3 de 3: el avance que no quiso ser

La semana pasada los legisladores del PRI-PVEM-PNA-PES formando mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron la popularmente llamada, Ley 3 de 3, entre otras iniciativas de ley que constituyen el Sistema Nacional Anticorrupción, un gran avance en el combate a la corrupción. Más de 600 artículos aprobados y reformados.

Entre los grandes avances de aprobar la ley 3 de 3 está la tipificación de la corrupción y la propuesta de sanciones ejemplares a funcionarios públicos corruptos, como la publicación de un Registro Nacional de Funcionarios Corruptos, como una especie de lista negra de funcionarios que por ser corruptos ya no podrán trabajar en la función pública, lo que me parece ejemplar.

Entre otros avances sustanciales en la materias están los siguientes, expresados en un comunicado de la Sociedad Civil:

“Dentro de los avances logrados, están i) el fortalecimiento de pesos y contrapesos a través de la coordinación entre instituciones que se ocupan conjuntamente de prevenir, investigar, corregir y sancionar los actos de corrupción, con la participación de ciudadanos que presidirán el Sistema Nacional Anticorrupción; ii) la existencia de mecanismos seguimiento y evaluación capaces de generar inteligencia institucional para corregir las causas que generan los actos de corrupción y; iii) la creación de un secretariado técnico robusto capaz de producir y gestionar información necesaria para evaluar la política nacional anticorrupción y emitir recomendaciones de mejora.”

Sin embargo, el gran avance que la ley 3 de 3 significa se ve opacado por la discusión de dos simples artículos: el 29 y el 32, ambos hablan sobre las 3 declaraciones: fiscal, patrimonial y de interés. El primero sobre la publicidad limitada de las mismas declaraciones, donde si bien se establece la obligación de los funcionarios públicos, también se determina que estas no serán públicas sino que será un comité ciudadano el que determine la prudencia de hacerlas públicas, apelando al respeto de la vida privada. El segundo artículo habla de la obligación de hacer públicas las tres declaraciones a empresarios y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos.

Sobre este tema quisiera hacer algunas declaraciones:

• Si los diputados y senadores comunican temor de publicar sus pertenencias por ser sujetos de un acto de violencia, como el robo o secuestro, el mensaje que mandan a la ciudadanía es en demasía, negativo, se trata de un mensaje de desesperanza y resignación: ni los diputados pueden hacer algo con la inseguridad.
• En segundo lugar, si un funcionario público asume la responsabilidad de formar parte sustancial de la vida pública, recibir un sueldo del erario público y ser sujeto del escrutinio público, todas sus acciones y movimientos se convierten en públicos, de no estar de acuerdo, las puertas de la renuncia están abiertas.
• En tercer lugar, la obligación de publicar a cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos su 3 de 3 es excesiva y atenta contra el desarrollo y crecimiento del país, si bien se deben vigilar a los empresarios que realizan grandes contratos con el gobierno, para eso son las 3 declaraciones que tendrán que hacer públicas los altos funcionarios, para identificar nexos con grupos empresariales y observar el comportamiento del funcionario para beneficiar esa relación empresarial. Exigirle las 3 declaraciones a cualquier persona física y moral que reciba recursos públicos excede y desvirtúa el propósito de la reforma, desincentiva la participación de pequeños empresarios en el cogobierno e incluso castiga a académicos que reciben becas públicas para realizar su función.
• En cuarto lugar, de no hacer públicas las declaraciones la reforma iría en sentido contrario, el propósito de esta publicación es vigilar los intereses de todos los funcionarios para que no se repitan relaciones tan peligrosas como las de EPN y el grupo Higa; mientras que la declaración patrimonial permite identificar a funcionarios que utilizan su posición pública para enriquecerse de manera ilícita e ilegal, en ese sentido además de las sanciones formales, los ciudadanos tendrán herramientas para ejercer un voto informado, en el fondo se trata de consolidar la democracia.

En ese sentido hay que reconocer el gran avance, pero también solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que vete la ley en los términos que se aprobaron, las 3 declaraciones deben ser públicas en su máxima expresión y no en lo que un comité ciudadano determine y no deben ser castigados actores empresariales y ciudadanos, en lo que parece una especie de revanchismo entre Coparmex y legisladores. De lo contrario la ley 3 de 3 sería el avance que no quiso ser.