México y Uruguay presentan guía para prevenir el maltrato en centros de tratamiento de adicciones

La Secretaría de Salud Pública, el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA) de la Ciudad de México, la asociación Documenta, análisis y acción para la justicia social, A.C, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay presentaron el documento: “Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina”, una herramienta metodológica para orientar visitas de monitoreo, identificar situaciones de riesgo y prevenir la tortura, el aislamiento, el internamiento involuntario y el trabajo forzado en los espacios de atención.

Durante la presentación en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, doctora Nadine Gasman Zylbermann, señaló que durante décadas, el consumo problemático de sustancias se abordó desde el estigma, la discriminación y una visión punitiva que contribuyó a marginar a las personas y no ha resuelto el problema. “Ninguna forma de violencia, castigo o humillación puede justificarse como parte del tratamiento”, afirmó.

Por su parte, la licenciada Amaya Ordorika Imaz, directora general del IASAMA, destacó que en julio de este año, el Instituto asumió el mandato de normar y verificar estos establecimientos, bajo principios como el consentimiento informado, el carácter voluntario del internamiento y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, resaltó que la prevención de la tortura y el maltrato en los centros de tratamiento exige fortalecer los mecanismos de supervisión y la coordinación entre instituciones.

La doctora Gianina Podestá, coordinadora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay, destacó el valor de la cooperación internacional para enfrentar problemas estructurales que atraviesan las fronteras y señaló que “la salud mental no es solamente una cuestión sanitaria, sino de derechos humanos, de dignidad, autonomía y justicia social”.

La arquitecta María del Rocío Lombera González, Coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, destacó que el documento refuerza que garantizar el derecho a la salud también implica asegurar que los espacios de atención sean entornos libres de violencia, discriminación y prácticas que vulneren la dignidad humana.

Desde el ámbito federal, la maestra Erica Viridiana Brindis Almaraz, Subdirectora de Operaciones Intersectoriales en Salud Pública de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), informó que se trabaja en la etapa final de la actualización de la Norma Oficial Mexicana 028, y advirtió sobre la complejidad de regular un sector donde aproximadamente 87 por ciento de los establecimientos opera bajo modelos de ayuda mutua y mixtos.

La licenciada María Sirvent Bravo-Ahuja, Directora Ejecutiva de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C., subrayó la necesidad de que las personas usuarias y quienes han vivido la institucionalización participen activamente en el diseño y evaluación de las políticas para la mejora de este tipo de servicios.

En su oportunidad, la doctora Claudia Alarcón Zaragoza, titular de la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, subrayó la importancia de la universalidad del trato digno al señalar que “el derecho a ser tratado con dignidad no depende de la sustancia que se consume, si es legal o ilegal, ni de la institución en la que se recibe el tratamiento”.

La guía, resultado del trabajo entre la Secretaría de Salus Pública, el IASAMA, Documenta y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay, permitirá orientar las visitas de monitoreo, documentar posibles vulneraciones a los derechos humanos y formular recomendaciones para mejorar la atención.