El feminicidio en México, una problemática entre la impunidad y la tecnocracia de género
En la víspera del cambio de gobierno, México padece una crisis con el aumento en el número de feminicidios. Lo que debería considerarse como una emergencia nacional. Surgida en este país, esta categorización toma como criterio principal la condición de género que tienen los asesinatos de mujeres, siendo el feminicidio la manera de nombrar esto que ocurre en la sociedad mexicana: no importa de dónde vengan, las mujeres corren peligro y pueden ser asesinadas sin que haya garantías de seguridad o justicia.
Según el registro llevado por María Salguero, en el país se han contabilizado más de 1,165 feminicidios, en lo que va del 2018, aunque la cifra exacta es difícil concretarla, ya que cada día aparecen nuevos casos; según cálculos de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en México ocurren entre 8 y 9 feminicidios al día.
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado poco esta problemática, no lo hizo durante su campaña, tampoco en sus discursos tras conocer su victoria electoral y hasta el momento, el acto más contundente del periodo de transición ha sido la reunión que sostuvo Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, con organizaciones nacionales de la sociedad civil que luchan contra la violencia en la que viven la mayoría de las mujeres del país.
¿Es posible pensar en el progreso del país, en el desarrollo de regiones enteras, en la reconciliación que tanto se pregona luego de las elecciones de julio de 2018, sin procesos de justicia y de cambios de fondo en las instituciones y en la sociedad que han permitido el horror de la violencia contra las mujeres?
Fruto de una larga lucha y de la presión ejercida, 43 organizaciones de 23 estados del país –entre las que destaca el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF)–, consiguieron que la nueva administración aceptara una reunión para plantear los retos a los que se enfrentará el gobierno entrante; al termino del encuentro se acordó la implementación de acciones conjuntas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en México, tal y como se expresa en el boletín emitido por el Observatorio.
Entre estas acciones conjuntas, las organizaciones y familiares de víctimas de feminicidio subrayaron la necesidad de fortalecer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), así como el establecimiento de un mecanismo para la implementación efectiva de las Alertas de Género. Señalaron, además, que es fundamental establecer un Código Penal Único en materia de los Delitos de Género, la emisión inmediata de las órdenes de protección, la creación de un Protocolo Nacional de Investigación del Feminicidio y la homologación del tipo penal de feminicidio.
Otro de los puntos presentados a la próxima secretaria de Gobernación es la imperiosa necesidad de que en la Estrategia Nacional de Seguridad sean tomadas en cuenta las problemáticas como el feminicidio y la desaparición, vinculados, además a la trata de personas. Sin embargo, en el plan presentado por el presidente electo poco antes de asumir el cargo, no se hace mención alguna.
¿Cuál es el estado actual de la problemática que tiene a las mujeres en México en una situación de violencia, inseguridad e impunidad? El ONCF, en su más reciente informe, Implementación del tipo penal de feminicidio en México: desafíos para acreditar las razones de género. 2014-2017, presentado el 10 de abril de 2018, plantea una ruta para tratar de comprender y analizar las razones que llevan a la permanencia de la violencia mortal contra las mujeres, una ruta de la impunidad.
«Nos llevamos muchos años para tratar de entender que no solamente las mataban personas cercanas, parejas o familiares en su primer círculo o conocidos de las víctimas sino también las estructuras criminales. Y eso lo hemos visto muy claro, hemos visto cómo las niñas son desaparecidas por grupos, por diversas estructuras, por grupos delictivos diversos; estamos hablando de una diversidad de estructuras criminales, porque no es lo mismo decir que hay chavos que secuestran, que se llevan a las jóvenes, piden rescate y las matan, de todos modos las matan. Esa una manera», explica en entrevista Luz Estrada, coordinadora del Observatorio.
«Pero tu no puedes sostener –continúa Estrada– que tods los casos son así. Para hablar de los feminicidios tienes que entenderlos en este contexto de descomposición del país grave, que se agudiza con la guerra contra el narcotráfico, en los últimos 12 se ha vuelto caótico».
Paulina tenía 19 años cuando fue asesinada por su novio. Tenía casi 4 meses de embarazo. En palabras de su madre, ella «tuvo muy buenas circunstancias de vida y les gustaba mucho hacer amistades, ella era muy alegre, siempre estaba sonriendo. Era mi compañera de vida, siempre estaba conmigo, nos gustaba mucho ver películas». La tarde soleada en que conocí a su madre, la señora María del Rocío del Carmen Limón Maldonado, las cifras de feminicidios en el estado de Puebla habían subido a 53 (desde mediados de 2015 hasta comienzos de este marzo de 2016). Paulina llegó en la fotografía que cargaba su madre, y con esa misma alegría que tuvo en vida estuvo mirándonos todo el tiempo que duró la entrevista.
La última vez que Emigdia Rivera vio a su hija Alondra Abrajan Rivera fue al mediodía del 15 de junio de 2017. La joven de 14 años comió en el local de comida que su madre tenía hasta entonces, se despidieron y ella salió con rumbo a la escuela. Alrededor de las 21:00 hrs, doña Emigdia, preocupada porque su hija aún no regresaba a su casa, comenzó a buscarla: «al ver que no llegaba me empecé a preocupar y llamé a su celular, pero no tuve resultado alguno ya que me enviaba directamente a buzón de voz. Quise ser paciente y dije: ‘quizá se fue al centro’. A las 21:30 le volví a marcar y nada. Pensé en alternativas, así que le marqué a su amiga Jocelyn ya que se juntaba mucho con ella y seguramente sabría algo».
Ruta de la impunidad
Lo que se plantea en el mencionado informe se ha convertido en un aparato de análisis fundamental para quienes nos acercamos a estas historias de violencia sin límites, violencia ejercida por hombres que piensan que asesinar a una mujer no tendrá ningún efecto en materia de justicia. Hombres que se amparan en la impunidad que reina en las instituciones mexicanas, impunidad que es posible, también, porque la sociedad lo motiva.
Este es el listado de las irregularidades y faltas más comunes que se presentan cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer. Esta es la ruta que se ha identificado, y que, total o parcialmente, se recorre en todos los casos de feminicidio registrados en México; que estas situaciones caractericen la justicia mexicana es un reto que se le plantea a la nueva administración federal y a toda el país:
- Resistencias para reconocer, y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
- Las resistencias para reconocer, y por lo tanto investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género como feminicidios.
- Mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia.
- Inconsistencias en dictámenes periciales.
- No existen análisis de contexto sobre los casos de feminicidio.
- No son garantizados los derechos de las víctimas.
- No existe un mecanismo efectivo de seguimiento a casos a casos que verifiquen el cumplimiento de la debida diligencia.
- Falta de perspectiva de género en las sentencias.
Si esta es una radiografía de los mecanismos de justicia actuales a los que la sociedad se enfrenta en caso de presentarse la necesidad de investigar un feminicidio, la revisión de la fotografía completa nos da la certeza de que no basta la buena voluntad para cambiar las cosas.
En el prólogo al libro «La fosa de agua. Desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios», reciente trabajo de Lydiette Carrión, la periodista Blanche Pietrich señala que al revisar con detenimiento las historias de feminicidio, sucede algo fundamental: «Lo que sale a la luz son las miserias del aparato judicial plagado de policías que de día patrullan y de noche delinquen, de Ministerios Públicos que dormitan sobre los expedientes, de fiscales que siguen la máxima regla del menor esfuerzo y se detienen ahí donde creen que pueden ‘pisar callos’, ya sea por conveniencia política o por complicidades inconfesables».
Por su parte, la coordinadora del OCNF, afirma que «lo que queda claro es que hay graves deficiencias en las investigaciones de feminicidios, de la mala investigación. Entonces lo que nosotras estamos tratando de demostrar es que no se están investigando, que ha habido aumento en los asesinatos violentos; por ejemplo, el año pasado fueron asesinadas poco más de 3 mil mujeres, y yo tengo mis reservas, porque hay estados como Jalisco, donde los datos con los cuerpos que se han encontrado son mucho más altos».Este es el fracaso que hay que combatir radicalmente.
La conjunción de factores, en donde no se trata sólo del contexto doméstico o cercano sino de la presencia de grupos criminales, generan una imperiosa necesidad de la actuación de las autoridades, a pesar de que éstas no investigan los casos, hacen conclusiones sin hacer todas las pruebas y dictámenes necesarios, es decir, no realizan un procedimiento con perspectiva de género y no acredita el tipo penal correctamente. «Es como si fuera una basurización de las mujeres» sentencia Estrada.
Alondra. «La encontraron atrás de la secundaria, cerca de las vías. El que la mató la fue a tirar a una zanja donde tiraban basura y con la misma basura taparon su cuerpo. Alegaron que no me dejaron verla porque su cuerpo estuvo ahí toda la noche, los animales se habían comido parte de su rostro, sus hombros. Y esa fue la decisión de mi hijo, el que ya no la pudiera ver por el estado de descomposición en el que se encontraba».
Andrés, el asesino confeso, hizo su declaración por escrito y el día en que lo sentenciaron, doña Emigdia le preguntó las razones de sus actos: «qué le había hecho mi hija para que le hiciera eso, quiero saber si es verdad lo que dicen, que ella vendía bebida, que se prostituía o que te ayudaba a ti. Él respondió que no, ‘solo éramos compañeros de clases, nos hablábamos. La verdad es que hice lo que hice porque estaba drogado, no supe lo que hice. Ya cuando reaccioné ya la había matado’».
Paulina. El 27 de agosto se ubican los videos de distintas cámaras cercanas al lugar en donde se les ve por última vez juntos a Paulina y Chema. Gracias a un video de la cámara de seguridad de una papeleria se puede ver lo que sucedió realmente: «se les ve a ellos atravesar una calle y la sienta a ella en una jardinera, y pues, con toda la claridad del video, él le dice algo, ella dice que sí y él se adelanta a la calle y para un taxi Tsuru con logotipo de una agencia que existe ahí cerca, sube a Paulina al taxi, se sube con ella, cierra la puerta, el taxi se da la vuelta y se va rumbo a La Margarita, en la dirección que el taxista refiere, que es el departamento de Chema.
El momento en que le enseñan ese video es el momento en donde él se enfrenta y confiesa lo que hizo. Dice que la lleva a su departamento con engaños, le promete que le tiene un regalo, que le tiene una sorpresa para ella y que le quiere enseñar un perrito que él acaba de adoptar y que le promete que la va a llevar y que la va a regresar inmediatamente del departamento al café para que nosotros pasemos por ella. Entonces dice que la lleva al departamento, ahí la lleva hacia su recámara, que hay una pequeña discusión y que en ese momento él la sujeta con una llave que no sabe cómo se llama, lo hace por la parte de atrás y la asfixia durante 30 minutos, o sea la mata y la arrastra al comedor y la pone en unas bolsas negras de basura, en posición fetal, ahí avienta todas sus cosas, su bolsa, lo que llevaba y fleja las bolsas –que incluso refiere él, había comprado días antes–, la carga en el hombro y la lleva enfrente de su departamento, a unos 50 metros, donde se encuentra un contenedor y la tira a la basura».
Tecnocracia de género o ¿en qué momento matar a una mujer se vuelve tan fácil?
«Si ves que no pasa nada realmente, que no hay castigo, entonces lo siguen haciendo, y no sólo se trata de la parte penal, sino de la educación social que tenemos en nuestro país».
Para la criminóloga Edrey Rodríguez, el hecho de que se destinen presupuestos millonarios en las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y no se logren resultados favorables, es algo premeditado y que es posible en una sociedad enferma. Esta dinámica y la corrupción que la avala es lo que ha denominado como «tecnocracia de género», una manera que ayuda a entender lo que sucede cuando el dinero que debería usarse para combatir la violencia contra la mujer, los feminicidios y cualquier agresión en este sentido, desaparece y sólo se encuentra en informes de los gobiernos estatales o bien en la maquinaria bien engrasada que genera ganancias a cambio de impunidad.
Tomando como punto de partida la definición del gobierno mexicano, la AVGM consiste en «el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un determinado territorio, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad». Sin embargo, en la práctica, estas acciones no están claras y no se muestra una estrategia clara para su aplicación.
Con experiencia laboral en el área de Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad del municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México, Edrey comenta que una de las áreas más importantes es el área de AVGM y que, sin embargo, al interior a veces el propio personal asignado –policías municipales hombres– vuelve pesado el ambiente de trabajo. «Salvo mi jefa, que sí mostraba interés, el resto de la Comisaría eran déspotas al tratar a las mujeres que llegaban a pedir atención, les contestaban mal. A veces las mujeres que trabajamos ahí nos sentíamos acosadas» comenta la criminóloga.
Así es la cotidianeidad de las acciones e instancias que operan dentro de las AVGM.
Por su parte, Luz Estrada considera que las AVGM son un mecanismo necesario en el lucha contra la violencia contra la mujer, porque hasta ahora ha sido el único mecanismo que ha logrado enlazar a los diferentes niveles de gobierno y porque con la declaración y activación de una Alerta, queda constancia de la responsabilidad del Estado mexicano en esta problemática y de esta manera se pueden identificar las necesidades institucionales.
«Lo que demostraron las Alertas es que ni lo mínimo tenían para la atención de la violencia feminicida. En el último informe de CEDAW [Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU] se obliga al Estado mexicano a investigar los feminicidios, porque le mostraron en este tiempo, de 2012 a 2016, solamente tenían 300 procesos de sentencia, que no eran sentencias definitivas, en aproximadamente 4 años. Hay que entender que la Alerta de Género, su función hoy es cambiar políticas públicas y marcos normativos y eso es urgente» sostiene Luz.
Actualmente, las entidades que tienen activada la AVGM son 16: Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango y Campeche. En entidades como Ciudad de México, Coahuila, Jalisco y Puebla, las organizaciones dela sociedad civil, de mano de muchas familias afectadas han insistido en la declaratoria de este mecanismo, aunque no han sido escuchadas su razones.
Por ejemplo, Enrique Flota Ocampo, fiscal de derechos humanos y luego fiscal anticorrupción en Puebla, comentó, en el contexto de la desaparición y posible asesinato de la joven Paulina Camargo Limón, de 19 años, que para él –al igual que para todo el gobierno estatal– no era necesario declarar la AVGM, «ya que los casos (más de 50 entre enero y abril de 2016, momento de su declaración), no están focalizados en un sólo punto geográfico y no tienen las mismas características».
Revisando los distintos modus operandi de los feminicidios en el momento en que el funcionario opinó, es posible darse cuenta de que por lo menos un 10% tienen las mismas características: es la pareja de la mujer la que las asesina, las chicas son menores de 25 años y están embarazadas; otra buena parte de los casos, sólo difieren en este último punto del embarazo. Y, si bien es cierto, los feminicidios no se ubican en un sólo lugar, el aumento en los casos reafirma que los hombres piensan, de alguna manera, que pueden deshacerse de las mujeres sin ser castigados y que además es algo «normal». Sin embargo, es indispensable investigar los distintos contextos a partir de una perspectiva de género.
Además, hay que señalar que la AVGM es posible activarla por municipios, criterio que debería facilitar su aplicación. Las cifras actuales en Puebla apremian a la declaratoria para combatir la violencia de género: en 2015 se registraron alrededor de 50 casos de feminicidio, en 2016 la cifra aumentó a 81 casos, para 2017 se documentaron 99 casos y en lo que va de 2018 más de 60 mujeres han sido asesinadas; esto tan sólo en cifras oficiales, a lo cual habría que sumar la contabilidad de los femicidios que no fueron investigados como tal por un dolo de parte de las autoridades.
La prueba de que las Alertas de Género no ha tenido un efecto en el freno de la violencia contra las mujeres, es el aumento en los casos de feminicidio; por ejemplo, en el Estado de México, (con la AVGM activa desde finales de julio de 2015 en ciertos municipios) si uno hace un seguimiento en medios de comunicación, todos los días hay, al menos, un caso nuevo. Las mujeres no han dejado de vivir bajo el miedo y bajo la presión de la violencia, la impunidad ha aumentado y pareciera que a los distintos niveles de gobierno no les parece relevante esta situación.
«En el área de Prevención al Delito, nos quitaron la patrulla que teníamos asignada al principio, no había presupuesto para fotocopias ni para asistir a foros, todo lo ponía mi jefa. Lo único que sí había era un distintivo morado para los elementos policiacos que pertenecen a esta sección. Las células de reacción inmediata, diario las veía, en la mañana, tomándose selfies con sus uniformes y sus patrullas, no sé si hacían su trabajo o no, a veces patrullaban» señala Rodríguez.
Alondra Abrajan Rivera, fue asesinada por un compañero de la escuela el 15 de junio de 2017, y a pesar de todos los indicios que deberían haber hecho que su caso se investigara con perspectiva de género, Andrés, su asesino, fue sentenciado por homicidio sin el agravante de feminicidio y recibió una pena de 5 años más la reparación del daño, por ser menor de edad. Sin una investigación adecuada, él puede quedar en libertad y hasta el momento su familia se niega a cubrir los gastos que la CEAV ha determinado como ‘reparación del daño’.
Paola Camargo Limón fue desaparecida el 25 de agosto de 2015, sin embargo, su novio, agresor y posible asesino, no fue sentenciado por homicidio sino por falsedad de declaraciones, por lo que la pena es menor a lo que la familia considera justo y puede quedar en libertad en poco tiempo. Actualmente, también, enfrenta un proceso por desaparición, ya que, el cuerpo de ella no ha sido encontrado.
¿En dónde está todo el dinero destinado a las AVGM en México? 830 millones 379 mil 894 millones de pesos se han gastado para la implementación de estas medidas en el periodo 2015-2018, y, como si se tratase de una campaña política, los resultados han sido desfavorables: según cifras del propio OCNF, entre 2012 y 2017, se registraron 12,796 asesinatos de mujeres, entre los cuales, en solo el 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. La violencia contra las mujeres no cesa, aumenta.
Organizaciones como el OCNF alertan de esta situación y plantean que es necesario atender estructuralmente la ruta de impunidad –entre otras acciones– para evitar más violencia contra la mujer, en cualquiera de sus modalidades. Esto se lo expresaron a Olga Cordero Sánchez, la próxima responsable de la política interior del país.
Preocupaciones de cara al gobierno de la reconciliación
Además de los acuerdos a los que se llegó en la reunión con Sánchez Cordero, centrados sobre todo en el buen funcionamiento de las instancias ya creadas para atender la violencia contra la mujer, investigarla y combatirla, existen otras preocupaciones que no tienen una salida única y que ponen se focalizan en políticas públicas federales de consecuencias mayores.
«Tenemos un poco de preocupación por esto de la guardia nacional porque nosotras creemos que los militares no han sido respuesta a la violencia en el país, también son parte de los victimarios que han violado y matado mujeres; nosotras pensamos que la seguridad del país debe estar en manos de una autoridad civil, no militar» expresa preocupada la coordinadora del OCNF.
Sobre el asunto del perdón a los funcionarios corruptos en vías de una reconciliación nacional, Luz Estrada señaló que no existen leyes que permitan sancionar a servidores públicos: «por culpa de un servidor público mataron a una mujer o están implicados en el crimen organizado y no les pasa absolutamente nada; si un perito o un subprocurador, o un fiscal están metidos en las delincuencia y promueve las redes de trata y no se le puede hacer nada, no se les puede sancionar».
¿Cuál va a ser la dinámica para generar justicia en un país como México, herido por la impunidad?
«Nosotras estamos en la total disposición para colaborar, pero siempre y cuando no sea para la simulación. Nosotras no trabajamos para la simulación, lo que hemos hecho es tratar de dibujar todo el panorama y no vamos a legitimar algo que nos afecta, a la ciudadanía y a nosotras como mujeres» concluye la coordinadora del organismo civil a pocos días de que el nuevo gobierno asuma el poder.
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[…] en toda la historia de Tercera Vía, de México y su hostilidad a las mujeres. Es decir, el número de femenicidios, la saña con la que estos suceden, y también las precauciones que tiene que tomar cada mujer que […]