Uniones ilegales. Veracruz endurece las penas contra el matrimonio infantil. ¿Qué pasa en otros estados?

El Congreso de Veracruz aprobó reformar su Código Penal para castigar la cohabitación forzada de menores con 8 a 15 años de prisión y multas de hasta 2,500 UMAs. Esto también es conocido como matrimonio infantil. 

La nueva reforma sanciona a quien obligue, gestione o promueva uniones informales equiparables al matrimonio, dejando establecido que el consentimiento de la víctima no exime la responsabilidad penal, sin importar si la contraparte es mayor o menor de edad.

Uniones informales

A pesar de que el matrimonio infantil está prohibido en todos los estados de México, las uniones informales continúan, estimándose que hay niñas de 12 a 14 años de edad que viven en esta condición. Se estima que son más de 313 mil niñas, niños y adolescentes. 

Según la organización Save The Children, el Estado de México encabeza la lista seguido de Chiapas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Nuevo León. En la mayoría de los casos, son niñas y jóvenes que están con un hombre por lo menos seis años mayor que ellas.

De acuerdo con el organismo, estas menores de edad enfrentan un mayor riesgo de abandonar la escuela y quedar atrapadas en un ciclo de pobreza, embarazo temprano y distintos tipos de violencias.

Los estados

El Estado de México cuenta con 33 mil 166 casos; Chiapas con 25 mil 490; Veracruz con 24 mil 813; Puebla con 20 mil 228; y Guanajuato con 18 mil 218. Y datos del Censo 2020 del INEGI muestran que se registraron 1,029 niñas y niños entre 12 y 14 años casados: 79% son niñas (809) y 21% (220) son niños.

En el Código Penal Federal se establece en el Artículo 209 Quáter una pena de ocho a quince años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa a quien resulte “responsable de cometer el delito de cohabitación forzada de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo”.

Al menos en Puebla y Chiapas hay agravantes si la víctima es indígena, afromexicana o tiene alguna discapacidad. En Colima, el castigo es de uno a más de 7 años en prisión, menor que a nivel federal. En Guanajuato, la iniciativa para tipificar el delito lleva un año congelada en la Comisión de Justicia.