Aunque prometieron defender al Tribunal, dirigentes del PRI, PRD y PAN se alían con Morena para debilitarlo

Las alianzas estratégicas de cara al 2024 se van aclarando y por lo visto los partidos que se denominaban de “oposición” se alian junto al partido Morena para reformar el Tribunal Electoral, de acuerdo con diario El País esta reforma es un proyecto que busca impedir a los magistrados electorales emitir sentencias sobre decisiones tomadas por los partidos en materia de paridad de género así como la selección de sus dirigencias y candidaturas.

Tal cual lo resume Jorge Álvarez Máynez quien durante su entrevista con Carlos Loret de Mola reveló que esta medida es para que el PRIAN se quede con las migajas que le tocan y así varios se puedan perpetuar en el poder de sus partidos. Para entender más aquí te dejamos un extracto del video.

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¿No sabes que es lo que ocurre con el Tribunal Electoral?

En la Cámara de Diputados se ha lanzado una propuesta de reforma constitucional que busca acotar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta iniciativa viene impulsada por los grupos parlamentarios de Morena, sin embargo también ha contado con el apoyo de legisladores del PAN, PRI, PRD y sus aliados.

El TEPJF es la máxima autoridad judicial en materia electoral dentro del país. Es el encargado de vigilar que los procesos electorales se lleven a cabo de acuerdo al marco jurídico, además de vigilar que los partidos políticos cumplan con la legislación pertinente en cuanto a su organización interna.

Precisamente, son estas atribuciones las que se buscan acotar, dejando que los partidos determinen su organización interna sin la aprobación del Tribunal. De acuerdo al diario Reforma, estos son los términos de la propuesta legislativa:

La iniciativa de reforma constitucional de los partidos al TEPJF propone frenar juicios de derechos políticos promovidos por mujeres, discapacitados, migrantes, indígenas y transgénero; protege a las dirigencias partidistas contra juicios internos en el nombramiento de dirigencias; ata las manos al Tribunal Electoral federal en la definición de candidaturas en caso de impugnaciones de militantes, como en el caso de Félix Salgado o Raúl Morón, quienes fueron impedidos a competir en las elecciones de Gobernador de Guerrero y Michoacán, respectivamente, por fallas en sus comprobaciones de gastos de precampaña.”

Es decir, se busca modificar los artículos artículo 41, 73 y 99 de la Constitución mexicana, haciendo que las acciones afirmativas sean conforme a una la ley secundaria y los partidos regularán la designación de sus dirigencias, sin importar la paridad de género en su titular. Además, se limita la jurisdicción del TEPJF a resolver controversias que únicamente provengan de omisiones o resoluciones derivadas de la ley electoral.

Las decisiones de los órganos de gobierno o de los interiores de las Cámaras del Congreso de la Unión, como la Jucopo, quedan excluidas. Ahora quedarán a cargo de la SCJN la que resuelva las controversias, dejando sumamente acotadas las atribuciones del TEPJF.

Cabe señalar que “el proyecto está precedido por sentencias judiciales que han frustrado actos irregulares cometidos por los propios partidos o que han garantizado el acceso de grupos vulnerables a cargos de elección popular. Por ejemplo, el Tribunal Electoral invalidó una reforma a los estatutos del PRI con la que el dirigente, Alejandro Moreno, Alito, pretendía extender su mandato un año más. En el mismo sentido, el órgano judicial dio a conocer la semana pasada un proyecto de sentencia en el que propone anular un acuerdo del Congreso Nacional de Morena que permitía a Mario Delgado, presidente del partido, prolongar también su dirigencia“, según señala el diario El País.

Esta reforma limita las garantías judiciales que han conseguido grupos minoritarios, pues ahora el TEPJF no podría asegurarse que los partidos sigan los principios de paridad e inclusión en sus candidaturas y dirigencias internas. Al ser una modificación constitucional, se necesita la aprobación de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

A pesar de la supuesta moratoria, Morena, sus aliados y los partidos llamados de oposición han impulsado este proyecto. Por el contrario, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano ha señalado los perjuicios de la iniciativa, haciendo hincapié en el retroceso de derechos para grupos vulnerables.

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