Abortar en Venezuela: De redes clandestinas a cruzar la frontera hasta Colombia

Tras la captura de Nicolás Maduro a inicios del año por fuerzas estadounidenses, el marco legislativo en Venezuela ha entrado en un proceso de reformas aceleradas enfocado en facilitar la explotación de petróleo y oro. Sin embargo, la salud reproductiva de las mujeres no es prioridad en la agenda política, y las mujeres venezolanas se están quedando sin opciones para abortar de manera segura.

¿Cuál es el panorama actual del aborto en Venezuela?

Hasta el año 2000, la única ley que hablaba del aborto fue modificada al permitir la interrupción del embarazo solamente si la vida de la mujer corre peligro, conocido como aborto terapéutico. (La primera ley aprobada en contra del aborto es de 1926). Sin embargo, al no existir un protocolo regulado para la aplicación de un aborto, la decisión queda a discreción de cada médico, lo que provoca que profesionales de la salud se nieguen a practicar el procedimiento incluso en casos de riesgo vital.

Actualmente, la ley castiga la interrupción voluntaria del embarazo con penas de seis meses a dos años de prisión, y ayudar a hacerlo, con hasta dos años y medio. Existe una sospecha de que en hospitales públicos, donde incluso las mujeres que sufren abortos espontáneos, corren el riesgo de ser denunciadas y procesadas al solicitar atención de emergencia.

En un reportaje de The Washington Post de 2017, se denunciaba el aumento de embarazos debido a la escasez de anticonceptivos. Además, explicaba que un paquete de tres condones podía costar el salario mínimo de varias semanas y una caja de píldoras anticonceptivas casi el salario de un año al mismo precio, haciéndolo prácticamente imposible de acceder.

Estas restricciones impactan de manera más directa a las mujeres con menores recursos. Más de la mitad de los hogares venezolanos están a cargo de mujeres y registran un 80% de pobreza, de acuerdo con información de El País.

De redes clandestinas a traslados hacia Colombia 

A pesar de la falta de acceso, las mujeres nunca han dejado de abortar. En la última encuesta de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), realizada a 500 mujeres, el 5,1% reconoció haberse provocado un aborto con medicamentos.

Como en Venezuela el acceso al misoprostol está restringido y generalmente se requiere una receta médica para su adquisición, diversos colectivos de acompañantes ayudan a las mujeres transportando de forma discreta los medicamentos hasta sus viviendas. Durante el proceso, las acompañantes vigilan las dosis recomendadas por la OMS, cuidan a las mujeres ante náuseas y contracciones, preparan infusiones o remedios caseros y ofrecen contención emocional en entornos con servicios básicos colapsados o sin agua corriente.

Pero en la clandestinidad, muchas mujeres se ven expuestas a fármacos de dudosa procedencia o procedimientos invasivos e incluso a fraudes. Avesa registra un caso de 2022, en donde un falso ginecólogo engañó a decenas de mujeres aplicándoles supuestos implantes anticonceptivos subdérmicos que resultaron ser simples palitos de chupeta y tubos plásticos. Además muchas recurren al mercado negro para comprar anticonceptivos que muchas veces terminan siendo estafas. 

Hay otras que pueden permitirse cruzar la frontera para abortar en Colombia, en donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal hasta la semana 24 de gestación. Así lo explica un reportaje de El País en 2024, cuando esta opción se consolidó como una alternativa viable para las mujeres venezolanas, ya que podían hacerlo sin importar su estatus migratorio y sin que se reportara a las autoridades. 

Pero esto podría cambiar. 

Colombia podría cerrar las puertas 

El acceso al aborto en Venezuela ya opera en un limbo de extrema vulnerabilidad, marcado por la prohibición del Código Penal y la clandestinidad. A eso se le suma la fuerte dependencia con países vecinos como Colombia, que está enfrentando fuertes transformaciones con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. 

Abelardo de la Espriella ha sostenido una postura abiertamente en contra del aborto, como era de esperarse. Además, anunció una nueva política migratoria enfocada en mano dura, control estricto y deportaciones, al estilo Donald Trump, y también ha impulsado un proyecto de reforma constitucional (apoyado por la bancada provida) que busca proteger legalmente la vida desde la fecundación.

Colombia alberga a cerca de 2.8 millones de migrantes venezolanos, de los cuales una porción significativa permanece en situación irregular. Todas estas amenazas suman más miedo a las mujeres a ser deportadas o que terminen en la cárcel.

Esto también ha llegado a afectar a organizaciones internacionales que atendían y apoyaban a las migrantes venezolanas. Con la restitución en 2025 de la denominada “Política de Ciudad de México”, que impide a las organizaciones que reciben financiación federal para la salud global brindar acceso a información y atención relacionadas con el aborto, las mismas ONGs han tenido que suspender o recortar drásticamente sus servicios.

Hay que recordar que el aborto clandestino e inseguro se posiciona entre las principales causas directas de mortalidad y morbilidad materna en Venezuela. Y, según la OMS, cerca del 45% de todos los abortos en el mundo se realizan en condiciones inseguras, y casi la totalidad de estos ocurren en países en desarrollo. Todos los casos de muertes y de secuelas graves son 100% prevenibles si se garantiza educación sexual, anticoncepción y servicios de aborto legal y seguro.