Militarizar el país: ¿qué implica el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA?

En el Congreso se aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA.¿Qué implica la militarización del país? Según los últimos 18 años: violaciones a los derechos humanos y un aumento o estabilización del crimen organizado y la violencia.

La Guardia Nacional cuenta con 110 mil elementos. Fue creada en 2019 por iniciativa del presidente, tras la extinción de la Policía Federal. Su implementación fue posible debido a que se planteó como un organismo civil, pero en sus últimos días como presidente se convertirá en parte del ejército.

Más del 75% de la Guardia Nacional proviene del ejército o de la marina, por lo que nunca fue un organismo completamente civil. Los requisitos para obtener los mandos más altos excluyen a los miembros de la Policía Federal, ya que se piden al menos 20 años de experiencia en la institución de origen, lo cual es imposible para los policías federales, dado que esta solo había existido unos pocos años. Además, el mando civil, Luis Rodríguez Bucio, es un militar retirado.

El traspaso de la Guardia Nacional a la SEDENA implica que sus miembros serán juzgados bajo el fuero militar en lugar de en tribunales civiles, aunque desempeñen funciones civiles. Además, tendrán acceso a las prestaciones del ejército o la marina.

Activistas y organizaciones no gubernamentales han advertido que esta reforma implica terminar de militarizar el país y podría atentar contra los derechos humanos. Según un reportaje de Animal Político, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y asesinato en cinco años. Aunque esta cifra es mucho menor al número de quejas recibidas por la Policía Federal durante el sexenio de Calderón (4,384), y la Guardia Nacional se ha convertido en una de las instituciones más confiables en el país (58%).

Además, esta reforma incumple tratados internacionales, como los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estipulan que toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil para la prevención de delitos y la protección de los civiles mediante el respeto y garantía de los derechos humanos.

Amnistía Internacional también denunció que permitir a la Guardia Nacional realizar investigaciones de delitos bajo la conducción del Ministerio Público va en contra de tratados internacionales. Human Rights Watch se sumó a las críticas; Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas, señaló que después de casi 20 años de militarización, no se ha reducido la violencia.

En 2023, se intentó aprobar esta reforma, pero la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional debido a que las tareas de seguridad pública deben ser de carácter civil. Los índices de letalidad son diferentes: mientras que la policía tiene como objetivo capturar o prevenir, el ejército tiene la misión de eliminar. El índice de letalidad del ejército es un 60% más alto que el de la policía, y el de la marina es del 150%.

Desde que Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006 y el ejército salió a las calles, las violaciones a los derechos humanos por parte de esta institución han incrementado. Según una encuesta realizada por la IBERO entre 2007 y 2020, 70,000 personas sufrieron violencia física tras ser detenidas por el ejército, lo que representa el 63% del total de detenidos. Durante este mismo periodo, se interpusieron 10 mil 712 quejas ante la CNDH.

El año previo a la guerra contra el narcotráfico, la tasa de homicidios fue de 9.64 por cada 100,000 habitantes, según Expansión. Esta cifra escaló a 22.47 por cada 100,000 habitantes al final del sexenio en 2011.

Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, entrevistada por el semanario Gato Pardo, afirma que se ha demostrado que los operativos permanentes contra el crimen organizado no han disminuido la violencia, sino que la han estabilizado o incrementado.

Sánchez menciona que entre las diferencias más importantes entre la policía y el ejército está el arraigo territorial. Se piensa que si los elementos están en constante movimiento, se evita la corrupción entre las fuerzas y el crimen organizado. Sin embargo, esto hace que se pierda un elemento crucial: lo que en tiempos de la Policía Federal se conocía como “inteligencia social”. Los policías que pertenecían a una comunidad conocían el territorio, a la gente, y la población confiaba más en ellos.

Santiago Aguirre, director del Centro Miguel Agustín Pro, también criticó la modificación del artículo 129, que tiene su origen en el artículo 122 de la Constitución de 1857, el cual limitaba el poder de las fuerzas armadas en tiempos de paz. Esta reforma plantea cambiar dicho artículo para que el ejército pueda prestar cualquier servicio que proponga el Ejecutivo. “Se aumentan las atribuciones, pero no se incrementan los controles; por ejemplo, la CNDH y otras instancias que actuaban para denunciar y contrarrestar el poder del ejército están debilitadas”.

Durante el sexenio de López Obrador, se modificó la Constitución para disponer de la Guardia Nacional en megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. En ese sentido, el ministro en retiro José Ramón Cossío, entrevistado por Carmen Aristegui, señala que la atribución de tantas tareas a la Guardia Nacional está ligada al sueño de una “burocracia dorada”, donde el presidente puede disponer de una organización híper vertical para llevar a cabo sus proyectos.

Al consolidar el poder militar en tareas civiles, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de violencia y abuso sin abordar los problemas fundamentales de seguridad. Las fuerzas militares continúan ampliando su marco de acción, y no se establecen controles para contener y sancionar los excesos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue atrapada en medio del fuego cruzado.