La desaparición forzada no siempre es culpa del Estado: Ombudsman de Jalisco

Según datos oficiales, Jalisco es la segunda entidad con más desapariciones forzadas del país. Sin embargo, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) cree que esta estadística es injusta.

Según la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada consiste en

La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

En 2013, para alinearse a esta definición y hacer frente al enorme número de desapariciones forzadas que se dan en el estado, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma al Código Penal para tipificar la desaparición forzada como delito grave. A dos años de la reforma, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, ombudsman del estado, afirma que la tipificación aprobada fue “un exceso legislativo” que “debe de reformarse de forma urgente” y critica las cifras oficiales que siguen colocando a Jalisco en el segundo lugar en desaparición forzada pues considera que

Todos esos asuntos que comenten los particulares llámense integrantes del crimen organizado, se le están adjudicando como responsabilidad directa del estado, por un tema en donde la tipificación se hizo de forma incorrecta

Además, Álvarez Cibrián propone legislar para crear un nuevo tipo denominado desaparición por particulares, diferente a la de Tratados Internacionales, y más adecuado, argumenta, a la realidad de Jalisco.

Organizaciones en contra 
Asociaciones como la Red Jalicience de Derechos Humanos, el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el Congreso Ciudadano han cuestionado la labor del Jesús Álvarez Cibrián al grado de interponer un recurso en contra de su reelección en 2012. Para las organizaciones “Álvarez Cibrián no tiene la investidura ni el perfil de un ombudsman” y su reelección “representa la confirmación de que seguimos teniendo un vacío en esa institución”.

En junio de este año, el también abogado fue expulsado de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C. debido a que faltó a los Estatuos de la organización y “usurpó funciones que no los han sido concedidas, con el único fin del beneficio propio y no del gremio nacional”.