¡Verde México, Naciones Unidas, en las Américas!

El 15 de Septiembre se inaugurará en la ciudad de Nueva York, E.E.U.U., la septuagésima sesión de la asamblea general de las naciones unidas. En ella se discutirá (tentativamente) el próximo 7 de Mayo de 2016 el problema de la droga en el mundo. El principal tema es paz y seguridad, y México tiene interés y preocupación de ciertos aspectos, por lo que se espera una sesión álgida y provechosa no sólo para éste país, sino para toda la región continental, más todavía con el reciente caso uruguayo, que se suma a la lista de soberanías que deciden al respecto, sin menoscabo de las recomendaciones internacionales o federales o nacionales.  

Hasta ahora uno de los mayores problemas para los gobiernos había sido la instrumentación de políticas de drogas con enfoques en reducción de daños, porque justamente las convenciones internacionales (UNGA 1998) “obligan” a los Estados a respetar la legislación internacional. Pero la experiencia de Estados Unidos y Uruguay demuestran que el Estado, mediante el aparato de gobierno puede intervenir en el fenómeno social, no queriéndolo exterminar, bajo una política internacional “recomendable” de prohibicionismo, hostigamiento y represión, sino regulando el mercado que de por sí existe. Por lo tanto, diseñar políticas públicas que informen científicamente a la población, prevengan y atiendan los efectos de las drogas, así como controlar su distribución o venta, implica ignorar las recomendaciones internacionales, pero significa atender las necesidades gubernamentales que demanda una sociedad que en ese tema se ve urgido de legislación. Pues el fenómeno existe.

Aplicar las políticas que más beneficien a la población y la democracia en su conjunto son las tareas urgentes de los gobiernos en las Américas.

En México, a principios de éste año aparece un documento datado en Junio de 2013, bajo la rúbrica de la dirección de servicios de investigación y análisis del Congreso de la Unión, que publicó el documento “Legislación del consumo, producción y comercialización de las drogas, elementos para el debate en México. Marco teórico conceptual, antecedentes, marco jurídico actual, iniciativas presentadas”, que parte de la “reacción ante el aparente fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas ilícitas y debido al incremento considerable del conflicto que se ha suscitado en diferentes estados de la República Mexicana, en materia de seguridad pública, el debate sobre los beneficios y perjuicios de la legalización ha cobrado especial interés en México” Sic.

El trabajo de investigación legislativa propone quitar la marihuana o cannabis de la lista de drogas ilícitas en la legislación federal de salud. Pero no contempla el principio de libertad fundamental del Estado moderno político mexicano, es decir, estigmatiza a quien por conciencia propia o religiosa-colectiva decida libremente consumir cannabis. O al menos deberá considerarse en el debate, que bien avanzado va. Recordemos que en la Declaración de Cádiz, durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en esa ciudad el 16 y 17 de noviembre de 2012, el entonces presidente mexicano, Felipe Calderón junto con todos los mandatarios de la región pide “respaldar la celebración de una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, a más tardar en 2015, con el objetivo de evaluar los logros y las limitaciones de las políticas actuales para enfrentar dicho problema, en particular la violencia que generan la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo”.

El gran reto para los gobiernos es atender esta situación desde un enfoque integral que considere los derechos humanos como fundamentales, para que las políticas y medidas que se impulsen garanticen el bienestar y seguridad de las personas. Porque la razón de ser del Estado político de derecho es garantizar el bienestar y la seguridad a las personas,  tarea que desempeña el poder ejecutivo de gobierno, es decir la policía. Pero en México (CD.MEX) para los policías los “derechos humanos” y su reivindicación por parte de los jóvenes (población en riesgo de ser vulnerada por hostigamiento, extorsión, violencia y abusos de toda índole) es algo que entorpece su trabajo sic.

El problema no es político, sino cultural, claramente. Porque culturalmente se menosprecia la ley, hasta se ve como a un héroe a quien infringe la ley y se sale con la suya, (en México se le dice Chingón), aquél que se sale con la suya a costa de lo que sea. Y todos quieren serlo, eso provoca caos (violencia), que bien se refleja a la hora de que la gente tiene que compartir, socializar, integrarse a la sociedad (polis), e involucrarse con la policía claro que también es socializar. Y el problema sólo puede ser atacado desde la cultura, la libertad y dignidad. Irónicamente, según CUPIHD (Cuadernos, Nº9) los jóvenes en ésta relación con la policía, resultan tener mayor cultura democrática al procurar informarse sobre sus derechos, etc., situación que muchas veces le es contra-producente a la víctima de extorsión, pues el policía autoritario no quiere quedar como quien resulta no saber cómo hacer su trabajo.

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1. Por sus siglas en inglés, que quiere decir Asamblea General de las Naciones Unidas.
2. .La libertad es un constructo social, una idea, refiere a un estado del ser del hombre. Los juristas la definen como “cualidad inseparable de la persona humana consistente en la potestad que tiene de concebir los fines y escogeitar los medios respectivos que más le acomoden para el logro de su felicidad particular”. Burgoa, Ignacio, Las garantías constitucionales, 22ª. Ed., México, Porrúa, 1989, p, 304. En línea, Libertad como derecho fundamental. Disponible al 15 de Septiembre de 2015. Recuperado de http://www.biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2809/8.pdf
3. http://www.druglawreform.info/es/informacion-por-pais/mexico/item/248-mexico#sthash.HSi9ihKg.dpuf
4. Cuaderno cupihd ·9.pp30.
5. Encuentros con la ley. Relaciones entre jóvenes usuarios de drogas ilícitas y policías en Ciudad de México. 2015.