Los colectivos de búsqueda aumentan en proporción a la crisis de desapariciones en México: Son más de 234 grupos registrados

En 2019, se estimaba la existencia de entre 60 y 70 colectivos de madres buscadoras. Para 2026, Amnistía Internacional documentó más de 234 colectivos. A pesar de que su participación ha sido crucial en la creación de leyes, políticas públicas y plataformas ciudadanas de información, las familias continúan enfrentándose a graves riesgos, agresiones y violencia.

La multiplicación de colectivos se da en una etapa de rápido incremento en las cifras oficiales de personas desaparecidas y no localizadas. En mayo de 2022, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la cifra superó las 100,000 personas desaparecidas. Para mayo de este 2026, se contabilizaban 134,257 casos, alcanzando 135,048 personas solo un mes después, según un informe Red Lupa 2026, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

Desde 2022, Red Lupa realiza análisis estatales de todo el país para entender el fenómeno de la desaparición de personas, lo que los llevó a identificar que es una crisis que está presente en 24 estados, y 100 municipios concentran el 56% del total de los casos de personas desaparecidas en el país.

Ese año también fue el más violento para las madres buscadoras, con al menos seis asesinatos documentados de activistas que buscaban a sus seres queridos, en medio de una crisis que había superado las 100,000 personas desaparecidas.

Cuatro años después, las cosas no han cambiado mucho. Diversos familiares, en especial mujeres, asumen los trabajos de investigación y rastreo ante la ineficacia y omisiones de las autoridades, enfrentándose al crimen organizado y el abandono institucional.

Con frecuencia, las fiscalías obligan a las propias familias a aportar pistas e indicios para que las investigaciones avancen, además se documenta el extravío o pérdida de carpetas de investigación y evidencias, falta de perspectiva de género, rotación constante de agentes fiscales y tratos despectivos o revictimizantes.

Aunque no hay una cifra oficial hasta ahora, el aumento de más de 234 colectivos refleja un incremento drástico directamente proporcional a la escala de las desapariciones en México. Pero incluso con el aumento, se siguen presentando trabas burocráticas, violencias directas y precarización.

El pasado 19 de octubre familiares de personas desaparecidas expresaron su preocupación por la nueva revisión del RNPDNO anunciada por la Secretaría de Gobernación, denunciando que no se ha transparentado la metodología utilizada, tras presentar avances e informar de la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda.

La intervención de Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, este 20 de octubre, marca un precedente histórico, ya que es la primera vez que la ONU activa este mecanismo legal específico (el artículo 34) para exponer de manera directa ante la Asamblea General la crisis de desapariciones que atraviesa México, buscando generar una mayor presión y atención internacional sobre el problema.