Nuevo Sistema de Justicia Penal

El 18 de junio inició un nuevo sistema de justicia penal en México. A vistas de la información pública disponible casi el ochenta por ciento la transformación tuvo que hacerse en prácticamente en tres años, puesto que al inicio de la presente administración el sistema penal acusatorio apenas cubría poco más del 20 por ciento de la población de nuestro país y ya habían transcurrido cinco de los ocho años que la Constitución estableció para darle al país otra forma de hacer justicia.

El Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, las organizaciones de la sociedad civil, colegios de barras y abogados, estudiantes, los gobernadores de los estados del país, académicos, rectores de universidades, secretarios de seguridad pública, procuradores generales de justicia, así como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal,  titulares de los Poderes Judiciales de las entidades federativas del país, y las instancias responsables de coordinar el esfuerzo para materializar el nuevo sistema de justicia penal se convocaron apenas el viernes pasado en el Monumento a los Niños Héroes para comunicar a la ciudadanía que el sistema penal acusatorio es realidad en todo el territorio nacional.

Inicia una nueva era en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia. La respuesta que el Poder Legislativo dio a la ciudadanía en el año 2008 se convirtió en una reforma robusta e integral que de manera transversal generó cientos de nuevos espacios públicos, modificó la manera de trabajar de miles de funcionarios públicos y supuso una inversión mayor en sistemas de cómputo, mobiliario, equipo y capacitación.

La ciudadanía y el Gobierno en sus tres órdenes y sus tres poderes iniciaron y concretaron este cambio. Mucho se tuvo que hacer para que el sistema que protege al inocente y trabaja bajo los ejes de la presunción de inocencia y el debido proceso fuera en realidad en nuestro país.  El sistema de justicia tradicional se agotó, pero más allá de eso, perdió el sentido de su aportación al desarrollo público y en especial dejó de ser una garantía de acceso a la justicia.  Hoy la justicia penal se finca en los derechos humanos, la reparación del daño, el debido proceso, la justicia alternativa, los juicios orales, y los medios alternos de solución de controversias. Hoy por primera vez en México la cárcel dejo de ser la única respuesta colectiva ante la comisión de un delito, restaurándose el valor de la dignidad y de la condición de libertad de cada persona, esto es, del individuo frente al  Estado.

La reforma es posible porque se reformaron 9 Artículos de la Constitución, 352 Leyes Estatales, porque se aprobó y publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, y porque los Legisladores aprobamos Leyes Nacionales de la mayor relevancia con incidencia directa en los procesos penales son los casos de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hoy el cuadro normativo de la reforma penal está completo, y también se tiene lo básico necesario para que funcione y le sirva a la ciudadanía.

De acuerdo a información publicada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) en materia de infraestructura más de 3 mil proyectos fueron aprobados por esa instancia en los últimos 7 años con subsidio para la implementación del sistema acusatorio, así las cosas, se crearon 930 salas de juicio oral. Por su parte la Federación invirtió en remodelar y adecuar las 32 delegaciones federales y ocho áreas centrales de la Procuraduría General de la República (PGR); esfuerzo similar a que realizó el Poder Judicial de la Federación al crear o adecuar 38 Centros de Justicia Penal Federal en la República para aplicar esta forma de impartir justicia.

Llama la atención que se capacitaron 135 mil funcionarios públicos con subsidio SETEC en el periodo 2010-2015, y que de este total 111 mil se capacitaron en la presente administración; las cifras del esfuerzo que se realizó son por demás aleccionadoras porque muestran las dimensiones que tiene México: sólo en el año 2016 se capacitarán 136 mil operadores más,  entre jueces, ministerios públicos, facilitadores, administradores de salas y asesores jurídicos de víctimas.  

No es exagerado decir que sociedad y gobierno debieron transformar 32 sistemas estatales de justicia que es el equivalente a 32 países en sólo tres años, lo que muestra algo sustancial más allá del esfuerzo realizado: en México sí podemos pensar, aprobar y aplicar políticas de Estado cuando nos unimos. En México sí es posible la unidad. En México la madurez política más allá de las elecciones es una realidad, y una evidencia resulta emblemática, esta administración federal destinó 21 mil millones de pesos solo de subsidios federales para implementar el sistema de justicia bajo un esquema de distribución de recursos que ninguna entidad federativa protestó o impugnó en ningún momento. Se invirtió como se ha visto en mobiliario, equipo, modelos de gestión, sistemas informáticos, proyectos arquitectónicos, acompañamientos técnicos para las entidades, capacitación, y difusión. Todos trabajaron y lo lograron concluir esta fase consistente en implementar un sistema de justicia que puede y debe procurar una justicia transparente, eficiente y pública para cada persona.  

Un punto central que se señaló en la puesta en marcha de la nueva justicia penal  es el Plan Estratégico de Capacitación en materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas que a fines de año pasado aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) porque a través de este instrumento en que trabajaron juntos las 32 entidades federativas y el Gobierno Federal lograron capacitar a mayo de 2016, con diversos fondos federales, 235 mil policías en el sistema penal acusatorio y 212 mil en competencias policiales básicas.

Nace en México el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el de la justicia alternativa y los juicios orales, el de la reparación del daño y protector de los derechos de las víctimas, el que hace públicos sus actos y trabaja con la sociedad; ahora está en cada ciudadano, cada funcionario público y cada orden de gobierno trabajar para fortalecerlo y mejorarlo en el cumplimiento de fines públicos. Hablamos de restaurar la convivencia social, de combatir la impunidad y de resarcir los daños causados por el delito, pero apenas inicia el sistema en todo México, así que la tarea de fortalecer el sistema serán tan ardua como la que significó ponerlo en operación en todo el país, la fórmula la conocemos y probamos que funciona, está en nosotros aplicarla, y se concreta en una palabra: unidad.