«Se trata de la lucha contra el despojo y no de un pleito entre particulares»: violencia en la tierra chichimeca de Guanajuato
Nuevamente la lucha por la defensa del territorio deja personas asesinadas y un rastro de impunidad que difícilmente será investigado. El lugar: el municipio de Victoria en el estado de Guanajuato, un lugar árido, semidesértico y donde las pocas riquezas forestales se cuidan con la vida. Una de estas bondades en riesgo –y que se ha intentado proteger por los habitantes indígenas de esta región– es la biznaga, una cactácea oriunda del centro y norte de México, de la cual se produce el acitrón para dulces típicos.
Amparada bajo la norma NOM-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), su extracción y comercialización podría alcanzar hasta 9 años de prisión en caso de que realmente las instituciones cumplieran sus propias leyes. La realidad es que ha existido un contubernio entre empleados de esta dependencia federal y caciques locales para el tráfico de esta especie: habitantes de esta región aseguran que la asociación SOPRAL recibió permisos oficiales para la comercialización de la cactácea y que entre 2006 y 2015 se destruyeron 22,000 ejemplares.
Ha existido un contubernio entre empleados de SEMARNAT y caciques locales para el tráfico de esta especie
Cada ejemplar crece alrededor de 1 centímetro al año y algunos de los que fueron destruidos tenían hasta 3 metros de altura, es decir, 300 años.
Manuel Loyola, una de las personas que resultaron fallecidas en el altercado que se suscitó el pasado 11 de marzo, alrededor de las seis de la mañana, además de ser señalado como uno de los responsables de dicho ecocidio, era también parte de la asociación señalada. Meses atrás, él mismo había escriturado terrenos en donde se encontraban las biznagas destruidas, ubicados en la comunidad de La Calera, y donde su padre, hermanos y otros familiares vivían; había escriturado ilegalmente cerca de 3,700 hectáreas y les había limitado el paso por el camino real que comunica este lugar con otros sitios del municipio, a través de una puerta con candado.
La parte de la familia Loyola que fue despojada de la tierra comunal resguardada interpuso una demanda penal para echar abajo la escrituración. Un citatorio llegó para solicitar la presencia del responsable de los hechos y basto con esto para desatar la furia; como si la respuesta jurídica de los despojados fuera una afrenta imposible de tolerar.
Según los relatos de algunos testigos, el señor Manuel agredió a golpes y machetazos a uno de sus hermanos, Mauro, quien pudo librarse interponiendo uno de sus brazos y corriendo a refugiarse a su casa; con enojo, su hijo, Camilo Loyola Rangel, sobrino del agresor, convocó a otro de los hermanos Loyola, Benjamín, y acompañados de más personas se dirigieron a calmar al agresor y tratar de desarmarlo.
Manuel Loyola recibió con un disparo fulminante a su sobrino Camilo –quien perdió la vida casi de inmediato– y trató de hacer lo mismo con su hermano Benjamín, quien resultó herido con dos disparos en el brazo izquierdo y machetazos profundos en la parte frontal derecha de la cabeza. La pelea se salió de control y en el intento por desarmarlo, el agresor también disparó contra uno de sus hijos, quien días después perdió la vida.
A partir de la reconstrucción de los hechos realizada la tarde del mismo día de la agresión, los sobrevivientes aseguraron que Manuel Loyola fue detenido por la policía municipal y momentos después sufrió un coma diabético que le hizo perder la vida en el hospital donde fue atendido.
Tras los fallecimientos, los agentes del Ministerio Público tomaron las declaraciones para deslindar responsabilidades y llevar a cabo su investigación, sin embargo, la familia Loyola y las familias que se han organizado para defender la biznaga en esta región temen que personas cercanas al que consideraban cacique, cometan actos de venganza.
Las muertes pudieron evitarse
Don Chava, habitante de Victoria y representante de Guardianes de los Cerros –como han llamado a la organización comunal e indígena chichimeca que vela por el territorio– afirma que las muertes de las tres personas pudieron evitarse «si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo y nos hubieran hecho caso desde el principio».
«Quienes habitan en La Calera denunciaron desde un principio que Manuel les puso una puerta para impedirles el paso en su propia tierra, se le dio parte al síndico municipal, Francisco Salinas Trejo (anterior abogado de SOPRAL), al alcalde, Héctor Teodoro Montes y a la agente del Ministerio Público, Sandra Araceli Rico Martínez y nadie nos hizo caso, nos dieron largas y no resolvieron. Esas muertes pudieron evitarse», sentenció don Chava.
No es la primera vez que la mala actuación de las autoridades provoca muertes, sea por omisión o por comisión, en la historia de la lucha social, varios son los casos de muertes innecesarias.
A través de los acuses de recibido es posible certificar que se hicieron las denuncias posibles ante las instancias municipales necesarias, sin embargo, la respuesta que se recibió del síndico –en palabras de don Chava– fue muy clara: «sí, vamos a resolverlo, gracias por su denuncia».
«Si las autoridades hubieran hecho bien su trabajo y nos hubieran hecho caso desde el principio»
En una reunión realizada el pasado 16 de marzo de 2018, habitantes de Victoria y de La Calera le entregaron al alcalde un documento en donde se vuelve a señalar las responsabilidad de las autoridades al hacer caso omiso de las denuncias interpuestas:
«Consideramos que el hecho de no haber tomado como una medida precautoria el asunto de la puerta de Calera fue desde el inicio una falta de sensibilidad y un acto de irresponsabilidad por parte de los servidores públicos, los cuales están facultados y que su investidura les mandata atender con un buen criterio y voluntad la naturaleza de estos problemas, el hecho de haber llegado al poder a través de un proceso democrático les obliga a hacer cumplir tareas elementales que están señaladas en nuestra constitución y eso fue lo que pedimos desde un inicio».
La lucha por la tierra es también la lucha por la vida
El doctor en geografía por la UNAM, Emiliano Díaz, con amplia experiencia en el análisis y acompañamiento de comunidades que luchan por la defensa de su territorio y de los recursos naturales que en ellos subsisten, afirma que actualmente el capitalismo ya no sólo despoja la tierra como tal sino que disputa, además, la reproducción de la territorialidad de las comunidades, es decir, aquellas relaciones sociales que se producen dentro del territorio en disputa.
En sus investigaciones de maestría y doctorado, Díaz propone este análisis para comprender que en la actualidad, el despojo capitalista ya no se conforma con apropiarse de la tierra sino que ejerce un control sobre la posibilidad de reproducción de la vida a través de las relaciones sociales existentes e impone su propia fórmula, una territorialidad neoliberal.
Se impide, con este modo de despojo, la continuación de relaciones familiares, ya que se ponen por encima, los intereses económicos de empresas o grupos –SOPRAL en este caso– y es el beneficio monetario y de poder lo que permite que personas como Manuel Loyola haya disparado contra su propia familia para mantener la posesión ilegítima e ilegal de la tierra.
En un comunicado de este mismo mes, marzo de 2018, el Congreso Nacional Indígena, da las condolencias a la comunidad chichimeca de La Calera y hace un llamado claro: «les llamamos a seguir adelante en todo momento, construyendo con organización sobre la destrucción y el luto dejados por el capitalismo, que mantiene una guerra en contra de nuestros pueblos.
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Es esto lo que deja el capitalismo y su despojo precisamente: destrucción y luto. Las familias que habitan en La Calera lo saben ahora y se mantienen en constante alerta para denunciar posibles actos de hostigamiento que pudieran ocurrir a raíz del fallecimiento de Manuel Loyola; por ejemplo, la tarde del día 11 de marzo, mientras Mauro Loyola nos explicaba qué había pasado, a las afueras de su casa, al menos una camioneta y un carro compacto pasaban constantemente haciendo arrancones frente a la puerta principal, y como dijo el propio agredido, «son gente de Manuel que está enojada por lo que pasó»; por la noche, afuera de la casa de don Chava, en Victoria, una camioneta negra se detuvo en la esquina de la casa y de ahí realizó al menos siete detonaciones de arma de grueso calibre.
Las exigencias y la lucha continúan
En la misma reunión, posterior a los hechos violentos, las y los habitantes de la región hacen un señalamiento preciso y niegan que se trate de un «conflicto entre particulares», presentaron, además la demanda principal: habilitar el libre transito en una calle obstaculizada de manera arbitraria, la cual ha perjudicado tanto a pobladores de La Calera como a visitantes y constituye la violación a un derecho fundamental.
No sólo se trata de una puerta, se trata de la impunidad con la que actúa una empresa y del despojo de una especie en peligro de extinción; se trata de la obstrucción del libre tránsito al que tienen derecho las personas que ahí habitan y que en el caso de La Calera, además llevan el agravante de ser personas mayores; se trata de la violencia ocasionada por un agente de la asociación y los tres muertos (incluyéndolo) que resultaron; se trata de la defensa del territorio por parte del pueblo indígena chichimeca, el cual ha subsistido durante cientos de años en esta región.
Se trata finalmente de la lucha contra el despojo y contra el desprecio de las autoridades, «que nunca tienen tiempo para atendernos –finaliza don Chava– pero sí para atender a los caciques y luego somos nosotros los que siempres somos llamdos a rendir cuentas, nunca ellos, los que ocasionan todos los males de las comunidades».
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