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Liberarlas es justicia: una esperanza para más de tres mil mujeres que no deben estar en prisión

Hoy se presenta la campaña #LiberarlasEsJusticia, una iniciativa que propone establecer un mecanismo legal para liberar a mujeres víctimas de la política de drogas e implementar estrategias para su reinserción social. En Tercera Vía conversamos con dos de sus principales promotoras: Coletta Youngers, Experta en Política Internacional de Drogas y Asesora Principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) así como Isabel Erreguerena, Coordinadora del Área de Políticas Públicas en EQUIS Justicia para las Mujeres.

¿Hay un “impacto diferenciado” en detrimento de las mujeres como consecuencia de la actual política de drogas?

aunque hay más hombres que mujeres encarceladas, las mujeres estaban siendo capturadas a un ritmo alarmante
Coletta Youngers: Definitivamente sí. Nosotros tenemos un proyecto regional que investiga temas de mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Cuando revisamos los datos respecto a las personas encarceladas por delitos de drogas, descubrimos que aunque hay más hombres que mujeres encarceladas, las mujeres estaban siendo capturadas a un ritmo alarmante. Encontramos también que 20% de la población masculina está encarcelada por esa causa, pero que en el caso de las mujeres, la cifra se duplica, con 43%. Por eso decidimos acercarnos a ellas y recoger su testimonio. Resultó que tenían un mismo perfil: provenían de situaciones de vulnerabilidad, precariedad económica y la mayoría eran madres solteras. Esto nos mostró que hay un impacto desproporcionado hacia las mujeres como consecuencia de la actual política de drogas.

¿Cuál es el rol de las mujeres en el narcotráfico en México?

Isabel Erreguerena: La mayoría están encarceladas por delitos de narcotráfico y están acusadas de posesión con fines de comercio o transporte, es decir, son las mal llamadas “mulas”. Casi todas esas mujeres estaban en la parte más baja de la pirámide criminal, lo que verifica que es desproporcionada la afectación de la guerra contra las drogas, pues siendo el eslabón más débil de la cadena, son mucho más susceptibles de una detención. Por otro lado, el 86% son madres y el 78% tiene sólo educación básica. Sus trayectorias son de vulnerabilidad. Dándole seguimiento a esas historias de vida, hemos visto que además la mayoría estaban encargadas de labores de cuidado -lo que dificultaba sus oportunidades laborales- y que muchas vivían en relaciones tóxicas o de sometimiento. Por tanto, no son “las grandes narcotraficantes” que nos pintan en las series, sino que se trata de mujeres que se enfrentan a muchos obstáculos, que son discriminadas y en un punto de su vida acuden a esa salida.

Es importante decir que la mayoría de ellas cometieron delitos no violentos: en un estudio de Catalina Pérez-Correa se muestra que el 90% no cometió delitos con violencia y poco más de 80% no tienen antecedentes penales. Esta idea de que son “delincuentes peligrosas” no tiene sentido. Así mismo, no presentan concurrencia de delitos, es decir, no cometieron otro delito salvo ese, que, repito, no es violento y que no tuvo una víctima directa.

90% no cometió delitos con violencia y poco más de 80% no tienen antecedentes penales
Ahora bien, se trata de personas cuyos derechos fueron violentados al ser detenidas: el 41% de las mujeres capturadas por la Marina aseguran haber sido violentadas sexualmente -en el caso de los hombres la cifra es del 5%-. Por otro lado, las detenciones arbitrarias son la regla: sólo el 1.3% de las mujeres capturadas por el Ejército tenían una orden de aprensión. Esto quiere decir que la única prueba en su contra fue la “flagrancia”, lo que quiere decir que la mayoría son detenciones arbitrarias. Si a esta condición de ser mujeres le sumamos otras identidades, como ser una mujer indígena, una mujer trans, etc., las cosas se complican: a las mujeres indígenas no les permiten tener un intérprete, las obligan a firmar confesiones, etc., mientras que las mujeres trans son llevadas a reclusorios de hombres, en donde son presas de constantes agresiones sexuales.

Ahora, todo esto sólo es durante la detención. Una vez que entran a prisión, son víctimas de más violaciones a sus derechos humanos: como solo hay un centro federal de mujeres, normalmente las llevan lejos de su comunidad, lo que hace muy difícil que sus familiares las acompañen en ese proceso. Por si fuera poco, hay que considerar a lo que se enfrentan cuando son liberadas: es difícil que consigan una identificación oficial, porque les quitaron el derecho al voto, y sin ella no pueden rentar una vivienda. Tener antecedentes penales además les dificulta muchísimo encontrar un trabajo, y generalmente su salud está deteriorada luego de la estancia carcelaria.

¿Cuántas mujeres serían beneficiarias en caso de que logren su liberación?

Isabel Erreguerena: Son más de tres mil mujeres, ya sea que están sentenciadas, procesadas o imputadas. De esa cifra, hay que señalar que solamente 305 casos están llevando el proceso en libertad.


El argumento progresista establece que la acumulación de desventajas y las trayectorias de vulnerabilidad explican la existencia de mujeres que optan por participar en algún nivel del narcotráfico. Sin embargo, es un hecho que muchas personas se sienten inseguras, y creen que aunque esa es una explicación válida, no es una justificación. ¿Cómo sensibilizar a ese sector de la población para que apoye esta iniciativa?

Coletta Youngers: Esa es la pregunta más importante, y creo que la respuesta tiene que ver con el contexto y con las circunstancias, porque si uno mira las razones porque las mujeres participan en el narcotráfico, son casos en que han sido orilladas a ello. Es cierto que interviene una decisión propia, pero muchas veces también hay contextos determinantes, como son los negocios familiares, en donde la mujer se incorpora y participa como si fuera una tarea que forma parte del proceso de cuidados. También hay muchos casos de coerción, en que mujeres son forzadas a participar en negocios ilegales. Agreguemos que los grupos criminales buscan a mujeres en situaciones de vulnerabilidad para reclutarlas, y son mujeres que tienen menos posibilidades de resistencia.

Isabel Erreguerena: Hay que hacernos la pregunta de si la guerra contra las drogas ha hecho de este un país más seguro. Si vemos los resultados de la guerra contra las drogas a nivel nacional, el rendimiento en todas las materias es malísimo. Llenar las cárceles no ha hecho que seamos un país más seguro: basta revisar el pico de homicidios desde que Calderón declaró la guerra, el número de desaparecidos, los casos de tortura, etc. Por otro lado, tampoco ha bajado el consumo. Esa vía es un fracaso.

Llenar las cárceles no ha hecho que seamos un país más seguro: basta revisar el pico de homicidios desde que Calderón declaró la guerra

Cabe señalar que nuestra propuesta es en paquete: proponemos un proceso de liberación que vaya de la mano de mecanismos de reinserción social y de una política de drogas de regulación responsable. De lo contrario no se va a solucionar el problema a nivel estructural.

¿Ven señales de un giro de la política de drogas en México?

Coletta Youngers: Me parece que a pesar de todas las contradicciones del actual gobierno, hay una actitud muy abierta hacia la situación de las mujeres encarceladas. Hay interés real de cambiar las políticas actuales, a pesar de que pueda ser muy difícil en muchas áreas, por ejemplo, en lo relacionado con la militarización del país, que sigue creciendo. Pero yo mantengo el optimismo: creo que podemos encontrar un camino legal para liberar a estas mujeres,y que después habría que intentar que después de este proceso, se necesita una reforma legal para evitar que las cárceles sigan llenándose de personas.

Isabel Erreguerena: Desde EQUIS hemos sido muy críticas hacia la militarización del país, especialmente por los efectos en la vida de las mujeres, por todo lo que hemos platicado: tortura, detenciones arbitrarias, agresiones sexuales, etc. Sin embargo, comparto el optimismo respecto a la posible regulación de la marihuana: los datos del CIDE muestran que cerca del 60% de las personas que se encuentran detenidas por delitos contra la salud son por cannabis. En ese contexto, sería incoherente legalizarla y mantenerlos en la cárcel.

A nivel regional, ¿Existen experiencias similares que puedan servir como referencia para el contexto mexicano?

Coletta Youngers: En relación a reducción de la población carcelaria, creo que desde la Cumbre de Presidentes en Cartagena ha sido un debate constante: en todos los países hay sobrepoblación en las cárceles y encontramos que la razón principal son las duras leyes por delitos menores vinculados a las drogas. Es algo que tiene que ir modificándose.

Por otro lado, en Ecuador en 2008 hubo una experiencia de indulto para personas encarceladas por delitos de drogas cuando éstas cumplían ciertos requisitos. Allí se logró la liberación de dos mil trescientas personas, de las cuales 30% eran mujeres. Otro ejemplo es Bolivia, en donde el Presidente Morales implementó indultos y amnistías, y al final del proceso seis mil quinientas personas fueran liberadas, entre las cuales mil quinientas eran mujeres.Es importante decir que una vez liberadas no se presentó un impacto negativo de aumento de la criminalidad o de inseguridad pública. Cabe señalar que esto se combinó con programas de reinserción y con becas para madres solteras que en conjunto redujeron 84% los casos de mujeres encarceladas por esos delitos. Esto muestra la importancia de esta visión integral del proceso.

Finalmente, Obama también otorgó un indulto a mil setecientas personas y recién hemos tenido la primer iniciativa de ley bipartidaria de reforma en política de drogas desde 1980. Este es un paso mínimo, pero importante, para la liberación de personas que no deberían permanecer en prisión.

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