Bettina Cruz, activista perseguida en México por lucha ambiental


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Lucila Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), y opositora a la instalación de parques eólicos en esa región fue detenida hace cuatro años por elementos de la Policía Federal Ministerial por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de atentado contra el consumo y la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad.

Las acusaciones vinieron de parte de la Comisión Federal de Electricidad, luego de que en una manifestación, Bettina llamó a no pagar los recibos. Según las autoridades federales, Bettina Cruz fue denunciada el 13 de abril de 2011, luego de que “un grupo de personas, presuntamente encabezadas por la inculpada, tomaron las oficinas de la CFE ubicadas en el kilómetro 821 de la Carretera Panamericana, colonia Felipe Pescador, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y presuntamente por órdenes de la indiciada se impidió el acceso y salida del personal de dicha institución; asimismo, habría incitado a los manifestantes y al público en general a no pagar el servicio de energía eléctrica”.

En su momento Amnistía Internacional (AI) advirtió que la detención pudo haber sido realizada con cargos falsos y para obstaculizar su trabajo como defensora de los derechos humanos.


Aunque Bettina obtuvo su libertad casi de manera inmediata por medio de una fianza, desde ese entonces comenzó una lucha por comprobar su inocencia. Tras cuatro años de proceso judicial, fue absuelta por el juez sexto de distrito de Salina Cruz Oaxaca. Este caso es representativo de la criminalización contra los defensores y defensoras comunitarios y de la evasión de la responsabilidad del Estado mexicano en materia de protección a personas defensoras.

Apenas el mes pasado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) denunció la persecución contra defensoras ambientales que se oponen a la construcción de proyectos eólicos en el Istmo de Tehuantepec, hecho que coloca a Oaxaca como el estado del país con el mayor número de agresiones a quienes defienden la tierra, el territorio y los recursos naturales.

Los integrantes del Pueblo Indígena Binnizá del Istmo, ente ellos Bettina, denunciaron que los ataques contra activistas se han exacerbado a raíz del amparo que concedió la suspensión definitiva del proyecto Eólica del Sur.

Debido a amenazas de muerte sistemáticas, y a pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Oficina para la defensa de los derechos humanos del gobierno del estado de Oaxaca y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Bettina se vio obligada a salir del municipio de Juchitán de Zaragoza con sus hijas. A finales de 2012, acudió al Mecanismo de Protección, el cual determinó entonces que la defensora se encontraba en “alto” riesgo.

El Mecanismo definió crear las condiciones de seguridad necesarias para el regreso de Bettina y su familia a la comunidad y para que la Asamblea de los Pueblos pudiera realizar sus actividades sin riesgo. Determinó también que la investigación de las agresiones en contra de la defensora se realizara por parte de la PGR y se reconociera la labor de las personas defensoras por parte del gobierno de Oaxaca. Sin embargo, a la fecha nadie ha sido procesado por los ataques contra Bettina Cruz, ni ha habido un reconocimiento público de la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos, a pesar del compromiso de las autoridades.

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Con información de Boca de Polen, Proceso La Jornada y Animal Político.

 


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