Camino a la legalización mexicana; juicios orales y derecho a la libertad.

La corrupción y la impunidad dentro de los aparatos estatales en México, así como diversos factores sociales, económicos y geográficos en este conflicto dificultan la búsqueda de soluciones y, por lo tanto la toma de decisiones a nivel ejecutivo local, distinto a como ha sucedido en EEUU.

En México, a principios de éste año aparece un documento datado en Junio de 2013, bajo la rúbrica de la dirección de servicios de investigación y análisis del Congreso de la Unión, que publicó el documento “Legislación del consumo, producción y comercialización de las drogas, elementos para el debate en México. Marco teórico conceptual, antecedentes, marco jurídico actual, iniciativas presentadas”, que parte de la “reacción ante el aparente fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas ilícitas y debido al incremento considerable del conflicto que se ha suscitado en diferentes estados de la República Mexicana, en materia de seguridad pública, el debate sobre los beneficios y perjuicios de la legalización ha cobrado especial interés en México” Sic.¹

“El Estado Mexicano de Derecho es débil, el respeto a la ley dudoso y el acceso a la justicia, desigual”². ¿Cómo puede confiar alguien en la justicia cuando no cumple su objetivo? Si cuando se necesita del Estado éste no existe o desaparece o peor aún, entorpece su camino ¿cómo se puede confiar en un Estado político injusto? Los crímenes de Estado cometidos más recientemente por autoridades del poder Ejecutivo local y federal en el estado de Guerrero fue evidencia suficientemente flagrante contra, hacia campesinos, migrantes, maestros-estudiantes y otros grupos vulnerables que han configurado el escenario perfecto para que la sociedad empiece un proceso refundador del país.

Evidentemente sin un cambio paradigmático de dimensiones unificador de naciones, las alternativas para que el Estado satisfaga las necesidades que los fenómenos demandan, así como su tarea al frente de un organismo pluri-complejo llamado sociedad, no puede renunciar a mirarle y reconocerle en todo otro momento ajeno a las campañas electorales en los ciclos “democráticos” que viven los países de la región.

La oralidad de los juicios en México³ es un paso hacia la transparencia en el proceso de impartición de justicia, no obstante, México no sólo atraviesa un crisis de credibilidad en el aspecto judicial de su vida cotidiana, sino además de muchas otras, atraviesa un proceso de re-estructuración económica-estatal que enfrenta el problema de superar las rentas del petróleo, y el panorama internacional y contexto regional invitan a legislar para sacar rentas de la producción, comercialización e industrialización del cáñamo (cannabis). Y lo mejor sería asegurar un sistema pronto que busque esclarecer el conflicto, reparar el daño y proteger al inocente. Encontrar políticas que minimicen los daños causados tanto por las drogas como por las políticas de prohibición y regulatorias es el caso del avance en materia de juicios orales y a su vez integrar análisis y propuestas integrales como la progresista de Cupihd acerca de los clubes cannábicos, en los que una comunidad controlada de personas se reúnen y comparten o adquieren ciertas cantidades y sus actividades económicas son completamente fiscalizables. Bajo esta lógica no debería de haber lugar al delito, pero en caso de haberlo, el sistema oral de justica para el esclarecimiento de los hechos abonaría al tema de los derechos humanos y la agilización del debido proceso mismo. Sin embargo, a pesar de que haya propuestas integrales y progresistas como los clubes cannábicos, la presente investigación que de legalizar la actividad económica del cannabis, las autoridades no cambiarían de paradigma, sino sólo lo reforzarían dejando que el fenómeno de estigmatización social siga sin ser cuestionado, cuando en realidad el Estado debería ser el primer interesado en progresar hacia una sociedad libre de estigmas sociales y de falta de información. Hacia una democracia plena, pues.