Bayer-Monsanto demanda al Estado Mexicano: Nueva estrategia para seguir envenenando el campo

Un reportaje de la revista Proceso, revela los pormenores de la demanda que Bayer-Monsanto ha realizado contra el Estado mexicano por posibles pérdidas financieras. Aunque probablemente será una batalla perdida para la empresa, se trata de una estrategia jurídica con el objetivo de extender el tiempo de uso de los agroquímicos en el país.

Una de las cosas buenas que se han realizado en el gobierno actual es la promulgación de un decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 donde el gobierno federal prohíbe el uso de glifosato en el territorio nacional, uno de los principales productos de Bayer-Monsanto, tras calificarlo como inseguro para la salud. Este decreto es sin lugar a dudas la aportación más importante de Víctor Toledo cuando estaba al frente de la Semarnat.

Según Proceso, se conocen dos juicios promovidos directamente por Bayer-Monsanto contra México, siendo que la más reciente ocurre meses después de que el jurado popular de Oakland, en Estados Unidos, sentenciara a Bayer-Monsanto con una multa de 2 mil millones de dólares por considerar que uno de sus herbicidas causó cáncer a una familia de campesinos en dicha zona.

“La Semarnat siempre estará firme y con los elementos necesarios para defender el Decreto ante las argucias e intereses de particulares que atentan contra la vida y el derecho a un medio ambiente sano para las y los mexicanos”.- (Declaración de Semarnat cuando se otorgó un amparo provisional para Bayer-Monsanto en abril del 2021)

En la nota se afirma que Bayer-Monsanto “ahora exige su derecho a comerciar con la sustancia que envenenó a los campesinos norteamericanos y sucesivamente a campesinos de otras regiones”. La empresa y sus representantes legales continúan desestimando las pruebas científicas relacionadas a la peligrosidad de su producto y buscan responsabilizar al país por las pérdidas monetarias millonarias que pudieran surgir tras la aplicación del decreto prohibicionista del glifosato.

Los antecedentes legales mexicanos

Como antecedente inmediato, en el juicio de amparo numeral 313 del Tribunal sexto de distrito Administrativo el juez Francisco Javier Rebolledo Peña ya había negado a Bayer-Monsanto una primer Suspensión Definitiva bajo el argumento de que México era firmante de la Declaración de Río, en la que se reitera la adhesión al Principio de Precaución; parte fundamental del derecho internacional ambiental, pues se considera que cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

La Ley a favor de los agrotóxicos, también conocida como Ley Monsanto, entró en vigor el mismo año en que llegó a la Presidencia de la República Vicente Fox, bajo el mecenazgo de uno de los accionistas de la empresa con mayor interés en dicho mercado. El tejido de corrupción entre Fox y Alfonso Romo, [uno de los hombres señalados por el extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, por formar parte del grupo de luchas de poder empresarial dentro del gabinete obradorista] está bien desarrollado en la nota de Proceso.

Bioseguridad a la mexicana y conflictos civiles

Actualmente es imposible saber en qué regiones de México existen casos de complicaciones a la salud derivadas del uso de agrotóxicos y tampoco se puede identificar o localizar a las empresas que pulverizan estos químicos. Lo que sí se puede identificar en la mayoría de los casos son las fórmulas o compuestos químicos en estudios sanguíneos o renales de las personas, los cuales son asociados a las empresas que los patentan.

Los transgénicos son tóxicos, no mejoran la producción y generan un grave problema ambiental

Lo anterior se debe a que no existe un mapa donde los mexicanos puedan analizar las zonas donde la industria pulveriza agrotóxicos, explicó a PODER Evangelina Robles abogada y líder de la Red en Defensa del Maíz. Algunos de los casos reconocidos en México son el de Autlán de Navarro en Jalisco y el de la industria tabacalera en la Sierra Wixárika del estado de Nayarit.

Tras la llegada de los agrotóxicos en el país se desbordó una batalla por la remediación ambiental sin precedentes. La principal causa fue el uso desmesurado de agrotóxicos diversos comercializados principalmente por Bayer, no sólo glifosato.

En ese contexto, el 10 de marzo de 2005 fallecieron dos jornaleros por intoxicación del insecticida Tamaron, también creado por Bayer-Monsanto: Miguel Hernández Hernández (16 años) y Jesús Azuara Hernández (15 años). La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit emitió la recomendación 21/05 en la que principalmente se exigió la elaboración de un diagnostico sobre la situación del campo en Nayarit con el objetivo de identificar el origen del problema. El documento denominado Jornaleros Agrícolas Migrantes de Nayarit 2007 [12], buscaba terminar con la discriminación y maltrato hacia los trabajadores agrícolas y estaba dirigido a diversas instancias de gobierno.

El 19 de julio de 2009, cuatro años después de emitida la recomendación, esa Comisión informó que la secretarías estatales de Desarrollo Rural, Desarrollo Económico y Salud, así como el Departamento de Previsión Social y el Consejo Consultivo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas habían incumplido la recomendación 21/05 [13].

El otro caso ocurrió en agosto de 2019, cuando un grupo de académicos de una comunidad en Autlán de Navarro del estado de Jalisco, México, reportaron que 93 niños (de 3 a 15 años de edad) resultaron positivos a pesticidas en su organismo y el 100% de los adolescentes de la telesecundaria donde se realizó el estudio resultaron con pesticidas en la orina [14]. Dicha solicitud de investigación se realizó debido a una exigencia de las madres de familia a investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y de la Universidad de Guadalajara (UdeG), debido a complicaciones en la salud de los estudiantes.

A decir de Robles, las pocas herramientas con las que cuenta el estado mexicano para su defensa son apenas un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el decreto presidencial promulgado a finales de 2020 y un respaldo intelectual de algunos grupos de académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que independientemente han publicado numerosos estudios académicos abogando por alternativas de bioseguridad al glifosato.

Desde Sin Maíz No Hay País conocen bien la historia de litigios de Monsanto en México. La campaña, compuesta por más de 300 organizaciones, lleva más de una década luchando contra la empresa para evitar la propagación de los maíces transgénicos en México, que ponen en peligro las variedades nativas de ese grano. Y saben que ganarles es posible. En 2013, consiguieron que la Justicia mexicana suspendiera la siembra de maíz transgénico. Monsanto también perdió la batalla legal contra el movimiento de la apicultora maya Leydy Pech, quien logró que se le revocaran los permisos de soya transgénica en siete Estados del país.

“Monsanto tiene un poder impresionante y la posibilidad de acceder a estos mecanismos de justicia y posicionar sus intereses”, dice Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, una de las organizaciones que forma parte de Sin Maíz No Hay País. “Pero gracias a la movilización que hace la sociedad civil y las comunidades indígenas se han logrado victorias históricas”. Ahora solo espera que esta nueva embestida de Monsanto pueda ser frenada una vez más en los tribunales.

Con información de Revista Proceso, Poder y El País