Corte Constitucional ordena a la Iglesia católica entregar expedientes de clérigos denunciados por pederastia: Podría contener hasta 4.000 nombres 

La Corte Constitucional de Colombia rechazó más de 50 peticiones de nulidad presentadas por la Conferencia Episcopal y diversas entidades católicas para garantizar la protección de la niñez y promover la investigación periodística de interés público. De esa manera, mediante el Auto 1282 de 2026 la Sentencia SU-184 de 2025, obligó a la Iglesia católica a entregar información y expedientes sobre clérigos denunciados por violencia sexual contra menores.

Antecedentes

El inicio de las investigaciones empezó en 2018 por el periodista colombiano Juan Pablo Barrientos. Posteriormente, se unió Miguel Ángel Estupiñán para investigar de forma sistemática los casos de pederastia clerical y las dinámicas de encubrimiento institucional en Colombia.

En 2019, Barrientos envió un derecho de petición al arzobispo de Medellín solicitando información sobre 105 sacerdotes. Cuando esta fue negada, la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-091 de 2020, ordenando la entrega de los datos lo cual reveló que un tercio de los sacerdotes consultados tenías denuncias por abuso sexual infantil.

Ante la negativa posterior de entregar información sobre el resto de clérigos de la jurisdicción, el caso volvió a la Corte. En la Sentencia de Unificación SU-191 de 2022, el tribunal amparó de nuevo el derecho a la información, estableciendo que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y el rol social del periodismo prevalecen sobre la reserva invocada por la Iglesia.

La Sentencia de Unificación SU-184 de 2025

Mientras las investigaciones continuaron, los periodistas enviaron 137 solicitudes formales a obispos, arquidiócesis y superiores de congregaciones religiosas de todo el país. La gran mayoría de instituciones se negó a responder o envió información incompleta, invocando el “secreto pontificio”, normas del Código de Derecho Canónico o la protección de datos personales.

Solo el 13% entregó la información completa, ahí se identificaron cerca de 800 sacerdotes denunciados. “Eso es la puntita del iceberg. Aquí lo que esta gente ha ocultado es absolutamente demencial”, añadió Barrientos, que prevé que la cifra de implicados suba hasta unos 6.000 cuando se liberen todos los “archivos secretos”.

En mayo de 2025, la Sala Plena de la Corte Constitucional notificó la Sentencia SU-184 de 2025, fijando un estándar constitucional sin precedentes que aplica a 50 diócesis, arquidiócesis y congregaciones. 

En ese contexto, la Corte determinó que el ejercicio del sacerdocio es una profesión u oficio de carácter público y su información es semiprivada, por lo que el acceso a la trayectoria de todos los miembros (denunciados o no) es clave para el periodismo de investigación. 

Tras el fallo de 2025, la Conferencia Episcopal de Colombia y decenas de diócesis promovieron más de 50 solicitudes de nulidad, aclaración y adición para intentar frenar la orden judicial. Sin embargo, la Corte Constitucional rechazó las solicitudes en septiembre de 2026.

El “secreto pontificio” no podrá utilizarse como escudo para ocultar delitos

El fallo no solo establece que se entreguen expedientes sobre clérigos con denuncias concretas, sino también la trayectoria completa de todos los clérigos. Esto permite identificar patrones institucionales de encubrimiento, como traslados repentinos o rotaciones que históricamente sirvieron para ocultar sacerdotes señalados.

La decisión judicial también ha servido como pilar jurídico e impulsor para proyectos de ley en el Congreso orientados a crear una Comisión Nacional para el Esclarecimiento de la Verdad sobre abusos en entornos religiosos bajo la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, esta decisión reconoce los testimonios de víctimas y reafirma que los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como su protección contra cualquier forma de violencia sexual, están por encima de la autonomía de las iglesias.

Al hacer pública la ubicación e historial eclesial de sacerdotes investigados o sancionados, se pretende reducir el riesgo de reincidencia en entornos escolares y parroquiales, y la no repetición de casos de abuso sexual infantil.

Con esto, Colombia se posiciona como uno de los pocos países en Latinoamérica donde las altas cortes han obligado a la jerarquía eclesiástica a abrir formalmente sus registros históricos de abusos gracias a litigios estratégicos impulsados por periodistas independientes.