Violencia contra la religión en México: segundo país en Latinoamérica en ataques hacia sacerdotes

El Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina (OLIRE) reportó hasta 62 incidentes contra iglesias y sacerdotes en México entre enero y junio de este año, entre ellos 33 intentos de profanación o destrucción, 23 casos de abuso físico o verbal y cuatro asesinatos.

“Líderes religiosos y activistas defensores de derechos humanos que exhortan el cese de la violencia, que realizan actividades pastorales y humanitarias, son percibidos como una amenaza para los intereses ilícitos y la autoridad de facto que ejercen los grupos criminales”, menciona el reporte.

El gobierno de Estados Unidos explicó en un informe en 2022 que grupos de criminales, como narcotraficantes, atacan a líderes comunitarios, por ejemplo, curas, para infundir miedo en la población y así continuar con sus actos de delincuencia con menos obstáculos. “Esta situación se agrava por el ensañamiento con el que son silenciados los líderes religiosos y defensores de derechos humanos, aunado con los lazos de corrupción entre criminales y funcionarios públicos. Incluso en los más altos niveles de la administración estatal no se atienden de manera debida los llamados realizados por las comunidades religiosas que están en riesgo y/o han sido víctimas de este tipo de situaciones”, señala también el OLIRE.

El único país en donde existen más casos de violencia contra líderes religiosos y defensores de derechos humanos es Nicaragua, en donde el mismo gobierno autoritario ha puesto a la Iglesia católica como blanco. La situación ha forzado a los sacerdotes en este país a huir, ya que muchos han sido acusados por ser críticos contra el gobierno y se les han retenido sus bienes.

La impunidad y el abuso de poder de autoridades federales y estatales son dos factores que preocupan en el panorama mexicano. Cabe recordar el caso donde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en Ciudad Juárez irrumpieron sin sustento legal en la Catedral del municipio en busca de la detención de migrantes, o también el caso de los dos jesuitas asesinados en Cerocahui, Chihuahua el 20 de junio de 2022, ya que después de más de un año no han habido avances para encontrar al responsable.