Los riesgos y realidades sobre La Ley de Seguridad Interior en México

Los indicadores disponibles muestran que la violencia creció en 2016 en buena parte del país. En ese contexto, se han presentado iniciativas legislativas que proponen la militarización de la seguridad pública. ¿Estamos en riesgo de virar hacia un régimen de vigilancia castrense? ¿Somos conscientes de que, en caso de aprobarse dichas leyes, los militares podrían prevenir, investigar y castigar delitos o tener la facultad de replegar manifestaciones por la fuerza? Tercera Vía recupera las claves de la propuesta para mantenerte informado de lo que realmente importa.

LOS DATOS

Es un hecho que vivimos una crisis de seguridad en México. El número de homicidios registrados por el Gobierno Federal en 2016 ha sido el más alto desde el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto. Sin que se tengan oficialmente el total de asesinatos del año pasado, el Secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha estimado que en 2016 más de 19 mil personas fueron asesinadas. Esta cifra supera al incremento registrado en 2015, con 15 mil 566, a los 14 mil 382 de 2014 y los 16 890 de 2013. De acuerdo con especialistas en seguridad como Eduardo Guerrero y Alejandro Hope, el aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos, que pelean por el control de actividades criminales como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

Uno de los fenómenos más importantes en materia de seguridad del 2016 fue el aumento de la violencia en estados de la república que antes no se catalogaban violentos. Por ejemplo, Colima registró un aumento en la tasa de homicidios en un 292%; Campeche incrementó su tasa en un 64% y Zacatecas en un 92%. Por otro lado, estados que habían experimentado fuertes operativos de seguridad dirigidos por las fuerzas armadas también han elevado sus niveles de violencia. Mientras Veracruz subió la tasa de homicidios en un 123%, Michoacán no ha logrado parar la ola de violencia, y experimentó un incremento en un 63%.

Dos casos que muestran las fallas de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto son Tijuana y Ciudad Juárez. Ambas ciudades habían presenciado una disminución en la tasa de homicidios desde 2011. Sin embargo, 2016 representó un aumento considerable en el número de asesinatos acaecidos en ambos lugares. Ciudad Juárez experimentó un incremento del 72% en un año, pasando de 311 en 2015 a 536 asesinados en 2016. Del otro lado, Tijuana experimentó un aumento del 29% respecto a 2015 y un 65% en comparación con 2014. Además de las fallas de seguridad por parte del gobierno federal, la violencia en ambas entidades se encuentra relacionada por el conflicto entre distintos grupos del crimen organizado, como el Cartel de Sinaloa, lo que queda del Cartel de los Arellano Félix, algunos grupos relacionado al ya extinto Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación.

El aumento de los homicidios en el país se debe a la existencia de grupos criminales pequeños, pero muy violentos

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La extorsión y el secuestro también se incrementaron con respecto a los años anteriores. Con base en información del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), los secuestros se elevaron en un 7% respecto al 2015, alcanzando los 1,700 casos reportados. Los estados que registraron en 2016 la mayor cantidad de secuestros fueron Tamaulipas, Tabasco, Guerrero, Morelos y Zacatecas. Por otro lado, las extorsiones registraron un incremento del 3.6% entre 2015 y 2016.

Este aumento de la violencia en sus distintos ámbitos se puede palpar en las opiniones de la ciudadanía, en acuerdo a la ENVIPE 2016 (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). De acuerdo con los datos del estudio realizado el año pasado, el 70% de la población mexicana dice vivir con inseguridad. Solamente en 4 estados de la república la mayoría dice sentirse segura. Estos lugares son Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit y Yucatán. Por el contrario, los habitantes del Estado de México, la Ciudad de México, Tamaulipas, Puebla y Morelos son quienes más sensación de inseguridad perciben dentro de sus comunidades.

UNA INICIATIVA PELIGROSA

¿Y si en este contexto de violencia, el Ejército pudiera actuar a discreción, hacer las funciones de policía, reprimir manifestaciones pacíficas de manera letal y no rendir cuentas? Puede suceder: actualmente se está discutiendo en el Senado y la Cámara de Diputados la llamada Ley de Seguridad Interior, como resultado de dos iniciativas, una propuestas por el PRI (en Cámara de Diputados) y otra por el PAN (en el Senado). En cualquier caso, ambas pretenden legalizar y legitimar la presencia del Ejército en las calles, bajo el supuesto de que la fuerza civil (la policía convencional) ha sido rebasada.

Algunos especialistas en políticas públicas y seguridad han apuntado que las leyes propuestas reducen considerablemente la influencia de legisladores y jueces ante el actuar de las fuerzas armadas en México, las cuales actuarían bajo órdenes directas del Gobierno Federal. El ejército tendría discrecionalidad para accionar armas de fuego contra los manifestantes, por ejemplo, si así lo consideran los encargados de los operativos. Para hacer esto posible, el gasto militar se incrementaría casi en un 600%, con el objetivo de financiar los recursos humanos, de inteligencia y los equipos de intervención.

En suma, la ley busca dar facultades al Ejército para hacer las funciones de policía, incluyendo los roles de prevención, investigación, detención y seguimiento de los delitos. La milicia conservaría además sus atributos, sin posibilidad de escrutinio público, amparándose bajo la figura de “Asuntos de Seguridad Interior”.

¿Cuáles son los riesgos?

Catalina Pérez Correa, profesora e investigadora de CIDE, ha argumentado que el Congreso no está facultado para legislar en materia de Seguridad Interior, por lo que la ley propuesta sólo podría hacerse realidad llevándola hacia la zona gris de la laguna legal. Esto implicaría además reconocer el fracaso de las policías y organismos de Seguridad Pública en todo el país, incumpliendo la obligación de los poderes de proveer seguridad a los ciudadanos de manera civil y no militar.

El principal problema, asegura, tiene que ver con el uso discrecional de la fuerza y la poca transparencia que se le exigiría al Ejército, sumado a que no existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial. Por otra parte, se deponen las obligaciones sustanciales del Estado, que puede protegerse sin la necesidad de represión o seguridad militar, con acciones efectivas en salud, educación y bienestar, en lugar de concentrar su esfuerzo “en retenes militares y convoyes”.

Un ejemplo de los riesgos de esta ley ha sido expuesto por Tania Ixchel Atilano Camacho (Doctoranda en Derecho en la Universidad Humboldt de Berlín), que recupera la idea de que las fuerzas armadas tendrían la facultad de “controlar” a una persona cuando al ser detenida en flagrancia, oponga resistencia. ¿Qué significa en éste contexto “controlar”? ¿Mediante el disparo de armas de fuego, armas de electrochoque o con auxilio de equipos de ataque? Por otro lado, ¿Se permitirán tanques para “controlar” multitudes?”.

No existiría el contrapeso de los poderes legislativo y judicial ante el actuar del Ejército en las calles

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Por su parte, Carlos Silva Forné, especialista del Instituto Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió en un foro que en esas condiciones “empeorarán los riesgos que México vive en material de seguridad, con uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos”.

¿Quiénes proponen la ley? ¿Qué argumentos existen a su favor?

Roberto Gil Zuarth (PAN) en el Senado y César Camacho Quiroz (PRI) en la Cámara de Diputados son los principales promotores de la iniciativa. El panista indicó que es necesario abrir el debate para dar certidumbre jurídica en el accionar del Ejército en tareas de seguridad pública. Además, justifica su iniciativa en la idea de que estados y municipios han dejado de invertir en seguridad pública “porque el Ejército ya se encuentra de facto realizando sus labores”. Camacho Quiroz, por su parte, defiende la propuesta bajo la premisa de que la falta de legislación solo mete en aprietos a los militares cuando están sobre el terreno.

Por ahora la iniciativa de Gil Zuarth está en comisiones, mientras que la propuesta de César Camacho permanece a la espera de dictaminación. Cabe destacar que en caso de prosperar sería necesaria la modificación del artículo 129 de la Constitución, que establece que en tiempos de paz los militares no puede intervenir en conflictos que no sean estrictamente castrenses.

¿Está preparado el Ejército para algo así?

La realidad es que el 36% (una tercera parte) de las operaciones mixtas de las fuerzas armadas se encuentran sólo en dos estados: Guerrero y Estado de México. Es un hecho que la estructura actual del Ejército tampoco alcanza para establecer el control de todo el país.

Respecto al problema de la opacidad, en 2016 el diputado Vidal Llerenas (Morena) advertía que serían entregados para 2017 más de 9 mil millones de pesos para seguridad pública, una erogación enorme que no es sometida a mecanismos transparencia. Por su parte, Ixchel Atilano apuntó que de 90 millones de dólares destinados a gastos para equipamiento militar en 2014, se incrementaron a 500 mdd en 2015, principalmente para adquirir vehículos de ataque aéreo. La especialista explica que: “un ejemplo del uso de estos helicópteros lo observamos en el caso de Nochixtlan, donde se ocuparon dos unidades black hawk, desde los cuales fueron lanzados gases lacrimógenos”.

¿Hay voces a favor de la Ley de Seguridad Interior?

El senador priísta Raúl Aaron Pozos expresó en una columna del Sol de México que es importante regular el actuar del Ejército en las calles por “los roces entre la sociedad civil y cuerpos militares, particularmente en lo correspondiente a “supuestas” violaciones a los derechos humanos”. El legislador asegura que “el enfado de los militares para continuar en estas responsabilidades es comprensible” y también que  reconocer los derechos humanos es algo importante, “pero que es necesario que el Estado Mexicano dé certidumbre a los soldados”.
Juan Ibarrola, por su parte ofreció en Milenio un texto en el que da un paso más adelante en la defensa de la Ley de Seguridad Interior: el descontento con el gasolinazo y la desacelaración en inversión extranjera obliga a que el país “deba estar preparado para enfrentar retos de seguridad interior”.

CRÉDITOS

Gráficas y Redacción: Francisco Trejo Corona
Edición: César Alan Ruiz Galicia
Datos: César Suárez
Ilustraciones: Jonathan Gil