Existen 199 policias comunitarias y grupos de autodefensa en México.

Uno de los legados de la Guerra contra las Drogas que inició Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto ha sido la pérdida de espacios por parte del Estado. Cientos de comunidades hoy en día han sido tomadas por miembros del crimen organizado desplazando a las autoridades locales y usurpando sus actividades de gobierno. En lugares como Michoacán, Guerrero o Veracruz son los grupos del crimen organizado quienes gobiernan.

Cómo respuesta ante la imposición del crimen en las localidades y en consecuencia de la ausencia del Estado, la sociedad civil ha buscado nuevas formas de protegerse del crimen organizado. Durante los últimos años el país ha experimentado la emergencia y crecimiento de policías comunitarias y de grupos de autodefensas en todo el territorio nacional.

El ejemplo más claro de esto han sido los grupos en Michoacán que junto con las fuerzas de seguridad del Estado pudieron acorralar al grupo criminal de “Los Caballeros Templarios” y capturar a su máximo líder “La Tuta”. Este caso de “éxito” fue aprehendido por distintas comunidades tanto en Michoacán como en otros estados del país, y han puesto en práctica acciones similares en favor de la “seguridad” de las personas.

De acuerdo con información de Lantia Consultores, entre 2013 y 2015 en el país se ha registrado la presencia de 199 grupos entre policías comunitarios y autodefensas.  Los estados de la república que tienen más presencia de este tipo de agrupaciones son Guerrero, Michoacán e Hidalgo.

Un aspecto preocupante que ha originado el vació de poder en varias regiones del país ha sido no solo la creación de policías comunitarias o grupos de autodefensa sino agrupaciones relacionadas a grupos paramilitares o con el mismo crimen organizado. Los estados que tienen presencia de paramilitares o grupos de “autodefensa” pero vinculados con bandas criminales son Guerrero, Michoacán, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco y Jalisco.

Este esparcimiento de grupos civiles de “seguridad” conlleva una gran preocupación para la ya débil estabilidad y seguridad del Estado. Además de ser una violación a la Constitución mexicana, contar con grupos armados que no respondan a ninguna autoridad, puede generar mayor violencia e inseguridad como lo ha demostrado el caso colombiano. Es necesario que las autoridades tomen cartas sobre el asunto y busquen las formas de fortalecer la presencia del Estado a todos aquellos lugares en donde bandas criminales, policías comunitarias o autodefensas han ocupado el vació dejado por las autoridades.