Lo Público: El caso de los contratos de protección

Amelia es una de tantas mujeres que vive en condiciones de sobrevivencia en Ciudad Neza, Estado de México. Luego de ser policía y sufrir una agresión con arma de fuego que lesionó su vientre, cambió de trabajo buscando un menor riesgo. Sin embargo, el mercado laboral no le ofrecía muchas opciones y se enlistó en una empresa de limpieza, de esas que abundan prestando servicios en gran medida a instituciones del sector público. Una noche de diciembre, luego que el gran público había dejado el centro comercial en el que ocasionalmente le tocaba trabajar, la pulidora que manejaba cayó en su pierna izquierda, destrozando su rodilla. Hasta ese momento, Amelia se dio cuenta que no contaba con seguro social, a pesar de que mensualmente le descontaban 2 por ciento de su salario para una organización sindical y de que había firmado un contrato colectivo de trabajo.

Amelia trató de luchar contra esta empresa para hacer valer sus derechos laborales y poder contar con atención médica y los beneficios que por ley corresponden a una persona que se ha lastimado en funciones propias de su empleo. No logró nada, tuvo que renunciar para recuperarse, como pudo, en casa, la cual comparte con otros 8 integrantes de la familia. Tan pronto como pudo trabajar, se enlistó en otra de estas empresas para continuar laborando jornadas extenuantes por el salario mínimo. Hoy día, a 10 años de su tragedia, Amelia sobrevive dentro de este submundo laboral mayoritariamente femenino, sin esperanza de que algún día pueda acceder a su derecho a la jubilación pues, como en aquella ocasión, hoy día sus condiciones laborales siguen siendo las de millones de mexicanos y mexicanas que trabajan bajo el esquema de subcontratación, el cual se precariza por los llamados contratos de protección, contratos colectivos de trabajo que los sindicatos venden a empresas, garantizando que a pesar de las condiciones infrahumanas de sus trabajadoras y trabajadores, no habrá huelga ni intervención alguna por parte de la organización sindical para garantizar derechos laborales.

La precarización del empleo en México es una realidad desde la década de 1980, cuando el modelo económico cambió del de sustitución de importaciones al de libre mercado y con ello las reglas del juego laboral, aunque no escritas sí en la práctica. Muchas personas dirán que el número de empleos formales aumentó pero bajo qué condiciones y beneficiando a quién, ese es el meollo del asunto. Por ello, en estas fechas que se conmemora en Día Internacional del Trabajo, es oportuno sacar a relucir una investigación que hace una década realicé para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores en la que quedó al descubierto como personajes de la política del rango de senadores, como el priísta Carlos Aceves del Olmo dirigente de la CTM y tres veces diputado federal, se enriquecían fomentando sindicatos “charros” que hacen grandes negocios protegiendo a empresas que explotan a hombres y mujeres a cambio de una cuota mensual y del pago del 2 por ciento del salario de cada trabajadora y trabajador.

No solo esto, las y los dirigentes políticos involucrados en la precarización del empleo, también son empresarios, sus hijos son propietarios de grandes empresas de limpieza. Así, mientras ellos y ellas se suben al púlpito de la clase política a discursar derechos laborales para todas las personas, sus parientes se enriquecen de la miseria de la clase trabajadora. En la investigación en mención, queda documentado cómo dichos sindicatos reportan 200 o 300 trabajadoras y trabajadores a la junta de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México, en donde se concentra el 50 por ciento de estas empresas, mientras sus personas agremiadas en la realidad se cuentan por miles, muchas de ellas subcontratadas en instituciones públicas como la Secretaria de Hacienda o la de Desarrollo Social, colmo del cinismo de un gobierno que desde hace décadas da contratos al por mayor a empresas que ofrecen los costos más bajos o que tienen vínculos políticos sin corroborar que las personas que trabajan gocen de sus derechos más básicos.

Las y los dirigentes políticos involucrados en la precarización del empleo, también son empresarios, sus hijos son propietarios de grandes empresas de limpieza.

Al reportar menos trabajadores y trabajadoras ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, estas empresas no sólo evaden el pago de utilidades de miles de trabajadores, sino el pago de cuotas a instituciones como el IMSS o el INFONAVIT. El negocio es redondo, se apropian de la mano de obra barata, lucran con la miseria de miles sin ofrecer valor agregado alguno a sus servicios más que la precarización del empleo. Así, queda claro que este modelo económico implementado en un país sin ley, en donde las relaciones políticas marcan la pauta para el nivel de lucro y enriquecimiento, no es más que otra afrenta para la construcción de lo público en México. El libre mercado sólo ha sido libre para aquellos que sostienen un yugo de dominación sobre la gente, para aquellos que se sirven de un capitalismo de cuates, como lo popularizó en México Denise Dresser. Aprovecharse de las relaciones políticas para torcer la ley y beneficiarse a puños de la desgracia nacional: la corrupción, uno de los principales problemas de nuestra pobre y débil democracia.

Si usted quiere consultar mi tristemente vigente investigación sobre contratos de protección en México, puede hacerlo en este link.