La Policía Comunitaria de San Nicolás: ¿Una respuesta a la ineptitud y corrupción del Estado?
Texto y registro fotográfico Paloma de Dinechín.
La Casa de Justicia de San Nicolás existe desde el 2012 y forma parte de un sistema más amplio de justicia comunitaria que nació hace 23 años en Guerrero. Este fue un proceso revolucionario en una zona azotada por la violencia, la impunidad y la ineficacia de la policía federal y municipal. Y es así es como se creó la organización de la población civil alrededor de un sistema de justicia autónomo, al margen del Estado, ese que no logró nunca garantizar la protección de sus ciudadanos.
Esta utopía inicial significó un importante avance en el empoderamiento popular, ya que permitió al pueblo tener un lugar en donde reclamar justicia: antes de que funcionara este sistema, en caso de robo de ganado a los campesino sólo les quedaba callarse para no sufrir represalias.
Sin embargo, este proceso ha tenido luces y sombras. Uno de los casos recientes es el de una persona que ahora labora como parte de la policía comunitaria, al que un día le robaron su teléfono, y que en respuesta, golpeó a su asaltante. Después de denunciar el delito, fue obligado a pagar 5.000 pesos a la persona que agredió y además terminó encarcelado. La condena fue una decisión de cuatro coordinadores que junto con los policías comunitarios, evaluaron el daño que sufrió la víctima. Cabe destacar que estas cuatro personas son siempre las mismas y no hay relevos, lo que crea un problema de imparcialidad.
Así es como funciona en general el sistema de justicia comunitaria, aunque en San Nicolás tiene una particularidad.
En 2014, un conflicto con Eliseo Villar, uno de los coordinadores, condujo a la desarticulación de la organización local de San Nicolás frente al sistema regional guerrerense, lo que tuvo efectos indeseables, como por ejemplo, la inexistencia de un reglamento y las nulas garantías para rendir cuentas a estructuras superiores.
Es así como a cinco años de existencia, el sentido de la policía comunitaria de San Nicolás se transformó y se alejó del respaldo popular que le otorgaba su legitimidad y su razón de existir: ser la voz del pueblo. Esto se puede explicar por la desvinculación de este sistema a espacios desde donde emana su esencia comunitaria. Efectivamente, este sistema de justicia alternativa no se asimila a otras experiencias regionales vinculadas a asambleas populares u organizaciones campesinas. Durante dos meses, las supuestasasambleas populares que le dan legitimidad al proceso de justicia comunitaria en San Nicolás, no tuvieron lugar. Y es así como los policías comunitarios, que deben estar al servicio de la población, olvidan lo que les dio origen.
En los últimos dos meses, cinco policías municipales se han pasado a la policía comunitaria, aunque integrarse a ella no siempre se da por la voluntad de estar al servicio del pueblo -como se podría imaginar-. Un ejemplo significativo es el del comandante local, quien estuvo 10 años en California hasta que lo deportaron por cometer algunos delitos.
Asimismo entrar a la PC-CRAC no siempre se da por la voluntad de estar al servicio del pueblo -como se podría imaginar-. Un ejemplo significativo es el del comandante local, quien estuvo 10 años en California hasta que lo deportaron por cometer algunos delitos.Al volver a San Nicolás me confesó que: “quería crear mi gran pandilla en San Nicho como en Estados Unidos, ser chingón, que el pueblo me conozca”. Con esta misma lógica de búsqueda de reconocimiento se integró a la policía comunitaria. Sus palabras también sirven para comprender otro fenómeno, el de la influencia estadounidense, que es fuerte en San Nicolás, pueblo que mantiene con el país vecino un intenso flujo migratorio encarnado en la vida de sus habitantes y en parte de sus familias que cruzaron al norte.
“Nosotros somos la ley”
La representación que proyectan de sí mismos los policías comunitarios es ambivalente: estuvimos viendo una noche de guardia la película “Sangre por Sangre”, en la que uno de los pandilleros se convierte en policía y persigue a sus antiguos compañeros de cuadrilla. Al verla, los policías de San Nicolás se sentían identificados con el grupo de pandilleros, quienes decían “nosotros somos la ley”, frase que formaba parte del repertorio cotidiano de alguno de ellos. Este lema se opone fundamentalmente a lo que se imaginó en un inicio sería la policía comunitaria, es decir, un organismo al servicio del pueblo y subordinado a los intereses colectivos.
Ahora bien, un profundo problema es el financiamiento. Al no tener reconocimiento estatal la policía comunitaria tiene que buscar sus propias fuentes de ingresos. Encarcelar tiene una ganancia: los presos en San Nicolás tienen que pagar mil pesos en lo que llaman “la puerta”, que es la salida de prisión. En Guerrero, esa cantidad de dinero representa una semana de trabajo para un campesino. Otra forma de financiamiento es la apropiación de un 10% del dinero devuelto a una persona a la que se le brindó justicia. Ante esto, las formas tradicionales de financiamiento, como las donaciones o la participación voluntaria, son secundarias en San Nicolás.
Y es que a pesar de estos problemas, la alternativa estatal, famosa por su ineficacia extrema y por su criminalización a las víctimas, no es una opción realista en San Nicolás. Específicamente, la experiencia de la prisión en la Casa de Justicia se opone frontalmente a la vivida en una prisión convencional. Los presos pueden desayunar con sus familiares, recibir comida y eventualmente ser enviados para mandados o a elaborar la comida. También se les asigna esporádicamente algún trabajo comunitario, el cual puede ir desde reparar los baches de la carretera a limpiar la Casa de Justicia.
La mayoría de los presos, una vez liberados, conviven sin rencor hacia sus captores. Son conscientes que debían dinero, que cometieron un robo y que la pena de prisión que obtuvieron es el resultado de sus acciones ilegales o de transgredir la norma comunitaria.
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La prisión que pueden ver en las fotos es de seis metros cuadrados y en ella ocho prisioneros están actualmente encarcelados. También hay una prisión de mujeres, como muestra la fotografía, con dos personas presas.
Esta representación se opone a la que se exhibe en las exposiciones de los consejeros regionales de la PC-CRAC a las que he podido asistir, por ejemplo, en el Foro de los Movimientos Sociales de Guerrero, realizado hace casi un mes.
Ellos hablan desde una perspectiva de las policías comunitarias aún vinculadas al sistema regional de justicia, pero su discurso es sumamente alejado a lo que he podido observar en San Nicolás. Aun así, los policías comunitarios de esta localidad se visten con las mismas gorras y la misma playera que el resto de policías comunitarios del Estado de Guerrero. Esto no permite identificar claramente a quienes pertenecen al sistema de justicia comunitaria y a los que solo usan la imágen de la policía comunitaria, para ser todopoderosos. No obstante, aunque se esté realizando un acercamiento entre dicho sistema de justicia comunitario y San Nicolás, es muy pronto para decir si ello de verdad cambiará el funcionamiento de la policía comunitaria en este lugar.
POSDATA
Con este artículo no quiero poner en cuestión el aporte regional del sistema comunitario de justicia. Considero que este es fundamental en un Estado como Guerrero. En lugar de eso, he querido profundizar en las prácticas cotidianas de una experiencia que se ha alejado de su utopía inicial y frente a la cual lo comunitario, extremadamente esencializado por muchos estudios, se desdibuja.
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