Remdesivir: El fármaco contra Covid19 de 20 pesos que se venderá en 52 mil

Hace apenas unos días la Agencia Europea del Medicamento recomendaba la autorización del primer fármaco para la Covid19: el remdesivir. Se trata de un medicamento antiviral, que fue desarrollado hace años para luchar contra el virus del ébola y para el que la farmacéutica Gilead, que posee la patente, ya ha puesto precio comercial: 2.083 euros por paciente.

Es un precio claramente abusivo, sobre todo si tenemos en cuenta dos cosas: por un lado, un estudio, llevado a cabo en la Universidad de Liverpool y publicado en abril en el Journal of Virus Erradication, estima que el coste mínimo de producción del remdesivir es de 152 pesos mexicanos (6 euros) por paciente. La diferencia entre este costo de producción y los 52805 pesos (2.083 euros) que va a suponer para las arcas de muchos países el tratamiento completo es escandalosa.

Por otro lado, este fármaco, como muchos otros, ha contado con una gran cantidad de inversión pública. Solo el Gobierno de EE UU, a través del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y otros institutos públicos, ha invertido al menos 70 millones de dólares (62,3 millones de euros) en el desarrollo de este antiviral. Y eso sin cifrar la cantidad de ensayos clínicos en los que han participado sistemas públicos de salud de muchos países en los últimos meses.

Además, a tenor de los datos clínicos de los que disponemos, el remdesivir no es, ni mucho menos, la cura definitiva para la COVID-19 y lo poco que sabemos, por el momento, es que el medicamento consigue reducir de 15 a 11 días la hospitalización de los casos más graves y que no hay una reducción significativa de la mortalidad ¹Aunque Gilead Sciences, la empresa que lo produce, afirma que reduce un 62% el riesgo de muerte..

Argumentos comerciales

Mientras tanto, el presidente y CEO de Gilead, Daniel O’Day, anunciaba en una carta que, en un enorme ejercicio de responsabilidad, habían decidido poner el precio al remdesivir muy por debajo de su valor, explicando que el uso del fármaco podría ahorrar a los sistemas nacionales de salud unos 12.000 dólares (10.682 euros) por paciente. Lo cual supone un argumento comercial para fijar el precio de un producto bajo el peligroso modelo de ‘precio por valor’ que la industria farmacéutica trata de imponer y que nos ha llevado una escalada imparable en el precio de las tecnologías sanitarias.

El precio de los medicamentos debe ir relacionado directamente con lo que en realidad cuesta desarrollarlos y producirlos, más un beneficio justo y razonable, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo público que se ha invertido en toda la cadena de I+D.

El elevado y abusivo precio del remdesivir va a suponer una barrera de acceso para los países, sobre todo, los más pobres. En países como México, catalogados como “en vía de desarrollo”, van a tener que detraer recursos de otras partidas sanitarias igualmente o más necesarias para poder adquirirlo.

Por su parte, EE UU ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con Gilead para que casi la totalidad de la producción del remdesivir para los próximos tres meses –unos 500.000 tratamientos– se quede en el país. ¿Qué pasa con el resto de los países?

Sabemos que Gilead está realizando acuerdos de licencias voluntarias con empresas de genéricos en países de bajos y medios ingresos, entre los que probablemente se encuentra México, ya que ha participado en los ensayos clínicos del fármaco. Sin embargo, todos los detalles sobre los acuerdos, incluyendo las limitaciones que tendrían las empresas para comercializar el fármaco en países no incluidos en las licencias están por despejar, ya que son confidenciales.

Problemas de suministro

Para el resto del mundo, no se tiene conocimiento sobre cómo se podrá adquirir ese fármaco en un corto y medio plazo. Es decir, no solo nos encontramos ante un problema de precio abusivo, también de suministro.

En España, una iniciativa llamada Salud por Derecho llevan años recordando a los gobiernos, y especialmente al suyo, que en casos como el de una crisis de salud pública como la actual, o ante los precios desorbitados de fármacos para la hepatitis C o el cáncer, las autoridades nacionales deben hacer uso de las licencias obligatorias; una figura legal que permite al país que la aplica suspender temporalmente una patente de un fármaco para que una empresa pueda producirlo como genérico, pagando a la empresa titular de la patente royalties a modo de compensación económica.

De este modo, el precio que pagaríamos por el remdesivir bajaría significativamente y podríamos asegurar el abastecimiento. La licencia obligatoria forma parte de los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual, recogidos en la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial del Comercio de 2001.

En una crisis como esta se necesitan licencias abiertas

Si esto pasa con un fármaco que ni siquiera parece ser sumamente eficiente para reducir la mortalidad del Covid-19 ¿Qué podemos esperar con la gestión de las vacunas que se están desarrollando a pasos acelerados?

Una de las formas de asegurar que los fármacos o vacunas que se desarrollen sean bienes públicos globales es que los gobiernos que están actuando como inversores, introduzcan cláusulas en los contratos de la I+D con grupos de investigación y con las compañías privadas. Cláusulas que fijen un precio y un margen de beneficio máximo para que los productos resultantes sean asequibles, y que obliguen a que la transferencia de tecnología para producir y comercializar esos productos no sea en exclusiva; es decir, evitar el monopolio a través de licencias abiertas.

Si no se hace de esta forma, como de hecho está sucediendo, queda claro que la investigación científica más que una fuente de liberación para la humanidad, sigue siendo uno más de los brazos del poder político y económico de una élite reducida.

Otra vía que podría haber seguido este fármaco, si EE UU hubiera hecho valer el dinero público aportado por sus ciudadanos y ciudadanas, es depositar todas las patentes, la tecnología y los conocimientos necesarios para fabricar remdesivir en el COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), una iniciativa impulsada por la OMS y Costa Rica en mitad de la crisis sanitaria para que todas las innovaciones médicas y conocimientos científicos sean compartidas con la comunidad científica internacional y así avanzar en la lucha contra el coronavirus.

Esta opción permitiría que los medicamentos y vacunas tengan precios justos y asequibles y que estén al alcance de todos los países y productores, asegurando su disponibilidad y el abastecimiento a todas las personas que los necesiten, sin dejar a nadie atrás y sin malgastar recursos económicos ni quebrar los sistemas nacionales de salud.

Muchos investigadores y defensores de la idea de que la ciencia es un bien por sí mismo, y que se trata de la única salida a esta y otras crisis como la alimentaria o la climática, pierden de vista que no se puede dividir el quehacer científico de las prácticas políticas.*

Muchos de ellos se molestan cuando observan que la población en general tiene poco aprecio y confianza por la ciencia, pero deciden mirar a otro lado a pesar de que* esta historia de altos precios y barreras de acceso a medicamentos desarrollados gracias al dinero público, desgraciadamente, no es nueva, es la manera habitual en la que funciona el modelo de innovación biomédica.

Las soluciones para que los medicamentos y vacunas sean bienes públicos globales existen; solo falta que los gobiernos vean con claridad la situación a la que nos enfrentamos y la voluntad política para aplicarlas.

Pero para que esto suceda, también se requiere que las personas de ciencia tomen posturas claras y presionen a sus gobiernos. ¿Qué tipo de ética tienen los investigadores de Gilead, aceptando que su trabajo se convierta en un negocio de estas características? La neutralidad de los investigadores en estos temas, es también un actitud ética y esa neutralidad es en realidad el apoyo vedado y cobarde para los grupos que detentan el poder.*

Esta nota fue elaborada desde un texto de Vanessa López para Agencia SINC y adaptada al contexto mexicano por el Colectivo Alterius.