¿Qué hay detrás de la reforma contra corrupción inmobiliaria en CDMX?

El gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para catalogar como delito la corrupción inmobiliaria, que se comete cuando un servidor público permite por acción, omisión o tolere la construcción de pisos adicionales a los autorizados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. En caso de ser culpable de corrupción inmobiliaria, la iniciativa contempla una sanción entre 10 y 20 años de cárcel, y puede ser extendida a otros participantes que estén involucrados en el delito.

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de la CDMX, comunicó en agosto de 2022 que, después de más de una década de denuncias ciudadanas, las autoridades aprendieron a dos exfuncionarios involucrados en otorgar permisos de construcción irregulares, y que ahora son investigados por enriquecimiento ilícito: Luis Vizcaíno, exdirector de jurídico, y Nicias René Aridjis, exdirector de obras y desarrollo urbano.

El gobierno capitalino tiene evidencia que denota que el problema se remonta a 2008, año en el que hay un caso registrado de una construcción con más pisos de los establecidos. De ahí, en 2009 se tienen doce casos registrados, y para 2012, la cifra aumentó hasta 158 casos. Además, desde principios de la década de 2010, los vecinos han denunciado problemas con servicios como el gas y la electricidad. El problema se hizo evidente tras el sismo de 2017, ya que muchos de los inmuebles irregulares fueron los afectados.

Así pues, se siguen registrando más efectos a largo plazo de estas malas prácticas por parte del llamado “Cartel Inmobiliario”, nombre dado a las autoridades que permitieron el fenómeno. Fadala Akabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, señaló que estos casos han generado un impacto de 7 mil millones de pesos, además de problemas a largo plazo en el suministro de agua y drenaje.   

La propuesta de reforma contra la corrupción inmobiliaria no tiene precedentes en nuestro país, ya que el fenómeno, principalmente observado en la alcaldía Benito Juárez, es el único documentado como tal. En Jalisco, se ha instaurado un sistema de registro y acreditación para inmobiliarias, con el que se busca acabar con el fraude inmobiliario, otro delito relacionado con este sector.