Guerrero: La desaparición forzada como un mal endémico

Hoy, 30 de agosto del 2022, se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Según el sitio oficia de la ONU, institución que fomenta esta iniciativa, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Es motivo de especial preocupación:

• el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada;
• el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones;
• y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada.

Al respecto, y tomando como marco los recientes acontecimientos en el caso Ayotzinapa, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) ha publicado un comunicado sobre la desaparición forzada en Guerrero, una práctica de raíces históricas que como hemos visto en los últimos días sigue siendo parte de la estrategia político-militar en algunas partes del país. A continuación lo reproducimos íntegro:

El reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa que dio a conocer el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas muestra el grave patrón de criminalidad que operaron elementos del ejército mexicano al más alto nivel, al grado que se responsabiliza al general Alejandro Saavedra quien fungía comandante de la 35 zona militar con sede en Chilpancingo. También se señala a José Rodríguez Pérez coronel del 27 batallón infantería de Iguala que es señalado como el responsable de las ejecuciones de 6 estudiantes que fueron retenidos con vida en una bodega vieja de la ciudad de Iguala. Además participaron policías federales, policías estatales, policías de los municipios de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula. Por parte de las autoridades civiles hubo graves omisiones y complicidades del gobernador en turno Ángel Aguirre Rivero, el entonces procurador del estado Iñaki Blanco, el secretario de seguridad pública del estado teniente Leonardo Vázquez Pérez y el coordinador de proyectos estratégicos del gobierno del estado Ernesto Aguirre. Los datos que han documentado tanto con testimonios y análisis telefónicos, tanto la información que se obtuvo de diferentes fuentes por organismos internacionales dan cuenta del entramado delincuencial que se turbio desde las altas esferas del poder político y militar para encubrir a los perpetradores de las desapariciones de los 43 y las ejecuciones de los tres estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Cuatro años requirió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para introducirse en las entrañas del sistema político que está anclado en intereses macro delincuenciales. En la medida en que se profundiza en las indagatorias se va develando la estructura del poder político que fue contaminando los tejidos del poder público con los grupos delincuenciales que se han instalado en las diferentes regiones del estado para operar empresas vinculadas al trasiego de la droga. Se estableció un pacto de impunidad que se ha heredado sexenio tras sexenio tanto a nivel federal como estatal para usar el poder en beneficio de las élites económicas y del capital trasnacional. Se aprovecharon los acuerdos comerciales para facilitar la privatización de los bienes estratégicos del país. Se abrieron las fronteras para la llegada de las multinacionales y se dio rienda suelta al extractivismo minero. Las concesiones mineras en Guerrero han devastado las riquezas acuíferas, boscosa y mineral que forman parte del patrimonio natural de los guerrerenses.

El terrorismo de estado que se implantó en nuestra entidad para arremeter contra las organizaciones guerrilleras legalizó las desapariciones forzadas, las ejecuciones arbitrarias, la practica generalizada de la tortura para acabar con las disidencias políticas y los movimientos políticos emancipatorios. Fueron los caciques y los generales del ejército quienes operaron esta política represiva avalada por el presidente de la república Luis Echeverría. Nuestro estado se transformó en el laboratorio de la contrainsurgencia, el ejército suplantó a las corporaciones civiles y policiacas, tomó el control de las funciones convulsas y sembró el terror de las comunidades indígenas y campesinas donde había presencia de la guerrilla. La orden fue acabar con todos los movimientos que hacían causa común contra el cacicazgo político e impulsar procesos autogestivos para recuperar los espacios educativos, sindicales y de los medios de comunicación.

Las desapariciones forzadas en Guerrero surcaron de sangre toda nuestra geografía abrupta, por las fosas clandestinas, los vuelos de la muerte. Los centros de detención donde torturaban y asesinaban a quienes catalogaban como un peligro para el régimen. Operaron planes de contrainsurgencia para acercar a la población, tomar por asalto las comunidades, arremeter violentamente contra la población civil, detener arbitrariamente a los jefes de familia, violar a las mujeres y destruir el precario patrimonio que había en sus hogares. El libreto de la guerra justificaba todas las acciones de fuerza para silenciar y someter a una población pobre que resistía y encaraba al poder en condiciones sumamente desigual.

Los colectivos de sobrevivientes y organizaciones sociales habla más de los 600 desaparecidos en los años cruentos de la mal llamada guerra sucia de la década de los 60 a los 90. Una política de estado expresamente utilizó la desaparición forzada como una estrategia guerrerista para infundir el terror en la población civil, son acciones para generar miedo y pasividad en el conjunto de la sociedad. Focaliza su fuerza para resquebrajar el sentido de solidaridad y de resistencia colectiva, desplaza a los miembros de la familia y destruye sus formas de vida. A la desaparición forzada los gobiernos la han utilizado como método de represión política contra los disidentes al régimen, es una práctica que daña en lo más profundo a las mismas víctimas y a sus familiares. Por una parte las personas desaparecidas sufren todo tipo de vejaciones y regularmente son asesinadas. Quedan a merced de sus verdugos y su vida depende de lo que puedan hacer sus familiares para buscarlos, porque las autoridades se desentienden de estos casos que requieren un compromiso verdadero en favor de las víctimas.

En Guerrero desde el caso emblemático de Rosendo Radilla que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde sentenciaron al estado mexicano por su desaparición forzada, desde 1974 hasta la fecha el ejército se ha negado a declarar quienes y a donde se llevaron a Rosendo Radilla. Las autoridades federales han desistido de su responsabilidad de investigar a fondo sobre el modus operandi de esta desaparición. Es inconcebible que hasta la fecha Tita Radilla y sus familiares, a más de 48 años, no tengan indicios sobre el paradero de su padre. Un caso como el de Rosendo Radilla nos muestra el complejo problema de las desapariciones forzadas que continúan consumándose por décadas como una práctica recurrente en la que los actores estatales tanto militares como policiales se han especializado en desaparecer a personas.

Los familiares son quienes han cargado con esta pena para encarar a las autoridades exigiendo que investiguen y busquen a las personas desaparecidas. No ha habido voluntad política porque los intereses macro delincuenciales están arraigados en las estructuras gubernamentales. El ejército, sobre todo las elites militares sin intocables, gozan de inmunidad y viven la opacidad. Nunca rinden cuentas de sus actos a la sociedad, actúan en la clandestinidad con estrategia de guerra de baja intensidad y realizan operaciones quirúrgicas como la que sucedió en la comunidad na savi de El Charco donde ejecutaron a 11 indígenas y un estudiante en la madrugada del 7 junio del 1998, con el pretexto de que en un salón de clases se encontraban miembros de grupo guerrillero. Las ejecuciones arbitrarias son recurrentes en el estado como sucedió con los copreros de Acapulco el 20 de agosto de 1968 y los campesinos de fueron ejecutados en el vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benítez.

La criminalidad no tiene límites en Guerrero sobre todo en cómo se ejerce el poder por parte de los grupos caciquiles que siempre tienen el respaldo de los generales del ejército y los grupos ejecutores de estas acciones represivas como las guardias blancas en su momento y ahora los sicarios del crimen organizado. En el marco de la guerra contra el narcotráfico continuó la estrategia de contrainsurgencia que fue aplicada en los años 90 contra la guerrilla y el movimiento social que tuvo su fuerza en el magisterio disidente y en el movimiento de los normalistas de Ayotzinapa. Por esa razón el ejército se infiltró en la normal desde hace décadas para detectar las supuestas alianzas de los estudiantes con el movimiento social y con la guerrilla. Esta estrategia de contrainsurgencia está diseñada para apagar la protesta social y se aplica con métodos legales para supuestamente desactivar las acciones que increpan al poder político. Al ejército le interesó identificar las acciones de los estudiantes para detectar acciones de fuerza, en ningún momento le ha interesado proteger la vida y la integridad física de los estudiantes por el contrario los considera como enemigos del régimen, como fuerzas conspirativas que atentan contra la estabilidad social. Nunca tienen una percepción objetiva de las causas de su movimiento como estudiantes normalistas, los catalogan como rijosos, como vándalos, como los ayotzinapos, para estigmatizarlos como pandilleros y delincuentes. Destruyen al sujeto no sólo en términos simbólicos sino también en términos sociales y políticos crean las condiciones para generar una mala percepción de su actuar dentro de la sociedad y dan pie para que se justifique el uso de la fuerza y acciones letales como las ejecuciones y desapariciones.

Los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Chilapa y Tlapa principalmente se ha multiplicado colectivos de familiares de personas desaparecidos que en el marco de la guerra contra el narcotráfico se recrudeció la violencia con la militarización y la disputa territorial de las organizaciones del crimen organizado, que causó daños irreparables entre la población civil al consumarse casos de personas ejecutadas y desaparecidas. En su mayoría se trata de jóvenes hombres y mujeres que son estudiantes, maestros, profesionistas, jefes de familia, comerciantes, transportistas, universitarios y normalistas que fueron blanco de ataques a causa de esta descomposición que se ha gestado dentro de las instituciones gubernamentales y que ha propiciado los intereses del crimen organizado se superpongan a los intereses de la sociedad en su conjunto. Son los familiares quienes han tenido que salir de sus casas y armarse de valor para ir en busca de sus hijos e hijas desaparecidas, son ellos y ellas las que han localizado las fosas clandestinas, las que han rescatado cuerpos y las que han mostrado esta crisis forense que las autoridades han desatendido por décadas. Están demandando que en Guerrero se construya el centro de identificación humana para que logre revertir esta situación oprobiosa de no contar un banco genético para identificar los cuerpos que han sido rescatados de los cementerios clandestinos. Han demandado con persistencia a las autoridades estatales de que se formalice la declaración especial de ausencia para acreditar ante las diferentes instancias la desaparición de sus familiares. También han emplazado al legislativo para que armonice la ley de desaparición forzada con la ley federal.

La gobernadora Evelyn Salgado enfrenta un gran prueba de estar a la altura de estos grandes desafíos que plantean los familiares y colectivos de víctimas de desaparición forzada tanto del pasado como del presente por la impunidad que impera y por la colusión que se ha dado de autoridades civiles, corporaciones policiacas, militares, grupos caciquiles y grupos empresariales y crimen organizado que han desquiciado a las instituciones por sus intereses mafiosos y por hacer negocios con el presupuesto público. Las madres y padres de los 43 estudiantes ante el informe de la comisión de la verdad exigen que se profundice las investigaciones sobre los responsables de la desaparición de sus hijos, que se ejecuten las órdenes de aprehensión que se castigue a los funcionarios de los tres niveles de gobierno y a los militares que participaron en esta componenda delincuencial. Por más que se quiera desprestigiar a las madres y padres, y utilizar su nombre y su presencia, nunca se venderán y mucho menos se supeditarán a los intereses de los grupos de poder.

El movimiento de víctimas en Guerrero desde la década de los 60 hasta este 2022 está conformado por hombres y mujeres pobres del campo y de la ciudad que enarbolan una lucha histórica para que haya verdad y justicia en Guerrero. Son personas con gran prestigio que gozan de calidad moral, que han sacrificado su tranquilidad y han padecido penurias económicas para buscar a sus padres, madres, hijos e hijas, esposos y esposas desaparecidas. Ellos y ellas se han erigido en el referente nacional que tienen capacidad de convocatoria para ondear la bandera de la verdad y la justicia. Son el bastión de la resistencia y la dignidad en esta entidad donde las desapariciones de personas son un mal endémico.