Los candidatos y el maíz: La inseguridad, raíces y soluciones

Por Rodrigo A. Medellín Erdmann*

En el primer debate, ninguno de los cinco candidatos respondió satisfactoriamente a la pregunta sobre la inseguridad que agobia al país. Casi todos enfatizaron medidas de control de la delincuencia organizada: mejorar los sistemas de inteligencia, un fiscal independiente, más y mejores policías, uso más adecuado del ejército  y la marina, etc. López Obrador culpó a la pobreza y prometió crecimiento económico y creación de empleos. Nadie analizó las raíces ni las soluciones de fondo.

Por su parte, el Presidente EPN ya reconoció que “falló estrategia de seguridad”. La pregunta es: ¿de veras falló, o más bien la inseguridad es fruto de sus políticas?

Hipótesis básica

Se propone aquí la hipótesis de que la raíz del auge de la delincuencia organizada, en especial del narcotráfico y su impacto en la inseguridad que padece el país, está primordialmente, aunque no exclusivamente, en la devastación del campo mexicano tradicional habitado por campesinos e indígenas en extrema pobreza. Y que esa devastación es resultado de las políticas agrarias impulsadas a partir de Salinas, y continuadas en las sucesivas administraciones, priistas y panistas. A  partir del narcotráfico toman auge muchos otros tipos de delitos, y se establece una simbiosis con la corrupción, la impunidad.

Las líneas de defensa social

En toda sociedad hay individuos, grupos u organizaciones que tienen conductas inconvenientes y contrarias a las normas de convivencia. Estas conductas inaceptables pueden ser desde inocuas hasta delincuenciales, desde pequeñas infracciones hasta actividades criminales que amenazan la seguridad de la sociedad misma.

Correlativamente, en toda sociedad hay mecanismos de defensa contra esas conductas: desde la ley del hielo con quien se porta mal, hasta una denuncia penal. A nivel macro-social, ante amenazas más graves, hay una serie de líneas de defensa escalonadas que sucesivamente se activan  para ir resistiendo agresiones cada vez más intensas, hasta frenarlas o eliminarlas; estas líneas de defensa pueden ir, desde la detención y prisión para actos criminales, hasta la pena de muerte. La última línea de defensa de un estado ―territorio, pueblo y gobierno― son las fuerzas armadas, destinadas básicamente a repeler una agresión bélica del exterior.

Entre estas líneas de defensa escalonadas a nivel macro, la primera y más inmediata es el tejido social en el sector rural. En las comunidades rurales hay un conocimiento personal, directo de todos sus miembros. Todos conocen a todos, sus peculiaridades, sus modos de ser y de actuar. Y hay mecanismos de reacción inmediata a conductas que el conjunto desaprueba. Tan es así, que al darse este tipo de conductas, rápidamente se genera un conflicto que se debe resolver, so pena de dañar  la convivencia y la solidaridad.

Cuando aparece alguien extraño en la población, al punto se activa un ejercicio colectivo de indagatoria: se preguntan ¿quién es esta persona, de dónde viene, quién la conoce, qué busca, etc.? Y mientras no haya respuestas satisfactorias, se genera un mecanismo de alerta, de vigilancia, de desconfianza. La comunidad se defiende.

Ahora bien, cualquier deterioro del tejido social en el campo debilita esta primera línea de defensa social, y eso es precisamente lo que ha ocurrido gradualmente en México, y lo que explica en gran parte el auge del crimen organizado.

Durante tres décadas (1974-2004) el autor trabajó en el sector rural apoyando a decenas de grupos, comunidades y organizaciones de indígenas y campesinos en las zonas de mayor pobreza del país, en proyectos productivos de beneficio económico. En años recientes ha seguido al tanto de los acontecimientos. Por lo mismo, puede dar testimonio del proceso gradual de deterioro del campo.

El campo maltratado

Por más que el gobierno haga propaganda de la cantidad de programas que lleva a cabo en beneficio del campo, México nunca ha tenido buen cuidado de indígenas y campesinos. Su situación siempre ha sido precaria y de pobreza, que por ser ancestral, se dice, no se  puede erradicar en poco tiempo.

Con todo, un conocimiento cercano de los pequeños productores rurales como el ejido y el minifundio, muestra que en realidad, éstos son actual y potencialmente muy productivos en cuanto a la relación insumos-productos;  sin embargo, y paradójicamente, siempre están en condiciones de pobreza, aun de pobreza extrema. La razón es que la riqueza que efectivamente producen les es extraída sin cesar por las relaciones desfavorables de intercambio que les impone el sistema hegemónico y que a su vez, son causadas por otras desigualdades.

Una imagen visual ayuda a comprender esta situación: la economía de los campesinos se  puede comparar a un barril que ellos trataran de llenar de agua con su trabajo, para tenerlo cerca de la casa. Toda la familia sube cubetas del río el día entero. Pero, al final de la jornada, resulta que el barril está casi vacío. Al revisarlo con cuidado, descubren que el barril tiene agujeros por todos lados, por donde el agua se fuga.

Algunos ejemplos de esos agujeros: 1) insumos, maquinaria y equipo caros, 2) crédito usurario, 3) funcionarios corruptos, 4) precios bajos que ofrecen los acaparadores por sus productos, 5) precios altos por los bienes de consumo que adquieren, 6) salarios bajos por el trabajo de jornaleros, 7) servicios de salud, educación, religión costosos, 8)  deforestación, 9) despojo de tierras y agua por la minería, extracción de hidrocarburos, producción eléctrica solar y eólica, turismo, urbanización.

El agujero más perjudicial para los indígenas y campesinos, por estar casi al fondo del barril, es la falta o escasez de maíz. Cuando eso ocurre, una comunidad tiene que hacer lo que sea, gastar lo que sea, para conseguirlo. Sin maíz se llega al máximo de la pobreza.

Por su parte, los programas públicos supuestamente destinados a combatir la pobreza: PRONASOL, PROGRESA, OPORTUNIDADES, PROSPERA, etc., resultan como mangueras que le echan agua al barril… ¡sin haber tapado los agujeros!

El campo devastado

Hacia finales de los años ochenta, el esquema de desarrollo nacional que se había aplicado durante décadas estaba agotado. Salinas  lo cambió radicalmente, imponiendo al país el llamado neo-liberalismo, que abrió la puerta al saqueo del capital trasnacional.

Salinas consideró que en manos de campesinos e indígenas el campo resultaba muy ineficiente; la prueba más clara eran los barriles siempre vacíos. Así que, en forma discreta para no provocar problemas políticos, había que quitarles los barriles y pasarle los recursos del campo incluyendo la tierra, a quienes pudieran hacerlos verdaderamente productivos, con inversiones cuantiosas, alta tecnología, acceso a los mercados nacional e internacional. La política agrícola se debía basar en la “teoría de las ventajas comparativas” en el comercio internacional,  o seas que cada país produzca aquello en que tenga especiales ventajas, y lo intercambie por lo que otros países producen con mayores ventajas.

Esta política se aplicó al caso del maíz, especialmente en el diseño del TLCAN.  ¿Para qué producir maíz en México si se puede comprar más barato en el extranjero? En cambio hay que cultivar productos como hortalizas, aguacate, café, para competir con más ventaja al exportarlos. Así, se desincentivó el cultivo del maíz, se eliminaron los apoyos a su producción, y se redujo la superficie dedicada a su cultivo. Por la falta o escasez de maíz, las comunidades rurales cayeron en la mayor de las penurias. Fue realmente un proceso de destrucción de los barriles que ya de por sí estaban dañados. De algún modo estas políticas las han seguido todas las administraciones subsiguientes.

La delincuencia irrumpe en el campo

Con la devastación del campo, se debilitó terriblemente esa primera línea de defensa social contra la delincuencia. En la práctica, al desplazar a los campesinos, la tierra no la ocuparon los grandes inversionistas, sino mayormente el narcotráfico. Debilitadas sus defensas, las comunidades campesinas e indígenas no pudieron resistir su irrupción, lo que ha facilitado su auge en las últimas décadas. Del narcotráfico, la delincuencia paso a otros crímenes, como la lucha cruenta entre cárteles por dominar las plazas, los asesinatos, las desapariciones forzadas, los secuestros, extorsiones, derechos de piso, trabajos forzados, sobre todo de jóvenes, abusos a migrantes, trata de personas; robo de automóviles, casas habitación, negocios, feminicidios, tráfico de órganos, chantaje y asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos, ordeña de hidrocarburos, y muchos más.

En la práctica, los delincuentes se apoderaron de lo que debería ser la primera línea de defensa de la sociedad, y en muchos casos obligaron a campesinos a trabajar para ellos y hacerse cómplices; y a quienes se resistieron, la delincuencia los reprimió a sangre y fuego. Convertida  la primera línea de defensa en la primera línea de ataque, se fueron apoderando de las subsiguientes líneas de defensa, municipios, policías y autoridades estatales, etc. a niveles cada vez más altos, hasta que la sociedad entera quedó indefensa y masacrada.

La inversión de las líneas de defensa

El terrible error de Calderón fue equivocar la estrategia. En vez de rehabilitar el campo como la primera línea de defensa, envió a la última línea de defensa social, las fuerzas armadas, a la primera línea de combate, con su guerra al narcotráfico. Las consecuencias han sido devastadoras. Las comunidades rurales ahora se han visto sometidas a un verdadero asedio de fuego cruzado. Por su parte, las fuerzas armadas que constituyen la última línea de defensa, se han visto expuestas a una guerra sin cuartel en la confrontación directa con una delincuencia abundantemente dotada de armamentos y recursos financieros y humanos, y sin ningún escrúpulo.

Con el tiempo la guerra contra el narcotráfico se desparramó hacia casi todas las regiones del país y hacia las ciudades, y a todos los ámbitos sociales, y se multiplicaron las mal llamadas bajas colaterales, es decir, miles de muertes y desapariciones forzadas de ciudadanos inocentes que nada tenían que ver con el conflicto, y que fueron víctima o de la delincuencia, o del fuego cruzado, y aun de las propias fuerzas armadas, cuyo empleo no estuvo exento de ambigüedades  y de complicidad con el crimen.

No por casualidad todas las grandes matanzas han tenido lugar en el sector rural: Chalchihuapan, Acteal. Ayotzinapa, Tanhuato, Apatingan, Tlatlaya, Nochistlán… El campo no sólo es el teatro de las operaciones, es el sitio protagónico de las confrontaciones.

Sin embargo, la convicción de muchos sectores sociales es que no se puede retirar al ejército y la marina del campo, pues sin ellos la inseguridad se incrementaría,  cuando la realidad es que así se ha agudizado el problema, por haber invertido las líneas de defensa.

La triple delincuencia organizada: vasos comunicantes

Con el regreso del PRI la situación se agrava, pues junto al capital trasnacional, que es una delincuencia organizada plutócrata, y al crimen organizado como delincuencia ilegal, surge con fuerza otra modalidad de delincuencia organizada: la institucional. Por la corrupción y la impunidad, todas las instituciones públicas se han transformado es mecanismos de saqueo de la riqueza del país. La evidencia está brotando a borbotones.

Lo más grave del problema es que entre las tres formas de delincuencia ―la plutócrata,  la institucional y la ilegal―, se establecen vasos comunicantes de beneficio mutuo y protección recíproca, como es la entrega legal de los recursos naturales y los gobernadores priistas aliados con los cárteles de la droga. La complicidad ha llegado a tal grado que las comunidades rurales que heroicamente han resistido al narcotráfico y al saqueo de sus recursos naturales, a través de la propia organización, y de las policías comunitarias o las autodefensas, se han visto no sólo agredidas por las trasnacionales y los delincuentes, sino reprimidas por el  poder público, la policía y aun las fuerzas armadas, es decir, por la triple delincuencia organizada. La desaparición de los 43 de Ayotzinapa es el ejemplo más patente. Lo mismo sucede con la minería. Inclusive el gobierno llega a inducir conflictos intra o intercomunitarios, como mecanismo de represión. Tales casos son frecuentes en Chiapas, donde Acteal es un botón de muestra.

Por su parte, los programas sociales del gobierno no reducen la pobreza, pero sí le habían garantizado los votos necesarios de la población más pobre, para conservarse en el poder y seguir saqueando al país impunemente. ¡Hasta ahora!

En este escenario, la inseguridad se ha vuelto cada vez más grave. Nada ni nadie está a salvo, y nada la puede frenar. Se ha desatado una verdadera guerra de exterminio del régimen y las otras dos delincuencias contra todos los sectores de la sociedad que resisten su afán de enriquecimiento. No le interesa al sector público frenar la inseguridad, ni aclarar las desapariciones forzadas, ni buscar a las víctimas; más bien hay que fabricar verdades históricas, como la del basurero de Cocula.

En este contexto, el empeño gubernamental en introducir el maíz transgénico sería el tiro de gracias para indígenas y campesinos, y la consolidación de la triple delincuencia organizada, fuente y origen de la inseguridad. La LSI no hará sino agravar la situación en perjuicio de la sociedad en conjunto.

Sólo el maíz

Todos, incluyendo el próximo gobierno, necesitamos entender que sólo apoyando la resistencia activa de indígenas y campesinos, y la recuperación de su tejido social comunitario ―con la debida autonomía y privilegiando la producción del maíz autóctono― se puede empezar a superar la pobreza y a restaurar la primera línea de defensa social. Sólo así se podrá empezar a restablecer gradualmente la seguridad, reducir la corrupción y la impunidad, y colocar en su sitio las otras líneas de defensa, incluyendo las fuerzas armadas en sus cuarteles. Sólo así podrá el país salir del terrible embrollo en que se encuentra.

Sin maíz se destrozó al país; sólo con maíz lo podremos recuperar.

*Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard.  ramedelline@yahoo.com.mx