Credibilidad y gobierno

En noviembre de 2014, Murillo Karam, el entonces procurador General de la República, presentó las conclusiones de su investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes, llamándola la “verdad histórica”. La versión respaldada por el gobierno afirmaba que la noche del 26 de septiembre los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala para luego ser entregados a miembros de un cártel narcotraficante, quienes los habrían asesinados e incinerado en el basurero de Cocula, un municipio vecino para después arrojar los restos al río San Juan.

Un mes después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aseguró que no hubo incendio alguno en el basurero de Cocula. Basado en pruebas y estudios meteorológicos, así como en imágenes satelitales de la región durante la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, se reveló incluso que en varias horas de esos días hubo una lluvia acumulada de 21.8 milímetros en Iguala, y condiciones similares en Cocula.

Con esta evidencia “la verdad histórica” fue desmentida, pero ante la opinión pública no todo ha quedado muy claro. Lo que sí es evidente, es que la desconfianza de la población ante las instituciones de gobierno es grande.

El año pasado Parametría publicó los resultados de una encuesta en la que siete de cada diez mexicanos opinó que no atraparían a los responsables de la desaparición de los estudiantes. De hecho, únicamente el 26% confiaban en ese entonces en que se haría justicia.

En otra encuesta, se reveló que la mayoría de los mexicanos no cree en la versión de la PGR y que la mayoría de los mexicanos desaprueba el trabajo realizado por la institución. Mientras que en noviembre de 2014, 54% no creía en la versión de las autoridades, para febrero de 2015 ese porcentaje llegó a 68%, es decir, 14 puntos porcentuales más, y en agosto de 2015 se ubicó en 64%.

Estos datos contrastan con el estudio elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UdlaP) y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ) en el que México se ubica en el el 2º país de 59 con un mayor índice de impunidad.

El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes deficiencias: 46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. El índice estimó una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100,000 habitantes; México sólo cuenta con 4 por cada 100,000.

Esta impunidad es una de las grandes causas de, no solo la falta de credibilidad en las instituciones, sino de la inseguridad y violencia en el país. Los delincuentes se ven incentivados, pues saben que los castigos en el país, son un mito.

Con información de Parametría y Forbes