la escuela era segura y que sólo eran necesarias pequeñas reparaciones.

El reporte entregado por el ingeniero de la Tejera a las autoridades del IEBEM lo hicieron perdedizo durante días, hasta que apareció en el área de planeación educativa, pero con diversas irregularidades en su redacción como cambios de fecha, repetición de datos del primer reporte, descripción falsa de las instalaciones y la firma de otro ingeniero. Sin embargo, la licenciada Yaneli Fontes Pérez, nueva titular de la dependencia educativa, tras la lectura del supuesto reporte, prometió enviar de nuevo a los profesores a la escuela ubicada en el centro de la comunidad, algo que no se ha concretado hasta la fecha.

El día 6 de marzo del presente, se realizó una mesa de diálogo entre el IEBEM y el comité de padres en Casa Morelos, en el que se exigió entregar el reporte que el ingeniero Alejandro de la Tejera elaboró el 5 de febrero. Al mismo tiempo, en la comunidad se esparció el rumor de que el comité de padres estaba solicitando el desalojo de los niños y padres del predio donde se encuentra la nueva escuela. Esos rumores generaron fuertes tensiones y un grupo de choque terminó agrediendo en las inmediaciones del IEBEM a los padres y madres en resistencia.

En la misma mesa de diálogo, Fontes Pérez, manifestó que la escuela iba a ser desalojada el 12 de marzo usando la fuerza pública para ser derribada, repitiéndose esa información en un comunicado de prensa; posteriormente negó ante medios de comunicación haber hecho tales afirmaciones. Esta situación ha generado alerta máxima para quienes defienden el espacio escolar, en tanto que es perfectamente viable que las agresiones continúen.

Irregularidades y sospechas relacionadas con el predio de la nueva escuela

 

Las inconsistencias han sido una gran constante desde que inició este conflicto. La primera sospecha de que existían irregularidades surgió inmediatamente después de los dos terremotos del mes de septiembre, cuando se le dijo a la comunidad educativa de la escuela primaria que ésta se encontraba con un riesgo alto de derrumbe. Por ello, cuenta Noemí, una integrante del comité de madres y padres, después del sismo del 7 de septiembre dejaron de utilizar la escuela.  Cuando ocurrió el segundo sismo el 19 de septiembre, los padres de familia creyeron que la escuela se había derrumbado. Sin embargo, cuando fueron a revisarla, estaba intacta.

El gobierno de Morelos ya había intentado transferir a los alumnos y docentes desde hace un tiempo, de las instalaciones en el centro de la comunidad a otras que se encuentran en un predio en la calle 20 de noviembre. Sin embargo, la comunidad no había accedido. La nueva escuela lleva 15 años siendo construida con recursos que provienen de varios lados de los que no se tiene mucha claridad.

A pesar de que el comisariado ejidal ha intentado recuperar ese predio y le ha exigido al IEBEM que compruebe que el predio le pertenece, la institución no les ha mostrado ningún documento. Samir, otro integrante del comité de madres y padres de familia asegura que antes del sismo, «el argumento para desalojar la escuela del centro era que ya no servían los sanitarios». De ahí comenzaron a nacer las sospechas alrededor de los fondos utilizados para construir la nueva escuela y de la urgencia de justificar el gasto por el tiempo que ha estado en construcción.

Los padres de familia se comenzaron a organizar después de que el IEBEM tomara la determinación de mover a la plantilla docente y a los alumnos a la escuela ubicada en el predio en disputa. Después del primer reporte del ayuntamiento, madres y padres de familia, organizados, solicitaron a la institución una nueva revisión de las instalaciones. Ésta fue hecha de manera muy superficial por un funcionario del gobierno llamado Manuel Escobar, quien únicamente revisó dos salones, pero dijo que la escuela «estaba en malas condiciones en su totalidad». Las instalaciones fueron declaradas por él  como inservibles e inhabitables.

Por las inconsistencias de dicha revisión, los padres de familia pidieron el apoyo del arquitecto de la UNAM, Antonio Plá, para que revisara de manera independiente las instalaciones y emitiera un reporte; el catedrático recorrió la escuela y elaboró un reporte en el que declara que la escuela no presenta un riesgo alto, y que sólo es necesario arreglar algunos detalles de mantenimiento. Con ésto, los padres de familia corroboraron que el diagnóstico del gobierno era una mentira.

El comité decidió ir a entregar el reporte del arquitecto al IEBEM, sin embargo,  antes de hacerlo, se les citó al siguiente día para que fueran a recoger el reporte que la institución gubernamental había hecho. Éste era casi idéntico al de la UNAM, a excepción de las conclusiones, las cuales eran opuestas: se dictaminaba que la escuela era inhabitable y que había finalizado su vida útil.

La comunidad, firme en su exigencia

 

De cara a esta problemática, al menos dos terceras partes de la comunidad de Amilcingo, han mostrado su acuerdo para plantear sus exigencias y posibles salidas de manera colectiva, respetando los usos y costumbres que los han caracterizado desde siempre. Como en otras ocasiones, en este momento, la comunidad lucha organizada contra las corruptelas de las instituciones educativas y del gobierno de Morelos.

No ha sido fácil mantenerse de pie cuando se presentan tantas irregularidades e incidentes de provocación, sin embargo, como bien señala Samir, «nos queda claro que las cosas son, tienen un tinte político, que las cosas no se han hecho, no porque no tengamos los argumentos, no porque no tengamos el derecho a un espacio con un reporte técnico que nos dé certidumbre de cómo está realmente nuestra escuela».

«Hemos aportado pruebas –continúa el padre de familia– de que nuestra escuela está bien, no se nos ha hecho caso. Pareciera ser que no hay compromiso, no hay transparencia en la información, no hay ética profesional; es lamentable que una institución educativa del estado de Morelos esté plagada de corrupción, es lamentable».

Como ya se ha señalado en los apartados iniciales, ha sido lamentable la lista de actos turbios que el IEBEM ha realizado para ocultar, por un lado la irregularidad de la propiedad del terreno en donde la nueva escuela se construyó hace ya más de 10 años, y en segundo lugar, la falta de un trabajo serio en materia de peritajes estructurales posteriores a los sismos de septiembre de 2017.

La comunidad de Amilcingo ha sido muy clara en su demanda principal: la presentación del reporte técnico que avale el estado real de las instalaciones escolares que reconoce la comunidad en su mayoría. Sea el reporte hecho por el DRO Alejandro de la Tejera –mismo que tiene el aval de la población y que se ha hecho perdedizo por la institución educativa– o un nuevo reporte validado.

Samir, hombre delgado que nos ha acompañado en toda nuestra visita, afirma que la presentación del reporte técnico «le daría paso a que nos manden maestros y que nuestros hijos puedan continuar sus estudios como se venía haciendo antes del sismo. Hacemos un llamado al gobierno del estado, hacemos un llamado al IEBEM a que hagan las cosas conforme se supone debieran hacerlas».

Otra de las respuestas que las madres y padres de familia han dado ante esta situación es impedir que con sus propios hijos se avale la imposición de la nueva escuela, por lo que tratan de darlos de baja del sistema educativo de la Secretaría de Educación de Morelos. En la vida cotidiana, alrededor de 175 niñas y niños no asisten a las clases que se imparten en las otras instalaciones y por el contrario, se dan talleres y algunas clases alternativas mientras la problemática continúa.

Para Noemí, joven madre de familia, «la única forma de desmentirlos [a los funcionarios] y decir que nuestros hijos vienen aquí es darlos de baja. Los damos de baja y ya luego vemos cómo le hacemos para seguir luchando y que nuestros hijos tengan ese derecho a la educación. Porque todo niño tiene ese derecho».

En un principio asistió una amplia comisión a las oficinas del IEBEM para solicitar la baja del sistema educativo, tanto madres como padres presentaron sus documentos como se les solicitó, por su parte, funcionarios de la institución les pidieron que vinieran durante varios días consecutivos y que en cada día se darían de baja 15 alumnos. La negativa de las y los habitantes de Amilcingo fue rotunda: solicitaron que las bajas se hicieran en un solo proceso para evitar lentitudes burocráticas, sin embargo, la instancia gubernamental no ha accedido y hasta el momento no se ha llevado a cabo ningún trámite.

Aunque la salida del sistema educativo oficial pueda implicar la pérdida del año escolar, tanto Noemí como el resto de las familias organizadas en la comunidad indígena mantienen firme su decisión: «Los padres de familia que estamos presentando las bajas, preferimos que nuestros hijos pierdan el año, que no les den un documento, porque ante todo esto es preferible a que, como padres, perdamos nuestra dignidad, porque nuestra dignidad no tiene precio».

El panorama no es sencillo. Quienes defienden la existencia de esta escuela histórica, temen que grupos de choque vuelvan a provocar a la población, sin embargo, la decisión –hasta ahora avalada por la asamblea general– es «defender este espacio, por aquí han pasado generaciones y generaciones, incluyéndome», comenta Samir sentado a la sombra de un gran árbol del cual cuelga la campana que marcaba los recesos hasta el pasado 7 de septiembre, último día en que hubo labores oficiales.

«Lo que viene es seguir defendiendo este espacio, que no se va a caer, no porque sea un capricho de nosotros, sino que así lo han revisado los especialistas que han venido».

En Amilcingo se toma en cuenta la historia de las generaciones que le han dado vida a la comunidad, aquellas familias que durante décadas han mantenido los usos y costumbres indígenas que hoy son uno de los pilares identitarios y argumentativos para defender la construcción de la autonomía. Por eso, madres y padres de estudiantes, ellos mismos habitantes jóvenes coinciden: «aquí estuvimos estudiando y hoy están nuestros hijos. Tiene un valor histórico muy grande este espacio, sin embargo pareciera que el Estado está empeñado en derrumbar –literal– nuestros sueños, nuestra historia y creo que es lamentable, antes de buscar una solución, esta pretendiendo devastar el espacio» finaliza Samir.