La reforma electoral: una tarea inaplazable

Por Emmanuel J. M. Gómez

En 2010 se abrieron los foros a los debates en torno a las reformas del Estado. Sin embargo, la regulación electoral quedó intacta. Esto a pesar de que el sistema actual no contempla, por ejemplo, qué hacer en caso de empates, pues aunque se debe resolver en el tribunal la posibilidad de repetir la elección -ya ha habido casos de nulidad de la elección y el tribunal sólo en un caso resolvió repetir la elección en Colima, 2015-, cada elección cuesta  miles de millones de pesos: en 2006, seis mil millones de pesos; en 2012, 8mil millones y en 2018 29 mil quinientos millones de pesos.

Las reglas electorales han sido una inversión cara para la democracia. Se necesita de un mecanismo que rompa empates y que no sea una segunda vuelta; recordemos que la ésta se aplicó en 19 municipios de San Luis Potosí, en 2000 y desde 1997. En aquél entonces, la segunda vuelta provocó la fatiga en el electorado y en la segunda vuelta el gobierno se logró por menos votos que los emitidos en la primera. Por tanto, no es un buen antecedente para promover la participación electoral en México.

De hecho, la regla de mayoría relativa, que es con la que se decide al ganador, es un mecanismo muy elemental para acordar un vencedor de las contiendas electorales, un acuerdo mínimo y en poblaciones pequeñas eso funciona; pero cuando la población es tan inmensa, dicha regla establece que quien tenga más votos gana, situación no representativa, y por lo tanto no-democrática. En ese caso, es más seguro que se fabrique una mayoría mínima que al coordinarse (en partidos políticos) genere una fuerza de movilización electoral tal que sea suficiente para ganar elecciones y generar gobierno. Pero que no alienta -como debería hacerlo- la participación, el debate, el intercambio de ideas y el acuerdo de políticas razonadas.

Las últimas dos elecciones en México han dado lugar a un par de reformas al sistema electoral mexicano: la de 2007, que limita la comunicación de campaña para prohibir campañas negras, la administración estatal de los tiempos oficiales para evitar que medios, dinero de particulares y poder de funcionarios afectaran la contienda y resultado electoral. Y en 2014 nos dimos cuenta que en la ley faltaban (y faltan) precisiones sobre redes sociales, por ejemplo; pero en esa última reforma se atendió la figura de “gobierno de coalición” como facultad del presidente; se renombró a la autoridad electoral y afinaron unos detalles de observancia para la organización de las elecciones locales, el ahora INE es resultado de esa reforma; así como la elevación del 2.5 al 3 % de la votación válida emitida para que los partidos conservaran su registro (situación recientemente manipulada a conveniencia de 3 de 5 partidos que perderían su registro en 2018); el tema de la fiscalización y vigilancia durante la campaña mediante el INE, y por último la causal de nulidad por compra de cobertura informativa en radio y TV; así como la regulación para las consultas populares.

Sin embargo, persiste un vacío que se hace patente al mirar cualquier elección muy competida, con márgenes de voto muy cerrados. Esa es una deuda del 2006, cuando el presidente de los mexicanos ganó por casi medio punto porcentual sobre el segundo candidato, el actual presidente electo de los mexicanos, 2018.

Vemos pues que las elecciones 2018 han traído la oportunidad de la alternancia en el gobierno a una administración de izquierda o de coalición que, al menos en el discurso, entiende la responsabilidad y deuda moral de hacer reformas constitucionales justas en medio de una negociación altamente costosa para más de una parte.

Sin embargo, los cambios requieren de un espíritu republicano que, sin cerrarse al mundo, sepa proteger los intereses de la población y trabajar en el diseño de la democracia y educación de ciudadanos que generen los cambios transgeneracionales que harán de México una democracia, tal cual lo plantea la constitución: un sistema de vida.

¿Será realmente MORENA la fuerza política que, legitimada con mayoría absoluta, pueda servir como un instrumento para la transición a la cultura democrática y procuración de una verdadera ciudadanía, o seguirá el juego de simulación legal de la democracia y sus reglas para convertirse en un Leviatán que nos aplaste?