Lo nuevo y lo viejo de la elección del ITEI.

José Bautista Farías[1]

El pasado 25 de agosto el Congreso del Estado eligió a Pedro Antonio Rosas Hernández y a Salvador Romero Espinosa como comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei), el primero para un periodo de cinco años (se le vincula con MC) y el segundo para cuatro (se le asocia con el PAN). La presente designación, a diferencia de los anteriores procesos, incorporó como novedad la intervención del Consejo Consultivo del ITEI (CCI), integrada por ciudadanos, quienes invitaron a especialistas a formular las preguntas y calificar el examen. Como es del conocimiento público, se realizaron tres exámenes debido a que en el primero y en el segundo no se alcanzó el número mínimo de comisionados para el cargo: dos titulares con sus respectivos suplentes.

La novedad de la designación no consistió sólo en lo anterior (que ya se había realizado en las dos últimas elecciones de comisionados), sino en la apertura y transparencia en una parte importante de este proceso: a) se dieron a conocer los criterios para la invitación a los especialistas; b) se transmitieron en vivo vía Internet la aplicación del examen y las sesiones del CCI; c) se dieron a conocer los resultados al término de su calificación (en el segundo y tercer examen); d) se abrió un espacio para atender las reclamaciones y  quejas  de los aspirantes para posibles correcciones; e) se atendieron las solicitudes de información sobre el proceso, entre otros.

Sin embargo, además de los errores y la falta de previsiones del aspecto político por parte del CCI, el proceso también enfrentó los viejos vicios de siempre de parte de los actores políticos representados en el Congreso; me refiero al reparto de cuotas partidistas al momento de la designación. Esto explica, en parte, por qué el primero y segundo examen de los aspirantes a comisionados del ITEI se invalidaran, ya que los aprobados no resultaron de agrado de los partidos políticos, no obstante haber aprobado el examen y –en sentido estricto- cubierto los requisitos establecidos.

La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), capítulo Jalisco -en un comunicado del 29/08/2016- cuestionó a los partidos su intromisión en este proceso, ya que en su opinión violentó el cariz ciudadano de la convocatoria, incluyendo obviamente la autonomía de este organismo, además de la legalidad del proceso, ya que el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que “En los procedimientos para la selección de los Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y participación de la sociedad.” La Amedi-Jalisco también criticó el desdén de los diputados en las rondas de entrevistas de los 21 aspirantes al cargo, así como la poca valoración de éstos hacia el trabajo del CCI.

¿Es posible garantizar la autonomía política en los organismos autónomos cuando los partidos terminan decidiendo quién los dirige?; ¿tiene sentido participar en una elección de comisionados –en este caso del ITEI-, en donde los partidos al final acuerdan tomando en cuenta sus intereses políticos violentando el espíritu de la ley? Mientras los partidos políticos resuelvan con base en criterios de cuota, priorizando sus intereses políticos, no tendremos organismos con autonomía plena y la participación de los ciudadanos en estos procesos sólo tendrá sentido en la medida que ponga límites a la mezquindad y avaricia de los partidos en la designación de estos cargos, así como transparenten y rindan cuentas de estos procesos.

Anteriormente, uno de los criterios más fuerte que imperaba en la designación de los comisionados del ITEI, era la cercanía y subordinación política con los partidos. Ahora se impone la aprobación de un examen de conocimientos diseñado por expertos, que aunque limitado, no deja de ser un filtro para la ocupación de estos cargos. El avance si bien es mínimo, al menos exige cierto nivel de instrucción en un campo relativamente nuevo. Falta mucho para asegurar mecanismos y procedimientos que nos permitan mayor grado de autonomía en la elección de la autoridad máxima en este tipo de organismos. Esto sólo será posible en la medida en que más ciudadanos organizados presionemos y nos ocupemos de ciertos aspectos que son vitales para el ejercicio del gobierno. No basta con modificar sólo los procedimientos normativos, hay que vigilar su cabal cumplimiento y exigir rendición de cuentas del desempeño de las instituciones públicas, independientemente de quién esté al frente de éstas. Sólo así haremos que los viejos vicios abran paso a lo nuevo.

[1] Académico del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO, miembro de CIMTRA Jalisco.