México libre de transgénicos: El Covid19 ha potenciado las malas prácticas de la agroindustria

El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé  se otorgaron un pago de dividendos récord de 8.000 millones de dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el  presupuesto anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención médica para más de 100 millones de personas en África.

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill.

También es un momento de ganancias para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía,  recibieron 20 millones de euros (alrededor de 22,5 millones de dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable.

Pero no hay que ir tan lejos para encontrar ejemplos de como las empresas que componen el sector dañan la salud pública y afectan el medio ambiente, mientras se enriquecen en tiempos críticos para el resto, despojando de recursos fundamentales para las comunidades donde construyen su infraestructura. Y es que mientras en el discurso público el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señala a las bebidas azucaradas que se consumen sin medida en el país como “veneno embotellado” y advierte que además sus “botellas llegan a ríos y luego al mar”, en la práctica Coca-Cola sigue operando impunemente y recibe concesiones de Conagua para extraer miles de millones de litros de agua en zonas donde la escasez del vital líquido es un problema de salud pública.

La defensa del maíz y el campo en tiempos de pandemia

Además de esperar que los adecuados señalamientos de Gatell se conviertan en acciones contundentes para reducir la producción y el consumo del veneno empaquetado, es evidente que la salida a esta crisis civilizatoria potenciada por el Covid-19 no puede darse sin sistemas de producción locales y agroecológicos, evitando las nocivas prácticas de la industria agroquímica. Es por esto que expertos en agroecología, organizaciones campesinas y activistas defensores de la soberanía alimentaria solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que emita un decreto para dejar de producir y consumir Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en México.

«Hace un año, alentados por sus declaraciones respecto a que en México no habrá transgénicos, solicitamos un Decreto Presidencial y nos preocupa no haber recibido respuesta», acusaron en un comunicado dirigido a López Obrador para reiterar la solicitud.

Explicaron que el decreto beneficiaría a 80 por ciento de la población en México que obtiene sus alimentos de las familias campesinas que producen en pequeña escala y sostienen la riqueza biológica y cultural.

De emitirse el decreto, se protegería a los productores del campo, a las semillas nativas o criollas y a la diversidad biocultural que integran el sector primario en México. «Sólo con ellos podemos ser autosuficientes en alimentos libres de residuos tóxicos y mantener la integridad del país como Centro de Origen y Diversificación constante del maíz para las generaciones presentes y futuras», aseguraron.

Entre sus peticiones, que pueden ser revisadas de forma íntegra en este documento, se encuentra la prohibición de emitir permisos de liberación de OGM, sea experimental, piloto o comercial, en territorio mexicano, incluidos los obtenidos con nuevas técnicas como edición genética o mutagénesis. Además, solicitaron la publicación mensual de los resultados oficiales de análisis de detección de OGM en México y de los obtenidos en centros públicos de investigación sobre presencia de ADN genéticamente modificado y sus efectos en la salud humana y ambiental.

Con información de Grain, Desinformémonos, Infobae, Proceso y El Poder del Consumidor | Selección, edición y comentarios del Colectivo Alterius