Coppel y Coronavirus, la voracidad en abonos chiquitos

Por Daniela Castillo

Como sabemos, una de las empresas señaladas por no acatar las disposiciones de salud ante la contingencia sanitaria en México ha sido Coppel, una cadena de tiendas departamentales que además de ofrecer ropa, calzado y muebles ha repuntado por ofrecer servicios bancarios. De acuerdo a la revista Expansión, ésta reporta ventas superiores respecto a Palacio de Hierro o Sears, los posibles beneficios de tener cautiva a una parte de la población vulnerable a través otorgar de créditos sin revisiones exhaustivas; ser tienda y banco debía tener ventajas. Pero pocos saben que desde 2009 el corporativo emprendió un nuevo proyecto, la creación y desarrollo de algunos centros comerciales. Del que vamos a hablar en estas líneas se encuentra en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México: Plaza Ermita. 

No es un secreto que el trato a su empleados ante la emergencia sanitaria vayan en contra de las medidas de salubridad que el gobierno local y federal han implementado, llegando a ser una empresa que ha mostrado el interés propio sobre el de sus trabajadores. Bajo esa misma lógica, no debe causar asombro que las políticas de apoyo a los arrendatarios de sus centros comerciales sean, no sólo aparentes sino inexistentes.

Recientemente se estimó que a causa de la llegada del Coronavirus a México, entre marzo y abril de 2020 quebraron más de 4mil empresas. Por lo que aquí relatamos algunos de los retos y desafíos a los que se han enfrentado los arrendatarios de Plaza Ermita de acuerdo a las políticas utilizadas por el corporativo Coppel ante la pandemia.

Declaraciones de algunos arrendatarios de Plaza Ermita suenan irreales, las acciones por parte de la empresa podrían pasar por ejemplos sacadas de algún libro de marxismo clásico y es que todo inició cuando los locatarios preguntaron cuáles serían los apoyos que el corporativo otorgaría a sus socios comerciales ante la baja afluencia de clientes debido a la emergencia sanitaria. La respuesta de la administración de la plaza ha sido discrecional pues la política es la de brindar apoyos diferenciados según su cumplimiento en pago de rentas, muy al estilo del rational choice: zanahoria y garrote.

Por ejemplo, uno de los locales que lleva colaborando con Coppel desde hace once años y que tiene saldo al corriente resultó ser considerado con uno de los mayores beneficios: 45% de condonación en pago de renta y 5% de descuento en pago por publicidad, únicamente por el mes de abril. A otro, que cuenta con tres años de estancia en la plaza y ha llegado a presentar algunos retrasos con el pago de rentas, no se les ofreció apoyo alguno sino hasta el mes de mayo.

Al respecto, los arrendatarios de un restaurante mencionaron que durante los últimos días de marzo y los primeros de abril en los que las medidas sanitarias comenzaron a repercutir, la venta por día llegó a oscilar los 500 pesos. Indicaron que con ello, la administración de Plaza Ermita y el corporativo de Coppel pretendían que se cubriera el pago de la renta del local más pago de publicidad que con todo y su descuento correspondiente ondeaba los 15mil pesos, adicional se esperaba se cubrieran los salarios de los trabajadores, el pago de servicios como luz, agua, gas, teléfono, además de la posible reinversión. 

Para otro de los locales que no es considerado servicio esencial, no ofrecieron descuento para el mes de abril pese a que sería un comercio que debía cerrar temporalmente según las disposiciones del gobierno. A finales del mes, la administración solicitó el pago de la renta correspondiente o de lo contrario, comenzarían a correr los intereses moratorios. Tras explicar la situación de no contar con ingresos debido al cierre temporal, la administración ofreció un 30% de descuento en renta para el mes de mayo, ya que para abril debía pagarse el alquiler completo.

Ante dicha situación, el propietario del local decidió –pese a las medidas sanitarias y pese al temor de una inspección por parte del INVEA- continuar ofreciendo servicio pues cerrado igual tendría que pagar una renta y abierto existía la esperanza de contar con algo de ingresos y enfrentar de mejor manera la deuda con la plaza comercial.

Adicionalmente, cuando varios arrendatarios platicaron con la administración de la plaza ante el anuncio lanzado por parte de los gobiernos federal y de Ciudad de México sobre los apoyos que deberían brindar las grandes empresas para evitar el colapso de la economía, su respuesta resultó proverbial: “una cosa es lo que dice el gobierno y otra es la que vamos a hacer aquí”. 

Nuevamente, los locatarios preguntaron ¿Qué hacer en caso de una posible inspección por parte del gobierno? Bajo el entendido del que Plaza Ermita -se supondría- debería permanecer cerrada, la administración respondió: “Nosotros ya lo platicamos con nuestro departamento jurídico y mientras en la plaza haya bancos y servicios de comida, no nos pueden hacer nada”. 

Es decir, la misma administración se protege con ciertos servicios mientras que aquellos negocios no indispensables quedan a la deriva. Mientras tanto, las tiendas Coppel continúan abiertas al público y es que bajo el esquema de brindar servicios bancarios incluso mantienen abierta la tienda Fashion Market, una tienda de ropa propiedad de Coppel.

Dicha situación causó molestia para los arrendatarios, pues bajo la asesoría del despacho jurídico de Coppel resguardan los intereses del corporativo y no los de sus socios comerciales. Más aún, les incomodaron las medidas por las que apuestan, por ejemplo algunas de sus alternativas fueron contratar con la misma plaza lonas publicitarias (es decir, un gasto adicional), volanteo para invitar a la gente a consumir (o sea, una medida de interacción con la población en medio de una pandemia) y en el casos de restaurantes, simplemente recomendaron darse de alta servicios de comida para llevar.

De modo que la realidad, resultado de la crisis sanitaria y de las casi nulas políticas de apoyo por parte del centro comercial, han llevado a varios arrendatarios a cerrar definitivamente sus negocios. En varios de los casos, este cierre impacta en desempleo de trabajadores, reducción de compra de suministros, merma en la inversión e incluso en la pérdida del auto empleo. 

A lo que un propietario declara con frustración y tristeza salir sin ganancias después de más de una década colaborando con Coppel; una más, menciona que prefiere cerrar antes de hacer crecer la deuda con la plaza; otra, además de retirarse preocupada por sus intereses también lo hace por una de sus trabajadoras, de la que comenta, contaba con ese empleo para reiniciar su vida tras años de violencia de género.

Así que ¿en qué condiciones se retiran estos PyMES (a esos que el gobierno ha pretendido ayudar)? Con el pago del depósito que realizaron al iniciar la relación comercial menos una multa por salida anticipada. En el caso de aquellos que cierran local, pierden la inversión por adecuaciones realizadas a un inmueble que recibieron en obra negra; en el caso de islas y kioscos aunque retiran su mobiliario es difícil que lo vuelvan a utilizar pues cada plaza tiene características específicas, lo que significa que tendrán que invertir de nuevo para el futuro.

Finalmente, este es uno de los muchos casos en los que la pandemia por COVID-19 está afectando a la economía del país a través de dos vías: la primera, debido a la naturaleza propia de la propagación del virus en la que todas las economías del planeta han entrado en jaque y la segunda que tiene que ver con el interés particular de las grandes empresas a minimizar su déficit aunque ello implique atentar contra la salud de sus trabajadores.

El caso de la empresa Coppel pone en evidencia la explotación de la necesidad humana por mantener su empleo y, en el caso específico que se narra, el distanciamiento y superficialidad comercial por parte de la empresa hacia sus socios comerciales, así como el despliegue de herramientas jurídicas para contravenir disposiciones oficiales. A Coppel le importan los pobres, le importa que no se atrasen en sus pagos para mantener su emporio. Enfermedades, pobreza, desempleo e historias personales subyacentes que emanen de sus empleados o socios –por más Covid que haya- no genera intereses, y por lo tanto no les importan.