La contingencia ambiental y el ecocidio como política de desarrollo

Hay motivos para ser pesimistas en una Ciudad como el Distrito Federal. La CDMX, como le han nombrado recientemente, se debate en una agónica lucha que sin duda está perdiendo ante la obnubilación de los urbanistas que operan las políticas de desarrollo implementadas por el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Obras permanentes que se imponen sin tomar en cuenta los efectos ambientales, son posibles solo si se entiende que la mayor parte de los estudios de impacto ambiental están hechos a modo y es tan solo uno de los esquemas en que la permanente y cotidiana corrupción opera en este país.

A penas la semana pasada padecimos la alarma de la contingencia ambiental que supuestamente se contuvo dando gratuidad en el transporte público, algo que aparentemente solo sirvió para colapsar (todavía más) los sistemas de transporte. Lo cierto es que no hay políticas innovadoras en materia de vialidad; el apoyo a los ciclistas es insuficiente como para que más personas que hacen trayectos de corta y mediana distancia opten por ese sistema de transporte; no hay regulación efectiva en los medios de transporte públicos que son altamente contaminantes (combis, camiones y microbuses); el sistema de verificación solo ha servido para alimentar otro brazo de la corrupción con el famoso “brinco”; el hoy no circula resulta ineficiente en tiempos donde el “desarrollo” tradujo ese sistema de contención en un mecanismo para fomentar la adquisición de otro auto para darle la vuelta; y el nuevo reglamente de transito, que solo fomenta la de por sí cotidiana corrupción, ha molestado tanto que ingenuamente se le señala como culpable del colapso ambiental.

Y si esto fuera poco, hay que sumarle el ecocidio permanente producido por las políticas de gentrificación y los megaproyectos dentro de la mancha urbana. En este sentido, es que vecinos de diversas colonias (Florida, Crédito Constructor, Actipan, Acacias, San José Insurgentes e Insurgentes Mixcoac) acusaron a la Secretaría de Obras y Servicios de “realizar un verdadero ecocidio durante los días de semana santa por la construcción de un túnel en Barranca del Muerto y Río Mixcoac, ya que se pretenden talar más de mil árboles, en una obra cuyo beneficio es cuestionable y el costo muy alto” [1].

De acuerdo con la activista de la colonia Florida, Raquel Rodríguez, existe un incumplimiento de acuerdos por parte de la secretaria de gobierno, Patricia Mercado, quien acordó en reuniones que “la obra afectaría a 550 árboles y a la fecha han sido derribados 555 y en esta semana santa se pretendería derribar por lo menos 420 más; el daño es muy alto y no se han señalado cuales son las acciones de mitigación” [1]. Por otra parte, Rosa Eugenia Chávez, integrante del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, hizo un llamado a Miguel Ángel Mancera, para que se detengan inmediatamente las obras y se revele el número de árboles afectados por la construcción, así como que la Procuraduría del Medio Ambiente intervenga para hacer una revisión integral de la factibilidad ambiental [1].

El problema, realmente dramático, es que las movilizaciones vecinales son insuficientes y la empatía con la naturaleza es poca en un espacio urbano como este, donde la atomización y la falta de contacto con lo esencial es permanente. Hay que pensar el alcance de los recursos legales para frenar un problema como este, en un país que se caracteriza por sus altos índices de corrupción e impunidad. Solo hace falta voltear a Tajamar, algo que yo llamo el Ayotzinapa de la Naturaleza, para entender como opera el sistema ecocida; privatización, despojo y acumulación como eje de acción, consultorías ambientales corruptas para validar el atropello, instituciones que validan el crimen (se podría decir que la Profepa actúo como la PGR en el caso de los normalistas desaparecidos) y una sociedad que aunque todavía muestra señales de empatía y capacidad de movilización sigue sin entender que las soluciones no vendrán de las instituciones. No es suficiente la protesta, aunque sea muy saludable y urgente, es tiempo de plantear alternativas de transporte, alimentación y consumo (o sumarse a las miles que ya existen). Quizá ya no haya tiempo y el colapso sea imparable, pero mirar el proceso sin actuar es cuando menos validarlo.

[1] Con información de La Jornada