Rancho Los Pinos: La empresa que abusa impunemente de los y las jornaleras

Herlinda Santiago Martínez, jornalera originaria de Cochoapa el Grande, municipio de la Montaña alta de Guerrero, fue abandonada a su suerte tras fracturarse una pierna en el Rancho Los Pinos, en San Quintín. 

La mujer sufrió una fractura, pasó 13 días en un hospital del IMSS, donde en lugar de practicarle la cirugía que necesitaba, solo le administraron paracetamol. La empresa en lugar de apoyarla, la dejó sin vivienda y sin empleo.

El periodista Kau Sirenio, originario de la Costa Chica de Guerrero y quien conoce bien el tema ya que al igual que Herlinda pertenece al pueblo Ñuu Savi, explica en una nota para Pie de Página que “Rancho Los Pinos dejó a su suerte a Herlinda Santiago Martínez después del accidente que sufrió en el surco de la empresa agrícola rancho Los Pinos, en Baja California. Los hechos ocurrieron el 23 de septiembre, en la malla 6 del sector 5, cuando Herlinda deshojaba las plantas de tomate en la empresa agrícola.”

Agrega que Herlinda “llegó a la pizca de tomate y pepino de la temporada primavera-verano. Se fue con el compromiso de regresar a su comunidad de origen después de la cosecha. El enganchador le prometió a Herlinda que mientras trabajaba en los campos tendría vivienda digna, atención médica inmediata y áreas de trabajo seguras.”

La noticia revela el oscuro mundo de los trabajos forzados y la trata de personas en el mundo de los y las jornaleras, ya que debido a que Herlinda Santiago Martínez habla la lengua tu’un savi (mixteco), no pudo tener información clara sobre el trabajo que le prometieron. “Ella salió de Cochoapa el Grande, en la montaña alta de Guerrero, para trabajar en la empresa agrícola Rancho Los Pinos. Ahí trabajaría por una temporada de seis meses”, añade Kau Sirenio en su narrativa.

Entre las promesas que le hicieron a la jornalera Ñuu Savi están: Que después cumplir con contrato laboral, la empresa la regresaría a sus comunidad de origen en un transporte adecuado. Sin embargo, esto no se cumplió. Tampoco la seguridad en el trabajo, ni la atención médica.

Rancho Los Pinos: Una historia de explotación y abusos

Desde el 2015, Pie de Página documentó la explotación de jornaleros agrícolas en el rancho Los Pinos. A siete años del reportaje titulado “San Quintín: esclavos del Siglo XXI”, los abusos en esta empresa continúan, mientras el gobierno federal ha hecho poco para sancionarla, quizá porque que tienen vínculos con el poder desde hace muchos años, siendo incluso condecorada por la presidencia de la república en el año 2013.

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La cabeza más visible del Clan Rodríguez, el ingeniero agrónomo, ex diputado y ex secretario estatal de Fomento Agropecuario, Antonio Rodríguez Hernández | Foto: Enlace | Fuente: 4Vientos

Desde hace 28 años que los na savi llegan al Rancho Los Pinos para trabajar en condiciones deplorables. Por ejemplo, Gudelia Lazaron murió atropellada en los surcos del sector 1, malla 20, de esa empresa en septiembre del 2016. La arrolló un camión que la llevó a ese lugar para cortar jitomate.

De acuerdo con fuentes cercanas a Herlinda Santiago Martínez, la trabajadora agrícola trató de incorporarse pero no le dio tiempo de moverse. Ahí fue cuando se dio cuenta que tenía fracturada la pierna derecha y la rodilla. La jornalera pidió auxilio en tu’un, pero la única que llegó a socorrerla fue su hermana.

Después de eso, el mayordomo pidió una ambulancia que llegó una hora tarde para trasladarla a la clínica 13 de la colonia La Cali. Sin embargo, los médicos que la recibieron le negaron atención médica. Así que la trasladaron a Ensenada, donde fue abandonada por rancho Los Pinos en la clínica 08 del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS). Herlinda se quedó sin interprete ni acompañante.

En el hospital, la víctima no recibió información de su estado de salud en tu’un savi. Tampoco la empresa agrícola le proporcionó un intérprete. Herlinda estuvo en calidad de desconocida durante 13 días en la clínica 08 del IMSS, donde le suministraron paracetamol para calmar su dolor.

La versión del IMSS

Ahora, tras el escándalo, el IMSS asegura que si realizó la atención adecuada. Lo interesante es que en su propia versión que se trata solo de una contra narrativa en un momento de foco mediático, la operación se llevaría a cabo el 6 de Octubre. Para la institución es adecuado dejar en espera durante 15 días a una persona que requiere una operación como la de Herlinda.

Pero hay dos elementos que desnudan el desprecio tanto de la empresa como de los responsables de los servicios médicos. El primero es la urgencia del tratamiento, según expertos en medicina “si no se actúa rápidamente, la fractura se puede transforma en necrosis irreversible, que dependiendo de la magnitud, puede llegarse hasta la amputación”; el segundo es el tiempo de recuperación que en casos de intervención quirúrgica puede llevar más de 6 meses, eso si hay continuidad adecuada en los procesos de rehabilitación.

Según las declaraciones de Herlinda y uno de sus sobrinos quien fue a buscarla y la encontró después de una semana, cuando la encontró en un estado de abandono decidieron abandonar el hospital para regresar al campamento El Vergel, del Rancho Los Pinos. En ese momento los médicos del seguro social la obligaron a ella y su sobrino a firmar una responsiva en la que se deslindaban de la salud de la víctima.

Violencia laboral y abandono

Cuando llegaron llegaron a El Vergel, el campero de la cartería, Luis Andrés Huerta Chaires, y la trabajadora social Erika Guerrero Valera impidieron el ingreso de los jornaleros al campamento. El argumento fue que habían dejado el hospital. Tras esto, los administrativos de Los Pinos despidieron a la jornalera y su sobrino.

Con la coacción y el engaño, tanto de la empresa como del IMSS, lo que se aseguraban era no hacer la intervención quirúrgica y sobre todo no hacerse responsables de los derechos laborales de Herlinda durante esos más de 6 meses de recuperación. La estrategia de Rancho Los Pinos fue finiquitar a Herlinda; “mientras se refugiaba con una paisana en el fraccionamiento Las Casitas de Santa María Los Pinos. Eso lo hicieron mientras buscaban regresar al estado de Guerrero. Sin embargo, al día siguiente se apersonó Luis Andrés Huerta Chaires con un cheque de tres mil pesos para finiquitar a la jornalera”, según explica Sirenio.


El argumento era que rancho Los Pinos le entregaba un apoyo económico a la afectada. Huerta Chaires hizo que la señora Herlinda firmara bajo engaños su renuncia y el deslinde de responsabilidades de la empresa por accidente en el trabajo.

Apoyo que llega tarde

Según una nota de Andrea Vega para Animal Político, “una vez que el caso de Herlinda se hizo mediático, la fueron a buscar al cuartito donde se aloja” para ofrecerle atención médica. “En efecto, integrantes del sindicato de la empresa, autoridades del IMSS y de la Secretaría del Trabajo estatal han indicado que se le dé a Herlinda la mejor atención, que ofrecen trasladarla al hospital de Tijuana”.

“Después de que no la atendieron en un hospital y la tuvieron 13 días en otro, sin darle la atención adecuada, ahora sí ya quieren atenderla. Pero Herlinda está muy traumatizada por todo el maltrato que vivió en el hospital y no quiere regresar al IMSS. Nosotros respetamos eso y estamos viendo si conseguimos que la atiendan en un hospital privado o en el Hospital General de Ensenada, de la Secretaría de Salud, porque sí necesita una cirugía para colocarle unos clavos en la pierna”, señala Cristina Solano, activista e integrante de la Asociación de Mediadores Bilingües Interculturales y quien está acompañando el caso de Herlinda.


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Entre las muchas preguntas que quedan al aire están ¿Cuántas personas viven problemas similares a los de Herlinda? ¿Cuántos abusos laborales despliega Rancho Los Pinos y otras grandes empresas dedicadas a la producción agrícola?

Por lo pronto, la lucha de Herlinda y sus familiares va logrando cierta justicia para ella “Porque es absolutamente falso que ella no se quiere operar, sí quiere y está consciente de lo necesario de la cirugía”, según los que dice Solano. Además de esas gestiones para la atención de la salud de Herlinda, la activista señala que pedirán la intervención de la Secretaría del Trabajo a nivel federal para que se le restituya su empleo.

Nota elaborada por el Colectivo Alterius con información de Pie de Página, La Jornada y Animal Político

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