Cómo militarizar un país

A Manuela

Hubo algunas que entramos a la pesadilla con la única finalidad de develar sus trampas. ¿Qué les hace sostener que la aprobación de la ley militarizara a un país que ya está militarizado? De nuevo hay personas creyendo que la discusión no está desbordada, cuando a estas alturas está más allá de lo legal.

En la vida cotidiana, los barrios pesados de las ciudades son sobrevolados por helicópteros policiacos y hay camionetas de militares por las calles: vemos a oficiales insertos ya en la vida cotidiana con aire de naturalidad. Los policías ligan en Tinder y los soldados compran agua en cualquier tienda departamental: parece que fueran solo un grupo más con derecho a enamorarse.

Los retenes están a todas horas en todas las carreteras del país y se ha militarizado la vida: las emociones que operan son de angustia y de miedo, este último ligado a la idea de seguridad. Y he aquí la trampa: estas emociones son políticamente efectivas, pues implican la subordinación de nuestra voluntad, posibilitan la reconfiguración del Estado y dictaminan las formas de gobierno costo-beneficio.

Alguien dirá que su presencia “atenta contra un Estado Democrático” entendido en la forma de organización y la toma de decisiones, pero lo que vivimos es un régimen autoritario, es decir, un sistema de creencias y de valores que sostienen estructuras sociales inequitativas e injustas para la mayoría de la población, esos a quienes están focalizados procesos de despolitización con la finalidad de hacerlos funcionales en los momentos de crisis, reclutando a los mejores para la élite y canalizando la participación. Este es el momento en que la discusión se desborda: la canalización de la participación está enfocada a la aprobación de la ley y no a la toma del espacio público, donde se ejerce la cotidianidad de lo político.

No obstante, las exigencias de activistas para que la población “despierte” ignora que, bajo las lógicas del miedo, se paraliza y se dispersa como reacción a una amenaza de destrucción, de modo que es fácil ceder al disciplinamiento como bienestar colectivo. De manera que, lo que implica aprobar esta ley, es la gestión del miedo, la administración de la muerte y la dirección de la militarización como proceso político, que supone desglosar todas las variantes de vigilancia policiaca distribuidas en diversos espacios, como condición de existencia de la seguridad.

No hace falta capacitar policías y que se reformen los sistemas anticorrupción cuando de hecho son las fuentes que posibilitan la aprobación no solo de la ley, sino de lo que ya sucede en la vida cotidiana del país. Se desplazan y despojan a pueblos y ciudades; se monitorean actividades económicas de la población y se ha llegado a intervenir procesos electorales, lo que supone un control territorial, una extorsión y una criminalización de la protesta social como mecanismo que tiene el sistema económico y político para resolver sus crisis y desarticular las rebeldías.

¿Qué hacer, entonces, que no propicie las condiciones que permiten ampliar la lógica de violencia? Para el régimen el enemigo no es otro que la ciudadanía y su capacidad de organización cuando no hace escala en la burocratización: la ley “nos protege” de nosotros mismos, así sea en contra de nuestra voluntad. Estamos frente a un modelo de guerra que emplea como medio de legitimidad el derecho, por lo que ahora nos encontramos en el núcleo mismo de la disputa, con las cartas puestas sobre la mesa.