Las comunidades silenciadas y el desplazamiento forzado en Guerrero

El desplazamiento forzado en el estado de Guerrero se ha incrementado en los últimos 15 años, sobre todo, por la ausencia y el debilitamiento de las instituciones estatales para atender regiones olvidadas. “La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hablado de las regiones del silencio. Es lamentable que en nuestro estado podamos decir que, en la región de la Costa Grande, de la Tierra Caliente, en la Zona Norte, hay comunidades que se caracterizan por estar silenciadas”, señala Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

El jueves 25 de febrero de 2021 pobladores de la comunidad de Hacienda de Dolores, El Zapote y Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán, fueron atacados por integrantes de la Familia Michocana, quienes mantienen en constante asedio a las familias. De acuerdo con datos del periódico El Sur, en sus publicaciones el día 26 y 27 de febrero de 2021, los “decesos podrían llegar a 15” y una decena de heridos. La explotación de la madera ha sido otro problema que ha resultado en el asesinato de Rubén Santana el 15 de febrero de 2011, mientras su esposa Juventina Villa fue asesinada en noviembre de 2012. Pasado un tiempo poco más de 80 personas fueron desplazadas de las comunidades de La Laguna y Los Ciruelos.

El desplazamiento forzado no es privativo de Guerrero. A finales de 2019 45.7 millones de personas vivían en condición de desplazamiento interno en el mundo como resultado de conflictos y violencia, apunta en el informe “Episodios de Desplazamiento Interno Masivo en México”. En México se registraron 8 mil 664 personas desplazadas de 28 episodios en 8 estados, principalmente Chiapas con 9 y Guerrero con 8 hechos distintos, 5 mil 128 personas desplazadas, ocupando el primer lugar. En tres ocasiones fueron desplazadas mil o más personas, pero la mayor parte ocurrieron en el municipio de Zirándaro, donde incursiones y enfrentamiento entre grupos de la delincuencia desplazaron a mil 500 personas de diferentes comunidades. El estado de Oaxaca tuvo el segundo lugar con mil 071 personas desplazadas. En Chihuahua 300 personas desplazadas, Tamaulipas 140, Sinaloa 393, Chiapas 668 y Michoacán 704. Es importante señalar que en el conteo “histórico-acumulativo asciende a 346 mil 945” personas desplazadas en el país. (CMDPDH: página 21-22).

Sergio Ocampo Arista, periodista reconocido, ha estado entre la línea de fuego para relatar las historias trágicas de Guerrero, en estos días ha publicado en su Facebook el drama de las comunidades campesinas de la sierra madre del sur del estado. “Confieso que esta semana, dos acontecimientos cimbraron mi conciencia y mis sentimientos; el jueves estuve en Vallecitos de Zaragoza, ubicado a 65 kilómetros del municipio de Zihuatanejo, y visité a los cerca de 300 desplazados de Zihuaquio, conocí la situación en que se encuentran, desde enero del 2020, cuando junto con otros mil 500 paisanos huyeron por la violencia que se presenta en esa región de Tierra Caliente/Costa Grande. Sobra decir que Vallecitos está abandonado, más de 3 mil 500 ciudadanos también huyeron por la violencia; triste historia de nunca acabar, poco hacen los 3 niveles de gobierno para resolver el problema ¿qué haría usted si se quedará sin hogar, y sin trabajo?”. El otro acontecimiento fue la muerte de un maestro de primaria, su amigo cercano, Sergio en las hondas reflexiones de la muerte.

En este contexto, el viernes 26 de febrero, se llevó acabo un foro virtual: “experiencias latinoamericanas de desplazamiento forzados y medidas de prevención”, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, la Embajada Canadá y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien organiza, coincidieron en sumar esfuerzos para luchar en pro de la defensa de los derechos humanos de las familias desplazadas por la violencia macrodelincuencial.

Integrantes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en Guatemala y Chiapas respectivamente, consideran que el estado dejó de ser garante de los derechos humanos de personas desplazadas por la violencia. “Se ha implantado el terror en las comunidades y por eso decimos que estamos viviendo un momento de tortura. Hay mucha impunidad porque hasta en la actualidad los grupos armados en contubernio con las autoridades prevalece. El Estado dejó de ser protector y se convirtió en el causante del problema, el ejemplo más cruento es Chiapas donde indígenas han sido desplazados por grupos paramilitares. Nos preocupa porque estamos viviendo una crisis sanitaria en las comunidades y el estado no garantiza la vida. Así que es importante trabajar ante el sistema interamericano”.

La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Teodomira Rosales Sierra, expresó que “es preocupante ver a un gobierno sumiso ante la embestida del crimen organizado que obliga a miles de familias a desplazarse de sus lugares de origen. Criticó que en Guerrero se vive un estado de vulnerabilidad porque acrecienta el desplazamiento forzado cada día, pese a que el Estado mexicano no lo ha aprobado como un delito, además de que el gobierno federal solo ha reconocido a 80 familias originarias de Guerrero como desplazadas, pero no por el crimen organizado sino por despojo o robo a casa habitación. En esta tesitura, pidió que en el Código Penal se tipifique como delito el desplazamiento forzado y que la Cámara de diputados apruebe la Ley General sobre este tema”.

Por su parte, Abel Barrera, señaló que, en Tierra Caliente, en ciudad Altamirano, en colindancia con Morelos y el Estado de México, los giros económicos están controlados por los grupos de la delincuencia organizada. Ahora quienes distribuyen productos de la coca cola es la delincuencia hasta para comprar un kilo de carne en el mercado. Se necesita ser proveedor autorizado por grupos de la delincuencia. Si los presidentes municipales están sometidos, es claro que las poblaciones están sometidas y dominadas.

En hechos recientes de desplazamiento de familias sierreñas por la violencia es evidente que prevalece la ausencia de las autoridades, el problema es que no están atentos, sobre todo, la guardia nacional y el ejército para contener esta avalancha delincuencial. La Costa Grande, la Zona Norte, Tierra Caliente y la Sierra es un polvorín porque ahí es donde está la disputa territorial.

En la región Centro ha habido desplazamiento en el municipio de Zitlala y Chilapa. Decenas de personas han sido desparecidas y asesinadas. Las esposas sueñan que sus esposos vuelven, tocan la puerta y se van. Las niñas y los niños miran a sus papás en el patio de sus casas, les gritan, pero salen corriendo como si no quieran ser vistos. La añoranza de que sus seres queridos regresen es latente. Este oscurantismo impuesto por la delincuencia es por el control no sólo de un territorio pobre, incomunicado, con poblaciones dispersas sino por un territorio donde hay concesiones mineras, en unos lugares se explora mineral y en otros el proceso de exploración. “Se trata de un modelo estractivista donde la delincuencia está jugando un papel importante para el desplazamiento de la población, es decir, no sólo es la siembra, el trasiego de la droga de la amapola sino los negocios de la minería”, apunta Abel Barrera.

El director de Tlachinollan analiza que en el macizo de la sierra madre del sur está el oro y ahí están los macizos de la delincuencia. En esta revisión de la geografía tenemos que entender a los actores, la forma en como están funcionando las instituciones, los grupos de poder, los cacicazgos y la presencia del ejército, sin embargo, la situación se ha descompuesto más, precisamente porque hay acuerdos y complicidades. Un meganegocio y la derrama del capital beneficia a los gobiernos del Estado.

Los dueños del territorio, pero no los ancestrales sino por grupos de la delincuencia son Los Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Granados, el Cartel Independiente de Acapulco, La Barredora, El Comando del Diablo, Los Ardillos, Los Tequileros, Los Jefes, El Cártel del Sur, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros. Guerrero sangra por estos grupos que buscan controlar la vida social y comunitaria de las comunidades indígenas y campesinas. Donde hay grupos armados se da la violencia y por ende los desplazamientos de personas.

“La mayoría de los desplazamientos han sido en Apaxtla, en Arcelia, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Tlacotepec, Chichihualco, donde hay trasiego de droga. Las familias están sufriendo, unos han decidido a enfrentar, otros a desplazarse a la Ciudad de Altamirano, Michoacán, la Ciudad de México y la Ciudad de Chilpancingo. Son desplazamientos silenciosos, las familias no quieren que se sepa que están porque los pueden ir a matar. También se habla de desplazamiento de familias de Cochoapa el Grande, Copanatoyac y Zapotitlán Tablas en la región de la Montaña”.

Abel Barrera aborda que, en la guerra sucia, cuando los campesinos se rebelaron contra el Estado mexicano, los generales llegaban hacerles la guerra a los pueblos. Ahí los generales se aliaron con los caciques e implementaron una guerra de contrainsurgencia, se fueron contra los campesinos. Con el tiempo fueron dejando a los pistoleros que eran como los policías, como los jefes de plaza, y posteriormente con todos los cárteles nacionales. Guerrero se convirtió en un narcoterritorio, donde Acapulco es el lugar estratégico para el trasiego de la droga, incluso de Colombia, a Estados Unidos. Iguala quedó como la ciudad del oro y después en la ciudad del narco. En 2014 terminó en la tragedia de 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Quedó evidenciada la participación de las corporaciones policiacas y militares con la empresa macrodelincuencial. No es gratuito que haya actores intocados por el Estado mexicano y que ha dado a estos desplazamientos.

Hay una herida abierta en la sierra madre del sur del estado de Guerrero que se sigue zanjando. Hay centenas de familias desplazadas que no han podido ser atendidas por las autoridades federales y estatales. Aquí sólo impera la ley de las balas.

Con información de la CMDPDH, Desinformémonos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan