Revelan red de corrupción en contratos del INE y OPLES por miles de millones; UIF bloquea 40 objetivos

Una presunta red de corrupción vinculada con la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), mediante la contratación de materiales electorales por miles de millones de pesos, fue exhibida este jueves durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En Palacio Nacional, la mandataria convocó a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, para abordar los resultados de las investigaciones sobre una estructura empresarial que habría concentrado contratos públicos durante casi tres décadas y los movimientos financieros detectados alrededor de estos proveedores.

Uno de los puntos centrales es la inmovilización de cuentas relacionadas con personas y empresas vinculadas al sector de proveeduría electoral. La UIF informó que incorporó a 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 empresas, además de presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles operaciones irregulares y determine las responsabilidades correspondientes.

El titular de la UIF explicó que la información sobre los nombres y montos involucrados tiene carácter reservado debido a que existe una investigación en curso. Precisó que las medidas se derivaron de indicadores de riesgo identificados en operaciones financieras y que el bloqueo constituye una acción preventiva, no una declaración definitiva de culpabilidad.

Una red empresarial detrás de los contratos electorales

La investigación de la Secretaría Anticorrupción identifica una estructura de empresas relacionadas entre sí, cuyos vínculos societarios, representantes legales, apoderados y presuntas relaciones familiares fueron reconstruidos mediante información del Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER), de la Secretaría de Economía.

Entre las compañías identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.

La documentación ubica a Raymundo Francisco Hernández Casillas y José Alfredo Hernández Casillas como figuras centrales de las relaciones empresariales investigadas.

De acuerdo con los hallazgos presentados, estas compañías habrían participado en procedimientos de contratación de materiales electorales en diferentes entidades del país, utilizando presuntamente mecanismos para aparentar competencia entre proveedores que mantenían vínculos entre sí.

Uno de los datos relevantes corresponde a los contratos otorgados entre 2014 y 2025: cinco empresas relacionadas habrían recibido adjudicaciones por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales, mediante procedimientos en los que se investiga una posible simulación de competencia.

Entre los montos documentados destacan los contratos de Cajas Graf, por mil 72 millones 876 mil pesos; Formas Finas, por 815 millones 961 mil pesos; Corporativo ZEG, por 278 millones 717 mil pesos; Comercializadora JVLY, por 208 millones 396 mil pesos, y Seriplast, por 85 millones 123 mil pesos.

Empresas sin infraestructura y presuntos prestanombres

Entre las prácticas identificadas por la investigación se encuentra la participación de empresas relacionadas en una misma licitación para aparentar competencia, así como posibles vínculos entre proveedores y personas que desempeñaron funciones dentro de instituciones públicas.

También se señaló que algunas compañías presuntamente carecían de infraestructura, capacidad operativa y trabajadores registrados en nómina para cumplir directamente con los contratos que obtenían.

Otro de los elementos expuestos fue el posible uso de prestanombres para ocultar a los beneficiarios reales de las empresas. La presentación incluyó el caso de una mujer de 96 años, cuya identidad habría sido utilizada dentro de esta estructura.

A estos señalamientos se suman posibles operaciones con empresas factureras y movimientos financieros que serán revisados por las autoridades hacendarias para determinar si existieron operaciones con recursos de procedencia ilícita.

UIF presenta denuncia ante la Fiscalía

Como parte de las acciones derivadas de los análisis financieros, la UIF confirmó la presentación de una denuncia ante la FGR y la incorporación de 40 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas.

La dependencia precisó que estas medidas son preventivas y precautorias, por lo que no representan una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas y empresas involucradas conservan su derecho de audiencia y los mecanismos legales de defensa.

La intervención de la Fiscalía permitirá integrar las investigaciones correspondientes y determinar si existen elementos para proceder penalmente.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá profundizar en la revisión de los contratos, identificar posibles irregularidades en las adjudicaciones y establecer las responsabilidades administrativas que correspondan.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno continuará con la revisión de los antecedentes empresariales y los mecanismos de contratación, con el propósito de esclarecer cómo se consolidó esta estructura de proveedores y qué autoridades participaron en los procedimientos.

Investigación apunta a casi tres décadas de contrataciones

El Gobierno federal busca reconstruir el origen y la evolución de esta presunta red empresarial, cuya operación habría comenzado desde finales de la década de 1990 y se habría mantenido a través de distintas administraciones y cambios en las autoridades electorales.

La investigación comprende no solamente la gestión más reciente del INE, sino también los procedimientos de contratación realizados durante administraciones anteriores y en los organismos electorales estatales.

El objetivo, de acuerdo con la revisión presentada, es determinar cómo un grupo reducido de empresas logró concentrar la proveeduría de materiales electorales, quiénes fueron sus beneficiarios económicos y si existieron actos de corrupción, tráfico de influencias, simulación de competencia o responsabilidades de servidores públicos.

La revisión también coloca bajo escrutinio los mecanismos de supervisión y control de las autoridades electorales que durante años realizaron adquisiciones con recursos públicos.

Las investigaciones de la ASF, la UIF, el SAT y la FGR deberán establecer el alcance de las posibles irregularidades y deslindar responsabilidades conforme a derecho.