Combate a la corrupción, iniciativa ciudadana.

José Bautista Farías[1]

En la percepción de los mexicanos la corrupción en el gobierno federal ha aumentado en un 42%, contra un 9% que opina que ha disminuido y un 45% que sigue igual. El 66% de los ciudadanos califica como mal la forma en que el Presidente Enrique Peña Nieto está combatiendo la corrupción y el 93% de los líderes también lo califica como desfavorable (Reforma, 1/dic/2015). En esta misma encuesta es revelador que el funcionario peor evaluado del Gabinete federal sea Virgilio Andrade (con 2.5 de 10), Secretario de la Función Pública responsable del combate a la corrupción en la administración pública federal.

Durante muchos años, México ha obtenido bajas calificaciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional. Según este organismo, más de 6 mil millones de personas viven en países con un grave problema de corrupción. En 2015, México obtuvo la calificación de 35 (de cien), ubicado en el lugar 95 de 167 países evaluados, por debajo del Panamá, El Salvador (ambos con calificación de 39),  Cuba (47), Chile (70) y Uruguay (74). La calificación más alta que ha logrado México, otorgada por este organismo, fue de 37, con Vicente Fox y la más baja de 26 con Ernesto Zedillo. De acuerdo con la encuesta Latinobarómetro 2015, Enrique Peña Nieto obtuvo 61% de aprobación, el más bajo de los presidentes de Latinoamérica (Nicolás Maduro, de Venezuela obtuvo 64%).

Según  Irma Eréndira Sandoval, la fórmula de  la corrupción es igual a opacidad, más impunidad, menos participación ciudadana. En las convenciones internacionales sobre el tema, se ha reconocido la necesidad de incorporar a la sociedad en la prevención y lucha contra la corrupción, dado que se reconoce la insuficiencia del Estado y de la clase política de los países para hacer frente por sí mismos a este fenómeno (ver artículo 13 de la Convención de la Naciones Unidad contra la Corrupción,  Mérida, dic/2013).

Recientemente en México, diversas organizaciones civiles y académicos promueven la iniciativa de Ley General de Responsabilidades Administrativas, denominada 3 de 3, en la que se reconoce la complejidad de la corrupción como problema público. Se afirma que la corrupción se presenta necesariamente en sujetos que tienen una posición de poder desde donde influyen en los decisores que violan deberes propios de su posición en la gestión del interés público, con el fin de obtener beneficios indebidos. Hay pues una apropiación del poder recibido y una violación del deber en la que participan individuos y redes vinculados al poder público y privado. Para Mauricio Merino la corrupción es la apropiación privada de lo público.

Esta es una iniciativa de todos: firma en @ITESO y @ComCoparmex #Ley3de3 pic.twitter.com/mnyCH8Au9f

— Cimtra Jalisco (@CimtraJalisco) febrero 18, 2016

Varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y ciudadanos que trabajan en el combate a la corrupción en México han señalado que la Ley General Anticorrupción debe considerar: i) que en la corrupción hay conductas individuales y de redes; ii) que estas redes se organizan para obtener un provecho personal afectando el interés y patrimonio público; iii) que la evidencia de este provecho ilícito no debe buscarse sólo en los procedimientos administrativos sino en el enriquecimiento inexplicable de los involucrados y familiares; iv) que no existen incentivos suficientes ni mecanismos adecuados para que la sociedad vigile la actuación de los servidores públicos contrarias a derecho[2].

La iniciativa 3 de 3 propone la obligación de presentar las declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de manera periódica y pública, así como un marco de responsabilidades único para todo el país en los tres órdenes de gobierno y organismos autónomos y mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima. Plantea también sanciones severas para los servidores públicos que cometan actos de corrupción y una mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y sancionar estos, entre otras acciones.

En Jalisco varias organizaciones civiles como CIMTRA-Jalisco, la Amedi-Jalisco, Jalisco Como Vamos, Coparmex-Jalisco, el Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno de Puerto Vallarta, Wikipolítica y universidades como el ITESO y el ITESM, entre otros,  se han sumado en apoyo a la iniciativa 3 de 3, que tiene como meta reunir 120 mil firmas para presentarla al congreso federal. Tu puedes participar con tu firma y apoyando que otros lo hagan, infórmate en www.ley3de3.mx o escribe en contacto@ley3de3.mx

[1] Académico del ITESO, miembro fundador de CIMTRA-Jalisco.

[2] Ver Manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, 16-09-2015.