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Paraguay, Honduras y Venezuela: crisis por la continuidad en el poder

América Latina padece hipo crónico por el final sin resolución de su década dorada, y a últimas fechas, se enmaraña en bucles de crisis institucionales. Con sus particularidades, Paraguay, Honduras y Venezuela se encuentran sorteando crisis políticas derivadas de modificaciones del marco institucional que tenían como objetivo prolongar los actuales ciclos políticos. Horacio Cartes, Juan Orlando Hernández y el Chavismo consideran que su tiempo en el gobierno ha sido demasiado breve como para asentar sus proyectos, mientras que una parte de sus gobernados se han convencido de que ya contaron con oportunidades más que suficientes para demostrar que sus propuestas no funcionan.  

En el caso de Paraguay, Horacio Cartes, presidente en funciones, promovió una enmienda que permite convocar a un referendum para determinar si los paraguayos apoyan o rechazan su reelección. Como respuesta a la aprobación de su iniciativa, manifestantes se enfrentaron con la policía y desencadenaron un incendio en la sede del Congreso Nacional, tensando el clima político lo suficiente como para que Cartes se lo piense dos veces. En su comunicado a la nación, el mismo Cartes atribuyó los hechos a “un grupo de paraguayos empotrados en la política y en los medios masivos de comunicación que no escatimarán esfuerzos para lograr el objetivo de destruir la democracia y la estabilidad política y económica del país”.

Por su parte, Juan Orlando Hernández busca también su reelección en Honduras, gracias a que la Corte Suprema ha puesto de su parte para levantar los impedimentos legales respectivos. Su tentativa se ha visto torcida, sin embargo, por las declaraciones de Devis Leonel Rivera Maradiaga, un narcotraficante hondureño que reveló en Nueva York que el hermano del presidente se reunió con él para acordar el pago de contratos por parte del gobierno en beneficio de una empresa que fundara Rivera Maradiaga para lavar dinero.

Mientras tanto, en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el chavismo, inhabilitó a la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría- bajo el argumento jurídico de desacato. Con fuego amigo, la Fiscal General, Luisa Ortega, lo interpretó como una “ruptura con el orden constitucional”, y Henrique Capriles, el eterno opositor, recurrió al fantasma del “golpe de Estado”. Por su parte, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Honduras y México lanzaron un insípido comunicado, donde manifestaron de manera casi idéntica su “preocupación” por la situación en Venezuela, llamando a defender la convivencia democrática y a seguir los canales institucionales para la resolución de la desaveniencia entre poderes. A la luz de sus burocráticas reacciones, se extraña un liderazgo regional que pueda ir más allá de los lugares comunes, algo que, mal que bien, Chávez y Castro solían realizar.

Podemos estar seguros que el problema no es la reelección, sino los tiempos en que se propone y a quiénes está dirigida. Es un error, por otra parte, minimizar el papel estabilizador de la alternancia política, olvidando que la región está acostumbrada a ver los ciclos políticos interrumpirse, no tanto por la acción de la oposición organizada en el marco democrático, sino por golpes de Estado.

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