Política Fiscal en la 4T: del gasto a la inversión.

Por Dario Riva Palacio (@dariorp), y Eduardo Mejía

Este artículo se ocupa de la tercera participación de los doctores en Economía de la FES Acatlán de la UNAM en la mesa de análisis a 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El tema principal es la política fiscal. Como en artículos anteriores, resumiremos los argumentos de cada panelista y concluiremos con un punto de vista de quienes escriben.

Abre la ronda el Dr. Javier Galán haciendo notar que el gobierno ya emitió un bono de dos mil millones de dólares a principios de año, lo que representa una contradicción; y abunda en el tema de la cancelación del NAICM. Para él, haberlo cancelado representa una deuda a 20 años y un error  en cuanto a política fiscal. Parece transmitir la idea de que los gastos en los que se deberá incurrir no estarán equilibrados con el “asistencialismo”, como califica a los programas sociales.

El Doctor Jorge López plantea que se conserva la misma estructura de gasto: la mayor parte del presupuesto es para gasto corriente, y la menor para el gasto de inversión. Se necesita lo contrario para tener un verdadero impacto en el crecimiento y desarrollo económico. Es difícil porque hay gasto que ya está etiquetado, es poco el margen para poder hacer un cambio que impulse a la economía de un año a otro.

La Dr. Mónica Mimbrera plantea que el reto es generar cambios en política fiscal. Al momento – dice – se mantienen programas sociales de transferencias condicionadas que no superan la pobreza en el largo plazo, pero pueden convertirse en programas clientelares. Lo importante, sería generar condiciones de empleo formal acompañados de una reforma fiscal que tenga como base una política tributaria progresiva.

Para el Dr. Andrés Rosales, la deuda contraída en el pasado no se utilizó para desarrollo de infraestructura, y al contraerse la economía, las empresas se encuentran con capacidad ociosa, y un bajo margen de ganancia. Sumado a esto, no contamos con empleos bien remunerados, por lo que incrementar la base impositiva en este contexto, significaría disminuir la calidad de vida. Si no hay deuda ni incremento de tasa impositiva, solo puede aumentar el gasto en función de lo que se recupera vía corrupción. Por otro lado, el gobierno tiene que invertir, y lo esta haciendo con Pemex, o con el tren Maya; se está dando un panorama de que el gobierno va a intervenir en la economía.

En cuanto al aeropuerto, consideró que si en el largo plazo se generarían más deudas y más conflicto por sobrecosto y corrupción, es mejor cancelar y tener una perdida al instante, y no de largo plazo, y así evitar los intereses, que sí se pagan en el corto.

Concluye el Dr. Jorge Feregrino, quien está de acuerdo con la política social implementada desde el gobierno vigente, ya que hay 60 millones de pobres. Las empresas apoyarán a consciencia de que son consumidores potenciales, y se aprovecharían de esta dinámica económica que hace circular al dinero. La preocupación es que no parece haber una política enfocada a la innovación.

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En contrapunto a lo expuesto por los panelistas; existe un documento de mayor relevancia que permite dimensionar los primeros cambios que la incipiente administración implementará: el paquete económico presentado por el Dr. Carlos Urzúa. Vemos un aumento de 960% en la secretaría de Energía, 932% para la secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el 116% en turismo.

A quienes escriben les parece extraño que uno de los panelistas experto en econometría y desarrollo regional caiga en el simplismo de evaluar a una economía del tamaño de México en torno a una sola obra de inversión como es el aeropuerto, cuando los agentes económicos suelen diversificar para menguar riesgos. Si existe un nodo con suficiente preponderancia para impactar en la economía nacional, este es Pemex.

En cuanto a Pemex, existe la posibilidad de que el gobierno inyecte recursos por única ocasión a partir del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Desde la administración anterior, luego de la reforma energética, este fondo no se utilizaría a menos que los ingresos estimados sean mayores a los reales; pero si no existe una crisis, el fondo es prácticamente inutilizable. Sin embargo, y por única ocasión, existe la posibilidad de que el gobierno haga uso del mismo; pero es imprescindible entender los tiempos de la trayectoria económica nacional. Es necesario esperar a fines de abril para conocer el Plan Nacional de Desarrollo, y en consecuencia, esperar el Plan de Negocios de Pemex, estimado para Mayo, y que de ser convincente, podría aspirar a este fondo, y así no recurrir al mercado para refinanciar su deuda con altas tasas de interés. “Esta puede ser la idea salvadora, pero todavía no estamos totalmente convencidos; tenemos que ver el Plan de Negocios de Pemex”, dice el Secretario de Hacienda y Crédito Público.

El Dr. Carlos Urzúa profundiza en materia de política fiscal planteando que si bien no habrán aumentos de impuestos en los primeros años del sexenio, sí aumentará la base tributaria, principalmente por el lado de evasores y elusores. En este sentido, queremos adelantar otro combate al huachicoleo, en este caso fiscal, contra la venta de facturas,  con inteligencia financiera y digital.

Dada la pirámide poblacional, los mayores a 65 años, que representan alrededor del 8% ,serían acreedores a la pensión para adultos mayores que es de carácter universal; no clientelar. Desde el punto de vista humano, esto es con creses más digno para la sociedad que abrirles las puertas a trabajos de subocupación como empacar el súper. A quien sí se les abre la puerta hacia un trabajo formal y en consecuencia tributable, es a 2.3 millones de personas con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca formalizar y ocupar una población que no tuvo oportunidades en sexenios anteriores.

En el escenario actual, lo único preocupante parece ser el problema de flujo y deuda de Pemex. Éste tema se aborda en conjunto con el resto de políticas sociales en el marco de un anunciado nuevo modelo de desarrollo. El reto es lograr el superávit primario prometido por el Gobierno de AMLO, un gasto menor a los ingresos, y esto se está cumpliendo de acuerdo a los primeros resultados sobre la situación financiera del sector público al mes de febrero, donde el superávit primario fue de 57.7 millones de pesos, superando incluso los 12.4 previstos.