“¿Culpables de su propia tragedia?”: Alfonso Durazo y la polémica sobre la violencia en Sonora

En un discurso que ha provocado reacciones encontradas, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que el 97.2% de las víctimas de homicidios en la entidad “se esmeraron en crear un entorno de riesgo” a lo largo de su vida, asociándolas directamente con actividades ilegales. Las declaraciones, realizadas durante la celebración del Día del Policía ante decenas de agentes, no solo criminalizan a las víctimas, sino que abren un debate sobre las estrategias de seguridad y la responsabilidad del gobierno frente a la crisis de violencia que vive el estado.

El mandatario explicó que muchas de las víctimas de homicidios y desapariciones habían estado involucradas en actividades ilícitas, lo que, según él, generó un “entorno de riesgo” que impactó no solo a las personas directamente, sino también a sus familias. Además, hizo un llamado a las familias para que estén “atentas al comportamiento de sus integrantes” y colaboren con las autoridades en la prevención de actividades delictivas. Sin embargo, estas declaraciones han sido percibidas por muchos como un intento de trasladar la responsabilidad de la crisis de seguridad de la administración estatal a las víctimas y sus entornos familiares.

Homicidios y desapariciones: un panorama alarmante

Las cifras de homicidios en Sonora refuerzan el contexto de inseguridad. De enero a noviembre de 2024, el estado registró 1,057 homicidios dolosos, un promedio de 96 asesinatos mensuales, es decir, tres al día. Este número representó un repunte significativo tras dos años consecutivos de disminución en estos delitos. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Sonora se ubica como uno de los estados con más asesinatos en el país, ocupando el décimo lugar en incidencia.

La situación no es menos alarmante en el caso de las desapariciones. En 2024, Sonora cerró con 711 personas desaparecidas y no localizadas, un incremento considerable respecto a los años previos (237 en 2023, 192 en 2022 y 150 en 2021). Casos recientes, como el del músico Lamberto González Quijada, quien fue privado de la libertad el pasado 5 de enero en Hermosillo, o el de los adolescentes Jonathan e Irving, reportados como desaparecidos en noviembre, han puesto de manifiesto la desesperación de las familias por obtener respuestas y la aparente falta de resultados efectivos por parte de las autoridades.

Criminalización de las víctimas: ¿una estrategia errada?

La postura de Durazo ha sido criticada por diversos sectores sociales y medios de comunicación, que califican sus declaraciones como un intento de justificar la incapacidad del gobierno para enfrentar la violencia. Al sugerir que las víctimas son responsables de su propia desgracia por “involucrarse en actividades ilegales”, se deslegitima el sufrimiento de sus familias y se difumina la responsabilidad gubernamental en la creación de políticas de seguridad efectivas.

Por ejemplo, en el caso de Lamberto González, aunque las autoridades han señalado que podría tener vínculos con el crimen organizado, no han presentado pruebas concluyentes. Situaciones similares ocurren con Jonathan e Irving, quienes tras ser localizados con vida, fueron detenidos bajo sospecha de secuestro, pero cuyos familiares aseguran que no tenían antecedentes delictivos. Estas acusaciones, a menudo realizadas sin evidencias claras, contribuyen a reforzar un discurso que justifica la inacción gubernamental y deshumaniza a las víctimas.

El impacto en las familias y el tejido social

El gobernador también señaló que las actividades ilegales de una persona afectan a todo su entorno familiar. Esta observación, si bien contiene elementos de verdad, parece minimizar la responsabilidad de las autoridades en proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad pública. Además, ignora las raíces estructurales de la violencia en el estado, como la desigualdad, la falta de oportunidades económicas y la creciente influencia de los grupos delictivos.

El caso de Sonora no es un fenómeno aislado. La entidad enfrenta problemas profundos relacionados con la violencia intrafamiliar, el tráfico de armas y los enfrentamientos entre cárteles, como lo demuestra la disputa entre “Los Matasalas” y “Los Salazar” en Hermosillo. Según el comisario Alberto Flores, más del 90% de los homicidios en el estado están relacionados con conflictos entre grupos del crimen organizado, una situación que deja a la población civil atrapada en medio de la violencia.

¿Un discurso revitalizador o una estrategia evasiva?

Durazo, quien llegó a la gubernatura de Sonora con la promesa de pacificar el estado, parece haber adoptado un discurso que busca desviar la atención de la ineficacia gubernamental al culpar a las víctimas de su situación. Su llamado a que las familias sean vigilantes de sus integrantes sugiere una estrategia que traslada la responsabilidad al ámbito privado, dejando de lado el papel del estado como garante de seguridad.

En un contexto donde los homicidios y desapariciones siguen en aumento, la criminalización de las víctimas no solo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también invisibiliza las demandas legítimas de justicia de las familias afectadas. Las declaraciones del gobernador, lejos de revitalizar el discurso de seguridad, lo colocan bajo una luz crítica que demanda no solo empatía hacia las víctimas, sino acciones concretas para enfrentar las causas estructurales de la violencia en Sonora.

La narrativa planteada por Alfonso Durazo evidencia una peligrosa tendencia en la política de seguridad: culpar a las víctimas para evadir responsabilidades. En un estado donde la violencia ha alcanzado niveles alarmantes, esta postura no solo es insensible, sino también contraproducente. En lugar de señalar a las víctimas, el gobierno debería centrarse en fortalecer las estrategias de prevención, atender las causas profundas del problema y garantizar justicia para quienes han perdido a sus seres queridos. En última instancia, la paz y la tranquilidad no se logran culpando a los más vulnerables, sino enfrentando con valentía a quienes realmente siembran el terror en la sociedad.