La Defensoría Pública en la nueva justicia en México.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto para reformar la Ley de la Defensoría Pública, en específico su artículo 29 para lograr dos cosas sustanciales que “se publique en la página de internet del Instituto de Defensoría Pública el Informe Anual de Labores así como establecer un padrón de Defensores Públicos de carácter público que contenga los datos de los abogados y pasantes acreditados por el Instituto”.

En ese marco la Comisión de Justicia consideró atinada la iniciativa que presentó ante el Congreso de la Unión quien firma estas líneas; se trata de lograr un doble ejercicio de transparencia, el primero para conocer quiénes son los funcionarios responsables de establecer la defensa de una persona en un proceso penal al contener los datos de los abogados acreditados por el Instituto, y por otra que el público se entere de primera mano de las actividades que realiza el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Ahora queda en manos de la Cámara de Senadores analizar y en su caso aprobar esta reforma a fin de que podamos avanzar en todo el país en un mayor conocimiento ciudadano sobre los defensores públicos que en el marco del debido proceso tienen hondas responsabilidades toda vez que las personas con menores posibilidades económicas dependen de forma sustantiva de esta defensa en casos penales. Los institutos estatales de defensoría pública de las entidades federativas en su caso habrán de realizar ejercicios similares para que esta información sea horizontal en la República.

El derecho humano al debido proceso es una expresión de nuestra civilización, se trata de proteger al inocente, de reparar el daño, y de evitar la impunidad a través de procesos penales abiertos, a la vista de todos, y en presencia de un juez en cada audiencia que afecte derechos de las víctimas y de los imputados.

Habría de señalarse que en nuestro país la labor de las defensorías públicas es relevante y concentra en el esfuerzo de personas abocadas a la defensa técnica de quienes por distintas circunstancias enfrentan un proceso penal; también es cierto que la defensoría pública es una de las instituciones con mayores retos en infraestructura,  tecnologías de la comunicación y la información y personal, y recordar también que por décadas las remuneraciones del personal distaron de ser equitativas con respecto a otros funcionarios del sistema de justicia. La reforma constitucional del año 2008 evidenció la situación antes descrita y por ello las entidades del país  realizan esfuerzos para modernizar la defensa pública, que dicho sea de paso, en nuestros días muestra un conocimiento mayor sobre el sistema de justicia penal acusatorio.

Saber quiénes nos defienden en un proceso penal es un tema mayor para las personas y sus familias, como también lo es fortalecer los mecanismos para conocer qué se hace, cómo se hace y con qué resultados. La transparencia en el ejercicio de las funciones del sistema de justicia abona a la vida democrática, nutre del debate público y hace que la justicia se convierta en un tema relevante y de conocimiento en la vida concreta de nuestra sociedad.

Debemos avanzar en publicitar las acciones que realizan las instancias responsables del sistema de justicia para avanzar en un debate público informado y especializado, donde se precisa la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, de los colegios y barras de abogados, de los analistas y expertos, así como de los centros de educación superior.

Hoy el sistema de justicia penal es púbico y transparente, y se requiere renovar el debate para que las personas conozcan la nueva justicia que se procura e imparte en México. El nuevo sistema de justicia penal implica un cambio cultural en que debemos participar para lograr afianzar este cambio de paradigma, hoy el sistema de justicia ofrece nuevas respuestas, que deben ser conocidas por la ciudadanía, y ello exige que las instituciones contribuyan con diferentes esfuerzos a dar a conocer sus funciones y resultados en un lenguaje ciudadano.

Que un sistema penal sea nuevo es motivo para procurar su legitimidad y pertinencia, más aún cuando en México dejamos atrás  la concepción de que la cárcel es la única respuesta; ahora existen varias salidas a un proceso penal que nos sitúan en un momento de modernización de la justicia, se trata de que imputados y victimas del delito puedan acudir a la ley en condiciones de igualdad, para avanzar en una cultura de paz  que reconstituya el tejido social.