¿Por qué una Ley para utilizar lo bien hecho en México?

El Gobierno Federal planteó una serie de metas y acciones para realizar grandes inversiones en infraestructura, cuyos objetivos, entre otros son reactivar la economía, crear nuevas fuentes de empleo e incrementar la riqueza nacional. La construcción de infraestructura por años ha sido líder en la masa de inversiones de recursos públicos que se reciben. Basta señalar que el “Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018” prevé una inversión programada superior a los 7.7 billones de pesos, distribuidos en 743 proyectos. La cifra por sí misma es emblemática y muestra que en nuestro país estamos ante la posibilidad de construir los medios sustanciales para generar desarrollo y crecimiento. Disponer de puentes, carreteras, trenes, puertos así como de infraestructura social es uno de los sustentos para un futuro posible como parte de una de las regiones económicas más sólidas del mundo.

El sector de infraestructura generó el 3.7% del producto interno bruto promedio, en los últimos tres años. Además de generar año con año, alrededor de 5 millones 600 mil puestos de trabajos directos y 2 millones 800 mil indirectos, convirtiéndose de esta manera, en la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo.

Es sustancial invertir en lo que se queda en México al servicio de todos, y que es sustento para otra serie de actividades industriales, comerciales y de servicios, porque este conjunto de factores atrae inversiones y permite crear lo que hoy se denomina cadenas de valor. Sin embargo, un tema sustancial es cómo aprovechar de la mejor forma estas inversiones en beneficio de la industria asentada en nuestro país, en la creación de más y mejores empleos y en vincular la producción en aspectos que van del uso de las materias primas de las que disponemos hasta la capacitación para el trabajo pasando por la productividad, la planeación de mediano y largo plazo y el desarrollo regional.  

Si durante los próximos años, billones de pesos de toda la ciudadanía se destinarán a la infraestructura que requiere México, propiciando una derrama económica de envergadura entonces es pertinente aprovechar la inversión al máximo para desplegar nuestro potencial productivo. Una faceta clave es integrar lo hecho en México en las obras y proyectos a realizar, porque en evidencia, sería un desacierto construir aquí para comprar allá, y con allá quiere decirse fuera del país, los insumos para crear puentes, carreteras, edificios y hasta el nuevo aeropuerto.  

Bajo estas premisas, presenté como parte de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados la “Iniciativa de Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública no energética”, cuyo objetivo es impulsar la industria nacional. El desarrollo de la infraestructura debe reflejar un alto grado de integración y contenido de insumos nacionales, para detonar el potencial de las empresas mexicanas y competir en circunstancias equitativas con las empresas extranjeras.  Cuando el primer socio comercial de México son los Estados Unidos y el segundo es China, conviene actuar de manera consistente, y en principio debe apreciarse cómo ambos países generaron normas y políticas públicas tendentes a emplear lo que producen tanto para construir como para exportar, sin desestima de las economías a escala, y sin pretender que México construya desde el primer tornillo hasta el último software, si es posible plantearse y lograr que utilicemos lo que sí hacemos y  avancemos en producir lo que podemos hacer.

Con esta iniciativa se fomentará el uso de bienes y servicios de calidad en las obras de infraestructura en los sectores no energéticos, podremos incentivar a las empresas nacionales y extranjeras para que opten por utilizar insumos nacionales en los contratos de obra que se les asignen. En otras palabras, que se compren materiales hechos en México para construir bien y mejor en apego al derecho nacional e internacional.

Esta iniciativa no es, ni pretende ser proteccionista, no supone excluir capitales extranjeros. Simplemente se priorizan los intereses de nuestros ciudadanos. Cabe destacar que nuestro mayor socio comercial, hace unos cuantos años creó la ley, “Buy American”, la cual sí excluye los insumos del resto de sus socios comerciales. También existen precedentes en los países llamados BRICS, que utilizan métodos de protección interna contrarios aún a los tratados establecidos. Por el contrario, esta iniciativa, que implica realizar un conjunto de reformas a diferentes ordenamientos jurídicos, pretende nivelar las condiciones de competencia que se gozan en el mercado global, sin interesar ningún tipo de norma o tratado internacional establecido.

Es viable proponer una política industrial que aliente y proteja la industria nacional, sin incumplir tratados internacionales suscritos por nuestro país.  La infraestructura es una industria que tiene una insoslayable función social. Es el sector que absorbe la mayor cantidad de mano de obra no calificada. Además es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo. Más obras equivalen a más personas con empleo. Una inversión sistemática en el sector que agrupe a las empresas que aportan insumos propicia la permanencia de los trabajadores en su empleo y aumenta los índices de calificación del personal. Lo mejor de todo esto, es que las ganancias obtenidas, serán para las mexicanas y los mexicanos.

El efecto multiplicador de la infraestructura es sustancial, de cada 100 pesos 56 se utilizan para adquirir servicios y materiales que ofrecen 37 de las 72 ramas económicas de México. Por ello, cuando la construcción crece se contribuye al dinamismo de la mitad de las otras actividades productivas de todo el país. En materia de empleos, para el año 2012 el sector de infraestructura en la demanda generó más de un 1 millón 221 mil puestos de trabajo. Con la aprobación de esta iniciativa se generarían hasta 2 millones 300 mil empleos que aportarán a la economía mediante el gasto y el ahorro, por estas razones es consistente y relevante aprobar esta iniciativa. Con una inversión dinámica e inteligente México estará en condiciones de poder competir a nivel global.

La mejor política económica es la que se refleja en lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina trabajo decente, en generar oportunidades y obtener resultados sobre cómo viven las personas y sus familias en la vida cotidiana. Por ello habría de preguntarse: ¿Qué impide fomentar el uso de la producción nacional en obras que se construyen con el dinero de todas y todos?,  ¿Qué impide promover el consumo de lo bien hecho en México?, y finalmente, ¿Qué impide impulsar el crecimiento de las empresas que crean lo necesario para que el país incremente su patrimonio y su riqueza? La respuesta es simple: nada.  

Hoy los Parlamentos de todos los países del mundo están ante la responsabilidad de generar leyes que generen mejores condiciones de desempeño económico, reduzcan costos de transacción, aporten certeza y confianza a las inversiones, anticipen los cambios al seno de tendencias globales y regionales, y actúen en beneficio de sus ciudadanías, en esa lógica se presentó esta iniciativa sobre el aprovechamiento de lo bien hecho en México y con confianza nuestra fracción parlamentaria espera el apoyo de los otros grupos representados en el Congreso de la Unión por el bien de todas y todos.